Calviño afronta un esprint legislativo en plena crisis y antes de las elecciones de 2023

Los despachos del Ministerio de Economía apenas tienen descanso este verano. Trabajan contrarreloj para sacar adelante importantes leyes y reformas normativas que marcarán el futuro de la crisis y la posterior recuperación económica. Estas medidas, como el nuevo marco concursal o el intento de atraer o retener emprendedores, se producen en medio de la crisis que han provocado la inflación y la invasión de Ucrania, y a las puertas del periodo preelectoral de 2023, cuando Pedro Sánchez tratará de renovar su mandato en la Moncloa. La Ley Concursal, la llamada ley Beckham, MiFID II o el proyecto de la autoridad de consumidores financieros son algunos ejemplos.

Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, ha ido ganando peso en la legislatura, hasta el punto de ser un baluarte del Ejecutivo socialista en medio de la presión que hay sobre las políticas económicas por la inflación y, también, por la desaceleración económica que cada vez es más evidente. De hecho, hay riesgo de recesión técnica en la eurozona, mientras el Banco Central Europeo (BCE) ha dejado claro que seguirá subiendo tipos y el mercado vuelve a ver al euríbor cerca del 2% en 2023. No en vano, la inflación alcanzó el 8,9% en la zona euro en julio, con un 10,8% en España, la mayor desde 1984, lo que castiga a familias y empresas y empeora las proyecciones macro. También presiona políticamente al Gobierno ante las elecciones de 2023. Calviño, que en junio reconoció que hay que trabajar con un escenario de mayor inflación y durante más tiempo, trata de difundir el mensaje de que las medidas del Ejecutivo están paliando la inflación (entre dos y tres puntos, según el mensaje de la Moncloa), mientras que insiste en pedir un pacto de rentas a sindicatos y patronal. La última propuesta fue de un pacto a tres años para moderar, en términos reales, salarios y márgenes.

TE PUEDE INTERESAR

El mercado anticipa hipotecas más caras: ve el euríbor rozando el 2% en un año

Óscar Giménez

Después de dos años de restricciones y ahorro embalsado, el verano está registrando números positivos para el turismo, lo que supone un empujón para la economía española, pero puede que puntual. Las dudas surgen con lo que ocurrirá después del verano, en especial cuando miles de empresas afronten esta crisis con deuda heredada del covid y tengan que reestructurar su balance. La buena noticia es que el empleo sigue dando muestras de robustez. La mala, o una de ellas, es que el Gobierno cada vez tiene menos margen fiscal con el giro de la política monetaria.

Para la resiliencia y supervivencia de empresas será clave una de las reformas legislativas de Economía. El Gobierno aprobó en julio la Ley Concursal ‘in extremis’ respecto al plazo para la transposición de una directiva europea que busca acercarse al modelo anglosajón, en el que se da más capacidad de negociación a los acreedores para facilitar las reestructuraciones y, cuando no son posibles, agilizar los concursos y facilitar la venta de activos.

Los expertos anticipan un incremento de los concursos a finales de año y, sobre todo, en 2023, cuando las empresas publiquen sus cuentas de resultados y tengan que aflorar las pérdidas por el covid que no se contabilizaron para los criterios de solvencia. Para las reestructuraciones, el papel de la Agencia Tributaria al abordar los créditos ICO será un tema crucial.

TE PUEDE INTERESAR

El camino para salvar a empresas en crisis: los casos opuestos de Siro y Celsa

Óscar Giménez

Pero la reforma concursal no está completa. Falta por aprobar el reglamento para la disposición transitoria segunda de la ley, que no entrará en vigor hasta 2023 y que es el que se refiere a las pymes y autónomos, al plantear procedimientos especiales para microempresas. Sin embargo, hay un decalaje de seis meses entre el fin de la moratoria concursal, que fue el 30 de junio, y este nuevo mecanismo, que llegaría el 1 de enero de 2023.

Así, Economía trabaja en desarrollar este reglamento, mientras tiene otros frentes abiertos. Ya sacó adelante, de la mano de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la reforma de la Ley de los Mercados de Valores, con la que quiere regular y facilitar las salidas a bolsa en BME Growth o de las SPAC, al tiempo que se eleva su fiscalización, así como dar poder a la CNMV para sancionar respecto a incumplimientos en materia de criptodivisas.

Promesa fiscal

El siguiente paso del ministerio en términos legislativos debería ser la reforma de la llamada ley Beckham, bajo el prisma del Proyecto de Ley de Startups que Calviño anunció en diciembre. Esta medida pretende atraer a emprendedores y nómadas digitales a través de ventajas fiscales. En su momento, España compitió con otros países para atraer talento con una fiscalidad más atractiva que, principalmente, usaron deportistas como Beckham. El último gran nombre propio en acogerse a ello fue Cristiano Ronaldo.

