Nuevos impuestos a bancos, energéticas y a los ricos: qué son, en qué aciertan, errores y riesgos a futuro

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves tres nuevos impuestos para recaudar 10.000 millones de euros durante los próximos dos años, después de que la proposición de ley presentada por las fuerzas que forman el Ejecutivo de coalición (PSOE y Unidas Podemos) lograse el apoyo de la mayoría de la Cámara. Gravarán los beneficios extraordinarios de las eléctricas y la banca, así como el patrimonio de las grandes fortunas.

El presidente Sánchez ha utilizado los tributos para ganar iniciativa política en medio de la crisis inflacionista, con un discurso que apunta directamente a los ricos y a las empresas del Ibex: "Este Gobierno no permitirá que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos". El contexto se lo ha puesto fácil: los principales organismos internacionales avalan estas actuaciones, que numerosos ejecutivos europeos de distinto signo han ido implementando a lo largo de los últimos meses. La ofensiva fiscal de la izquierda llega a un año de las elecciones generales, y contiene aciertos, errores y también algunos riesgos de cara al futuro. Estos son solo algunos de los apuntados por diferentes expertos durante los últimos días.

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El debate sobre la duración

Sobre el papel, los tres impuestos gozan de un carácter temporal de dos años. La recaudación tendrá lugar en 2023 y 2024, aunque se tomará como referencia la cuenta de negocios de las grandes empresas y el patrimonio declarado por las grandes fortunas en el ejercicio anterior. Es decir: en la práctica, gravarán los ingresos y la riqueza de 2022 y 2023. De hecho, el Gobierno los ha definido como impuestos extraordinarios. El argumento esgrimido por Hacienda para justificar los nuevos tributos es que las eléctricas, gasistas y petroleras, por un lado, y la banca, por el otro, están obteniendo unos beneficios fuera de la común con motivo de la crisis inflacionista y las subidas de los tipos de interés, respectivamente, mientras que las grandes fortunas deben arrimar el hombro en un momento tan delicado como el actual.

El espíritu con el que nació la norma se reflejó en el articulado de la proposición de ley presentada en agosto por el Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas Podemos. En el documento se repite 18 veces la palabra temporal, que incluso se incluye como parte de la nomenclatura de los dos impuestos que contemplaba entonces: el "gravamen temporal energético" y el "gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito". Pero quien hace la ley hace la trampa. La enmienda presentada hace unos días por ambas formaciones para incluir en el texto el impuesto sobre las grandes fortunas introduce una cláusula de revisión, de tal forma que el Gobierno podrá decidir si mantiene o no la tasa en función de los resultados obtenidos.

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La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no descarta perpetuarla. "Una vez termine ese periodo, evaluaremos el rendimiento de esa figura fiscal y también el momento que vivamos", ha llegado a decir. Para crear un impuesto nuevo hace falta una ley específica, como la que aprobó este jueves el Congreso, pero para prorrogarlo basta un real decreto. Sirva como ejemplo el tributo de patrimonio, que se estableció en 1977 como "excepcional y transitorio", y todavía sigue entre nosotros. Conscientes de esta baza, los miembros del Gobierno han mantenido la ambigüedad durante las últimas semanas, con algunas excepciones: el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, aseguraba este jueves en una entrevista a El Confidencial que el gravamen a la banca, que prevé recaudar unos 1.500 millones de euros al año, será temporal.

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Así lo recomiendan las voces más autorizadas en este ámbito. La última de ellas ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en un informe publicado este jueves pedía que los tributos tuviesen una duración limitada. La institución presidida por Kristalina Georgieva recordaba que las nuevas figuras impositivas no pueden sustituir a la "necesaria" reforma fiscal. Pero lo cierto es que el Ejecutivo ha dejado en vía muerta este proyecto tantas veces anunciado. A un año de las elecciones, ha preferido dirigir el dedo acusador hacia algunos sectores antes que emprender una reforma de calado como la que pidió el comité de expertos designado para tal fin, y que incluía acabar con los múltiples agujeros de los impuestos sobre la renta y de sociedades, establecer peajes en las carreteras, emprender una transición progresiva hacia una IVA simplificado o desarrollar una fiscalidad ambiental digna de tal nombre. En definitiva: una subida generalizada de impuestos (y no solo a los ricos) para acercarse a la media europea.

