El BCE advierte del impuesto a la banca: pone en riesgo el crédito y debe pasarse al cliente

El Banco Central Europeo (BCE) se opone al impuesto a la banca anunciado por el Gobierno español. La institución europea ha hecho hoy público un dictamen en respuesta al Congreso de los Diputados en el que cuestiona abiertamente el nuevo tributo que, salvo sorpresa, se aprobará antes de final de año. Con él, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez quiere recaudar 3.000 millones con cargo a las cuentas de 2022 y 2023.

El dictamen del BCE, aprobado por su Consejo de Gobierno, habla de los efectos contraproducentes que puede tener este impuesto sobre la generación de nuevo crédito, sobre la estabilidad financiera y sobre el crecimiento económico del país. También expresa sus dudas sobre que el impuesto no deba trasladarse al coste de los nuevos préstamos.

En este sentido, el supervisor recuerda que "la materialización de riesgos a la baja en el entorno actual puede reducir de manera significativa la capacidad de pago de los deudores. Por lo tanto, el efecto neto de la normalización de la política monetaria sobre la rentabilidad de las entidades de crédito podría ser posiblemente menos positivo, o incluso negativo, en un horizonte temporal prolongado". "Esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos", añade el dictamen. En otras palabras, el impuesto podría "limitar su capacidad de conceder crédito, empujándolas a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes al conceder préstamos y otros servicios".

Propuesta

Por todo ello, el BCE "recomienda que la propuesta legislativa vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, detallando, en particular, el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas, y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de crédito".

Otra de las peticiones de la institución europea es que haya "una clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general".

Otro de los puntos sobre los que el BCE expresa sus dudas es sobre que la banca no pueda trasladar el coste del impuesto a los clientes, algo que, como adelantó este medio, va en contra de la normativa: "Una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades".

"Conviene aclarar que los incrementos de precios aplicables a los clientes debidos a: i) los aumentos de costes distintos del gravamen temporal, tales como gastos de explotación, de financiación y de capital; ii) los aumentos de los costes relacionados con la cobertura de riesgos, y iii) los ajustes de los márgenes comerciales, son todos ellos aumentos legítimos. Por otro lado, el BCE espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales", añade el dictamen, que también se muestra escéptico sobre cómo controlará la CNMC este potencial traslado: "Parece difícil".

El BCE también alerta de posibles efectos contra la competencia, al tratarse de un impuesto solo para unos pocos bancos en España: "La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria".

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Jorge Zuloaga

Este dictamen llega en un momento clave, en el que los diputados del Congreso están empezando a discutir la letra pequeña de la proposición de ley que elaboraron el PSOE y Unidas Podemos. En las próximas semanas se espera que la tramitación entre en una fase de enmiendas que cambie aspectos cruciales de la ley.

La opinión del BCE sigue los mismos patrones de la que envió a Lituania a finales de 2019 con un impuesto similar: "Usar los ingresos de cualquier impuesto ad hoc a los bancos con fines generales presupuestarios sería indeseable en la medida en que tales impuestos impondrían cargas indebidas a las entidades, lo que pondría obstáculos a las provisiones de crédito con un efecto dominó en el crecimiento de la economía real. Los ingresos de tributos a entidades financieras deben estar limitados para evitar su uso con fines generales de consolidación fiscal", expuso entonces el BCE, en un documento firmado por la propia Lagarde el 16 de diciembre de 2019.

Quejas

Entre las principales quejas del sector están la distorsión de la competencia que va a provocar el impuesto, al fijar un listón por debajo del cual algunas entidades están exentas; el no poder trasladar el coste a los créditos, como exige la normativa europea, y la desconfianza que puede generar entre inversores extranjeros.

Los bancos también han defendido en los últimos meses que no están teniendo beneficios extraordinarios, sino que están saliendo de una situación anómala como han sido los tipos de interés en negativo de los últimos años. Además, ven injusto que el tributo se calcule solo sobre los ingresos, obviando que la subida de tipos de interés les genera mayores costes y provisiones.