Después, se excluyó a los deportistas de élite y, con el lanzamiento de medidas fiscales más atractivas desde países como Portugal o Italia, España quedó atrás. Ahora, se reducirá el requisito de 10 a cinco años sin haber residido en España para acogerse al régimen, por el que se tributan al 24% los primeros 600.000 euros. La ley Beckham, que según cálculos de la Comisión Europea le cuesta a Hacienda en torno a 500 millones anuales (es una simulación de que tributaran sin estas ventajas, pero sin ellas podrían tributar en otros países), tiene en vilo a directivos del Ibex expatriados, así como a banqueros y profesionales del sector financiero que podrían volver a España. "Se pretende, también, que vuelvan españoles expatriados que salieron entre 2008 y 2015", explica José María Leis, socio de Vialto Partners, aunque advierte de matices técnicos que hay que corregir para que el régimen sea atractivo. Otro punto polémico, añade, está en los planes plurianuales de los extranjeros que cobran ya en España un bonus en acciones generado previamente, ya que Hacienda exige la tributación por todo el plan.

TE PUEDE INTERESAR

Los directivos expatriados del Ibex aguardan la futura ley Beckham para volver a España

Óscar Giménez

En junio, Calviño dijo en las jornadas de la APIE patrocinadas por BBVA en Santander que el Gobierno ha avanzado trabajo de desarrollo normativo y de negociación con grupos parlamentarios para sacar adelante esta ley, que cogerá velocidad en septiembre. De esta forma, Economía acelera después de haber tenido durante meses en el limbo estos cambios legislativos.

Autoridad de Consumidores Financieros... ¿por fin?

Aunque mucho más exagerado es el eterno proyecto de tener una Autoridad de Consumidores Financieros que englobe competencias que ahora están distribuidas entre la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Se trata de una medida anunciada en el pasado por otros gobiernos y que abrazó Economía desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. El objetivo es elevar la protección de los consumidores de productos financieros, facilitando y agilizando las reclamaciones en materia de compra o inversión de fondos, depósitos, seguros, valores, etc. En principio, se nutriría de personal que ya trabaja en los supervisores, pero es un tema que está por definir. También su sede, ya que Sánchez dijo en noviembre que las nuevas instituciones públicas se ubicarían fuera de Madrid, pero fuentes de Economía admiten que en este caso podría tener justificación estar en la capital.

TE PUEDE INTERESAR

Calviño opta por un perfil técnico para presidir el INE que acalle los rumores de injerencia

J. Jorrín

El ministerio que dirige Nadia Calviño quiere dar un empujón a este proyecto para presentarlo en otoño, pero necesitará atar bien sus competencias y recursos para convencer a otros grupos parlamentarios y evitar tensión con los supervisores. En un primer momento, hay dudas de que la tasa de 250 euros para las entidades por reclamación presentada y admitida sea suficiente para costear la autoridad. Desde la banca, además, hay escepticismo sobre que pueda ver la luz en esta legislatura, teniendo en cuenta que en 2023 se espera una vorágine política que retrase o paralice los cambios legislativos.

Economía también trabaja codo con codo con Hacienda en el desarrollo del impuesto a los bancos y eléctricas, un tributo extraordinario para 2023 y 2024 con el que el Gobierno quiere captar 7.000 millones. La propia Calviño se reunió con los principales ejecutivos bancarios para defender la puesta en marcha de este impuesto, pidiéndoles que "arrimen el hombro".

Trabajo con inversores

El Tesoro ha estado en contacto con los grandes bancos para suavizar el terreno previo al nuevo impuesto, que gravará los ingresos por comisiones y los márgenes de intereses. El propio organismo liderado por Carlos Cuerpo también ha trabajado en el desarrollo de normativas como la futura Autoridad de Consumidores Financieros.

No obstante, el Tesoro tiene como principal meta minimizar el impacto de las subidas de tipos en los costes de financiación del Estado, con la deuda pública en niveles récord, en 1,475 billones (millones de millones), el 116,8% del PIB. El coste de la deuda alcanzó mínimos en marzo con un 1,545% de media, cuando el bono español a 10 años cotizaba en el mercado secundario en el 1,4%, y ya había escalado desde el 0,5% con el que inició 2022.

TE PUEDE INTERESAR

El Tesoro coloca 5.334 M y ya paga por las letras a 6 meses por primera vez desde 2015

EP

Durante los siguientes meses ha subido el coste de financiación, y en julio alcanzó el 1,605%. El bono español se comercia en el 2,4%, con lo que se espera que siga incrementándose. El Tesoro, tanto con Cuerpo como con sus predecesores, ha aprovechado la era de tipos cercanos al 0% o negativos para alargar la vida media de la deuda, que ha pasado desde estar por debajo de los siete años antes de 2017 hasta superar los ocho años. Sin embargo, ya no hay alargamiento de esta vida media en los últimos meses, reculando desde los 8,15 años de abril hasta los ocho años justos de julio.

Por otro lado, el Tesoro se enfrenta a un cambio relevante en el 'mix' de inversores. El principal comprador desde que empezó la pandemia ha sido el BCE, que aún en julio, tras el fin de las compras netas, desplegó 4.000 millones en deuda pública y corporativa española para contener las primas de riesgo. Pero se espera que se reduzcan las compras desde Fráncfort, y el Tesoro debe seducir a los bancos, con los que hay tensión por el nuevo impuesto, y a inversores internacionales como fondos de inversión, de pensiones o soberanos, cuyo peso en la tenencia de deuda emitida ha bajado del 42% por primera vez en dos décadas. En este sentido, el Tesoro ha intensificado las reuniones con inversores y, de forma paralela, prepara nuevas emisiones de bonos verdes para posicionarse en este nicho.