El Congreso inicia el trámite para que el BCE escrute el impuesto a la banca

Los principales partidos dan los primeros pasos para que el Banco Central Europeo (BCE) haga un informe sobre el futuro impuesto a la banca. La junta de portavoces de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha acordado este martes que se solicite el informe a través del Banco de España. Lo ha hecho a petición de la letrada de la comisión, que lo considera "preceptivo", según fuentes parlamentarias consultadas por este medio.

Tras este paso, la Comisión de Economía dará traslado de este acuerdo a la Mesa del Congreso en los próximos días. Será este órgano el que tenga la última palabra. PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría en la Mesa, por lo que podrían bloquear la solicitud si quisieran, aunque las fuentes consultadas lo ven complicado después de que los propios letrados del Congreso hayan señalado su necesidad y se haya aprobado por parte de la Comisión de Economía.

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Jorge Zuloaga

Según las mismas fuentes, los portavoces del PSOE han dejado claro durante la reunión que la prioridad es que la ley esté aprobada antes de final de año, para que se cumpla lo anunciado por Pedro Sánchez y las entidades paguen la prestación desde este mismo año fiscal. De modo que no se esperará a la respuesta del BCE y el Banco de España si este se demora.

Las normas comunitarias establecen que la consulta se tiene que dirigir a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y puede solicitar un plazo de presentación, nunca inferior a un mes. A su vez, el banco central puede pedir una prórroga de hasta cuatro semanas que el Ejecutivo español no podrá rechazar injustificadamente. "En la práctica, el BCE se esfuerza por presentar sus dictámenes a las autoridades de los Estados miembros dentro de los plazos establecidos por ellas", apuntan desde el supervisor.

Opinión severa

El BCE ya se mostró en contra de un impuesto similar en Lituania en 2019: "Usar los ingresos de cualquier impuesto 'ad hoc' a los bancos con fines generales presupuestarios sería indeseable en la medida en que tales impuestos impondrían cargas indebidas a las entidades, lo que pondría obstáculos a las provisiones de crédito con un efecto dominó en el crecimiento de la economía real. Los ingresos de tributos a entidades financieras deben estar limitados para evitar su uso con fines generales de consolidación fiscal".

En el caso del tributo español, también se espera una postura similar, con algunas diferencias, ya que la proposición de ley grava los márgenes y comisiones en lugar del beneficio; deja fuera a un 20% del sistema financiero —entidades con ingresos de menos de 800 millones en 2019—, y no deja repercutir los costes a los clientes, algo contrario a la normativa bancaria, entre otras.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, abrió la puerta la semana pasada a determinados cambios que hagan el impuesto "más adecuado". Siempre con la condición de que la recaudación prometida, 3.000 millones en dos años, esté "garantizada".

Desde el sector financiero, creen que la opinión del BCE podría ser determinante y suponer que se cambie alguno de los ejes del impuesto, o incluso que se retire.