Los efectos secundarios

Mientras Gobierno y oposición se acusan mutuamente de "populismo fiscal", el FMI recuerda al Ejecutivo que debe monitorizar los efectos de los nuevos tributos, para que no perjudiquen la salud de la economía española. Se trata de un viejo principio de los economistas: cualquier política pública, por muy bienintencionada que esté, puede acabar resultando perjudicial si sus efectos no deseados son superiores a los beneficios que produce.

Los expertos critican que los impuestos extraordinarios graven los ingresos en lugar de los beneficios de las eléctricas y la banca

Aunque las sucesivas alzas de los tipos de interés deberían, teóricamente, beneficiar a la banca, aplicar una tasa del 4,8% sobre el diferencial entre lo que esta recibe y abona de intereses y comisiones —es decir, respecto a su margen de negocio financiero, siempre que sea superior a 800 millones de euros— puede restringir el crédito, además de aumentar su coste si las compañías se lo trasladan a sus clientes. Ya lo hemos visto con la subvención a los combustibles. Para evitarlo, el Ejecutivo establecerá sanciones en caso de incumplimiento, pero demostrarlo no será fácil. Como el FMI, el Banco Central Europeo (BCE) criticó en un duro dictamen algunos aspectos del diseño del impuesto, al advertir que tendría efectos perjudiciales sobre la solvencia y la rentabilidad de las entidades financieras, en un momento de endurecimiento de la política monetaria que podría disparar las insolvencias.

Sánchez ha preferido atizar al vicepresidente del BCE, el exministro popular Luis de Guindos, antes que tener en cuenta sus consideraciones. Pero la crítica, que también vale para el gravamen a las energéticas, subraya una incongruencia que han denunciado numerosas instituciones: si estos impuestos buscan que las empresas contribuyan más tras haber obtenido unos beneficios extraordinarios, ¿por qué no gravan su cuenta de resultados en vez de su cifra de negocios?

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Hacienda siempre ha defendido que técnicamente sería mucho más difícil, pero lo cierto es que una empresa puede ingresar mucho y ganar poco, por lo que un impuesto de estas características también impactará en el negocio de algunas compañías que no han sacado un provecho especial de esta crisis. Y, por extensión, a sus clientes. Esas son las consecuencias que el FMI pide vigilar muy de cerca, entre las que también estaría el desincentivo a las inversiones.

Los profesores de la Universidad de Zaragoza Julio López Laborda y Vicenta Sala van mucho más allá y, en un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado esta semana, plantean una idea transgresora: ¿por qué no extender este impuesto extraordinario a todos los sectores?

Las fortunas madrileñas pagarán al Estado a partir de los 3,7 millones de euros; las de las Islas Baleares, a partir de los 209,9 millones

Los expertos critican el diseño del tributo y señalan que, si realmente quiere gravar las ganancias fuera de lo común, debe plantearse como parte de una reforma del impuesto de sociedades: "La posibilidad de que se produzcan o no tales beneficios excesivos no está restringida, a priori, a sectores concretos de actividad". Según sus cálculos, un tipo impositivo del 1,6% lograría una recaudación similar a la que prevé el Gobierno y evitaría las distorsiones sobre la asignación eficiente de recursos o el traslado del coste al cliente. Pero no solo: también se trataría de evitar un agravio comparativo que puede acabar en los tribunales.

El encaje legal

Otro de los problemas de los nuevos tributos es su complejo encaje legal. El informe de Fedea advierte de que el gravamen sobre eléctricas y banca "pudiera ser declarado inconstitucional por discriminatorio". Tanto la banca como las energéticas se guardan la baza de llevar la nueva ley a los tribunales, y este es uno de los principales argumentos que tienen a su favor. La inseguridad jurídica que produciría una avalancha de recursos, a la espera de que la Justicia se pronuncie de forma definitiva, no ayudaría a la correcta implantación del impuesto, y tampoco a atraer capital foráneo a estos sectores.

