El mercado espera un incremento de reestructuraciones en otoño y una oleada mucho más intensa en 2023. El marco de la nueva Ley Concursal, que el Senado acaba de enviar de vuelta al Congreso, facilitará los procesos de negociación de deuda al dar más poder a los acreedores. Los asesores ya se preparan para un cambio radical de las reglas del juego y los fondos anticipan una oleada de compras de empresas en crisis a través de su deuda.
El Congreso aprobó la nueva Ley Concursal el 30 de junio, mismo día que expiró la moratoria concursal. Aunque se espera un repunte de concursos este verano, el consenso apunta a que será en otoño cuando se note el incremento y despegará el año que viene. La razón es que puede haber acreedores que quieran impulsar negociaciones tras el verano, en el nuevo marco concursal, y muchos administradores de empresas se verán obligados a iniciar situaciones de preconcurso en 2023 en cuanto tengan que realizar las cuentas de este ejercicio y afloren las pérdidas extraordinarias por el covid, que estos años no había que contabilizar para la solvencia de la empresa.
En esencia, la Ley Concursal considerará a las empresas un conjunto de actores con intereses. Ya no estarán, por un lado, los accionistas y, por otro, el resto, sino que en una empresa con pasivo, los acreedores ganan en importancia a la hora de decidir el futuro de la compañía. Como justifica un jurista, es difícil considerar que un accionista es más dueño de una empresa que vale 100 cuando tiene el 20% de la misma que un acreedor con 40 millones de deuda de la misma compañía.
Sin embargo, hasta ahora las negociaciones de reestructuraciones, previas al concurso, no eran fáciles. Los administradores, que a menudo son también accionistas, bloqueaban operaciones de reestructuración que conllevaban que se diluyeran con la amenaza de ir a concurso y que perdieran todos. Los acreedores debían sentarse a negociar. Y el resultado de refinanciaciones y quitas es que a menudo se pone menos de lo necesario y el problema se enquista, sin asegurar la viabilidad financiera de la compañía.
La Ley Concursal es una transposición de una directiva europea que sigue el modelo anglosajón. Apenas ha habido grandes reestructuraciones desde el estallido de la pandemia porque la economía ha estado dopada con tipos bajos, créditos ICO, ERTE, moratorias y carencias. Pero entre las negociaciones de reestructuración que hay, los expertos citan dos casos paradigmáticos y opuestos para explicar el cambio de paradigma, los de Siro y de Celsa.
En el caso de Ceralto Siro Food, el accionista mayoritario, Juan Manuel González, los bancos acreedores y los fondos Afendis y Davidson acordaron recapitalizar la empresa con la entrada de estos vehículos en el capital. “Vamos a ver decenas de operaciones como esta en los próximos años”, vaticina un abogado experto en reestructuraciones.
El pronóstico es que será habitual que los fondos entren en el capital de una empresa, diluyéndose los dueños. Ya sea fondos que estaban entre los acreedores o que compran deuda de otros acreedores con vistas a entrar en el capital. Se trata de una nueva forma de hacer M&A.
El otro ejemplo que citan, opuesto, es el de Celsa, donde la familia Rubiralta se aferra a mantener el control de la compañía. “En el nuevo marco concursal, los acreedores van a poder arrastrar al resto del pasivo y a los dueños con un plan de reestructuración homologado por la clase de acreedores y validado por el juez. Va a ser difícil que en una empresa apalancada y en riesgo futuro de insolvencia los accionistas se resistan a diluirse”, añade otro abogado.
Hay varios cambios con la Ley Concursal, pero los más importantes para las grandes empresas se centran en dos ámbitos: facilitar las reestructuraciones al dar más poder de negociación a los acreedores y agilizar e impulsar la venta de unidades productivas cuando una empresa ha llegado a la situación de concurso.
Lo que se busca, así, es proteger la actividad de la empresa de un modo u otro, frente al derecho de los accionistas a mantener el control de la compañía. Cuando una empresa esté en situación de preconcurso, se formarán clases de acreedores, según el derecho a cobrar de los acreedores, y se nombrará un experto para valorar la empresa en caso de disolución y lo que correspondería a cada acreedor.
Se trata de crear un ambiente propicio para la negociación, en que los accionistas o determinados acreedores ya no puedan bloquear una reestructuración. Al contrario, una clase podría aprobar un plan de reestructuración que afecte al homologarse al resto de acreedores y a los socios de la compañía. Para ello, no debería empeorar la posición de ningún acreedor respecto a una hipotética disolución, según la valoración de la empresa, y debe validarse por el juez de lo mercantil que lleva el proceso.
A partir de ahí, podría haber una impugnación ante el mismo juez o ante la Audiencia Provincial. Pero la previsión es que haya negociaciones y sea habitual que se recapitalicen empresas con quitas a cambio de que los acreedores entren en el capital, diluyendo a los accionistas, especialmente fondos de deuda. Porque también se espera que en este nuevo contexto los bancos tiendan a vender la deuda de empresas con problemas, pero con un descuento menor que cuando lo hacen ahora.
La otra gran vía para tratar de mantener parcial o totalmente las actividades de las empresas, y con ello el empleo, son las ventas de unidades productivas en el marco de un concurso. Habrá un experto encargado de buscar ofertas y llevar el proceso. La idea de la norma es que este experto, al que designaría el juez, sea después administrador concursal.
El mercado espera un incremento de reestructuraciones en otoño y una oleada mucho más intensa en 2023. El marco de la nueva Ley Concursal, que el Senado acaba de enviar de vuelta al Congreso, facilitará los procesos de negociación de deuda al dar más poder a los acreedores. Los asesores ya se preparan para un cambio radical de las reglas del juego y los fondos anticipan una oleada de compras de empresas en crisis a través de su deuda.
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