El BCE ya estudia el impuesto a la banca y enviará su informe en octubre

Empieza la cuenta atrás. El Banco Central Europeo (BCE) ya tiene en sus manos el encargo del Congreso de los Diputados de realizar un análisis del impuesto a la banca que se está tramitando. Se ha recibido en los últimos días, entre el viernes 23 y el lunes 26, y la institución cuenta a partir de ahora con un plazo de un mes para responder.

El encargo llegó a Fráncfort firmado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, vía Banco de España. El supervisor español recogió la misiva la semana pasada y la remitió al BCE. El plazo de un mes es prorrogable por otras cuatro semanas siempre que el Congreso diera el visto bueno.

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J. Zuloaga

La institución europea ha dejado el asunto en manos de su equipo jurídico, que dirige la italiana Chiara Zilioli, con un español como número dos, Roberto Ugena, exabogado de Uría Menéndez y exdirector de los Servicios Jurídicos del Banco de España (2011-2016).

Una vez que este departamento acabe su trabajo, el informe pasará dos filtros. El primero es su debate con un panel de expertos internos y externos. Y el segundo será su aprobación en el consejo de gobierno del BCE, en el que hay dos españoles: el vicepresidente, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Posicionamiento en contra

A la espera de su elaboración, nadie duda de la opinión desfavorable del BCE sobre el impuesto, que se articula a través de una prestación patrimonial. Ya lo hizo en 2019 con un tributo similar de Lituania, sobre el que afirmó que podría cerrar el grifo del crédito y afectar a la estabilidad financiera. Junto a ello, la clave estará en si el supervisor europeo considera que la proposición de ley atenta contra normativas comunitarias.

Hay dos posibles frentes para ello. El primero es por la negativa del Gobierno a que los bancos puedan trasladar los costes del tributo a sus clientes. Los bancos consideran que esto choca con una normativa europea dictada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) que entró en vigor el 30 de junio de 2021, las directrices sobre concesión y seguimiento de préstamos.

Su capítulo número 6 fija que “las entidades tendrán en cuenta, y reflejarán en los precios de sus préstamos, todos los costes pertinentes hasta la siguiente fecha de revisión del precio o vencimiento. Dichos costes incluirán (...) cualquier otro coste real asociado al préstamo en cuestión, incluidas las consideraciones tributarias, cuando proceda”.

El segundo frente conflictivo del diseño del impuesto es por las posibles distorsiones sobre la competencia en el sector. Así, el tributo deja fuera a un 20% del sistema (las entidades que ingresaron menos de 800 millones en 2019) y penaliza a los bancos con más negocio de empresas que hipotecas.

Al margen de estos dos aspectos, lo que más preocupa a los supervisores es que se reste rentabilidad y credibilidad a los bancos en un momento como el actual de potencial recesión. "El capital de los bancos es clave para determinar la duración de una recesión. Si hay escasez, hay riesgo de que se junten la desaceleración y una crisis financiera, con el resultado que vimos hace 10 años", exponen desde el sector.