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Pero el encaje legal más complicado es el de la llamada tasa de solidaridad. Esta nueva figura fiscal gravará a los patrimonios de entre tres y cinco millones de euros con un tipo impositivo del 1,7%, que subirá al 2,1% para aquellos entre cinco y 10 millones, y al 3,5% para las bases imponibles superiores a esa cifra. El Gobierno quiere recaudar 1.500 millones de euros al año, pero lo cierto es que el impuesto solo se aplicará en una decena de autonomías. Son las que bonifican el actual gravamen de patrimonio, que está transferido a las regiones, o bien las que aplican un tipo de impositivo inferior al de la nueva tasa (ambos tributos resultan incompatibles por el principio básico de evitar la doble imposición).

Según un informe de los economistas Diego Martínez, Manuel Díaz y Carmen Marín para Fedea, la nueva figura se aplicará en Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, Asturias, Cantabria, Murcia, Islas Baleares, País Vasco y Navarra. Las dos primeras serán las más afectadas por un tributo que, denuncian ambos gobiernos regionales, supone una armonización tributaria por la puerta de atrás. Sus presidentes, del Partido Popular, ya han dicho que lo recurrirán, por considerar que invade la autonomía fiscal. "Es un ataque a Andalucía", reiteró este jueves Juanma Moreno. El partido incluso baraja presentar un recurso al Tribunal Constitucional a través de las Cortes.

Mientras el nacionalismo burgués conseguía suavizar el impuesto a las energéticas, Italia y Reino Unido lo endurecían

El Ejecutivo se arriesga a otro frente judicial por este tributo, que afectará a unos 23.000 contribuyentes, según sus cálculos. La disparidad es enorme: mientras las fortunas madrileñas pagarán al Estado a partir de los 3,7 millones, las de las Islas Baleares lo harán a partir de los 209,9, ya que el resto ya lo abonan a la comunidad autónoma por patrimonio. Los expertos de Fedea apuntan que las comunidades que habían bonificado el impuesto ahora tendrán un incentivo para cobrarlo, ya que así aumentarán sus ingresos en vez de que lo haga el Gobierno central.

La falta de ambición

Estas escaramuzas allanan el terreno para que el impacto recaudatorio del tributo de solidaridad sea inferior al previsto por el Gobierno. Sin embargo, la mayor disparidad entre las promesas y la realidad se da en el de las energéticas, que aplicará un tipo del 1,2% a los ingresos de las compañías que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Una enmienda transaccional acordada por los partidos del Ejecutivo con el PNV y el PDeCAT excluyó del tributo a las actividades que las compañías españolas desarrollen fuera del país, así como a las que tengan un carácter regulado.

Según los cálculos de los analistas de Sabadell y Bankinter, esto supondrá una merma de alrededor de un 50% en la recaudación, que pasaría de unos 4.000 millones de euros durante sus dos años de vigencia a alrededor de 2.000. Las eléctricas y las gasísticas reducirán considerablemente su factura fiscal, mientras que las petroleras, donde el negocio regulado no tiene tanto peso, sufrirán la peor parte. Este viernes, Montero ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser que el Gobierno solo dejará de ingresar 400 millones, es decir, un 10%.

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Durante el debate parlamentario de este jueves, algunos de los partidos que apoyaron la norma, como EH Bildu, reprocharon al Ejecutivo su falta de ambición, al considerar que se queda corta, y pidieron que tuviese un carácter permanente. Si se mira al contexto europeo, a esa parte de la izquierda no le falta razón: mientras el nacionalismo burgués conseguía mitigar el impacto del impuesto en la cuenta de resultados de varias empresas con intereses en el País Vasco y Cataluña, Italia y Reino Unido elevaban sus tasas extraordinarias —estas sí, sobre los beneficios, como establece el reglamento europeo, no sobre los ingresos— del 25 al 35%.

Finalmente, el movimiento de PNV y PDeCAT ni siquiera sirvió para que se sumasen a la mayoría que aprobó el impuesto, sino más bien para aplicar un control de daños. Como la bancada de la derecha, que se opuso; la abstención de catalanes y vascos estuvo justificada por el diseño deficiente de la norma, pese a los citados retoques de última hora, que reducen las posibilidades de que prosperen los recursos de las energéticas. El diputado del PDeCAT Ferran Bel resumió en una frase el peor de los escenarios para el Gobierno: "Cuando los tribunales resuelvan negativamente, que nadie diga que los tribunales trabajan para los ricos".