Riesgo de atasco en la reestructuración de empresas con los créditos ICO

La gravedad de la crisis dependerá, en gran medida, de la supervivencia de empresas viables que tengan que afrontar procesos de reestructuración de su deuda tras dos años de pandemia y, en 2022, el repunte histórico de la inflación. Sin embargo, los asesores temen que el papel de la Agencia Tributaria ante los créditos con aval del ICO sea un obstáculo que acabe entorpeciendo el plan de salvamento de la empresa.

Ya en julio, tras el fin de la moratoria concursal, los concursos se incrementaron en un 22% interanual. Los expertos creen que habrá un aumento considerable en otoño y, especialmente, el año que viene, después de que las empresas tengan que elaborar sus cuentas anuales y aflorar pérdidas relacionadas con el covid que no tuvieron que contabilizar en 2020 y 2021, lo que podría provocar situaciones de insolvencia.

La nueva ley concursal, aprobada en julio 'in extremis', cuando terminaba el plazo para transponer la directiva europea en la que se basa, persigue facilitar reestructuraciones de empresas en crisis para evitar llegar al concurso. Y si se termina en esta situación, que el proceso sea más ágil para salvar activos y, por lo tanto, actividades empresariales viables y los empleos asociados.

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Para ello, se da más poder de negociación a los acreedores. En esencia, la ley concursal considerará las empresas un conjunto de actores con intereses. Ya no estarán, por un lado, los accionistas y, por otro, el resto, sino que en una empresa con pasivo, los acreedores ganan en importancia a la hora de decidir el futuro de la compañía. Como justifica un jurista, es difícil considerar que un accionista es más dueño de una empresa que vale 100 cuando tiene el 20% de la misma que un acreedor con 40 millones de deuda de la misma compañía.

Sin embargo, hasta ahora las negociaciones de reestructuraciones, previas al concurso, no eran fáciles. Los administradores, que a menudo son también accionistas, bloqueaban operaciones de reestructuración que conllevaban que se diluyeran con la amenaza de ir a concurso y que perdieran todos. Los acreedores debían sentarse a negociar. Y el resultado de refinanciaciones y quitas es que a menudo se pone menos de lo necesario y el problema se enquista, sin asegurar la viabilidad financiera de la compañía.

Desde la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio, una clase de acreedores puede imponer un plan de reestructuración al resto de acreedores y a los administradores. Por ejemplo, si una empresa tiene una deuda de 100 millones con bonistas, estos pueden aprobar un plan que incluya una quita de 50 millones a cambio de hacerse con el 40% del capital, diluyendo a los accionistas sin que estos puedan negarse, aunque tienen la opción de recurrir.

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El camino es claro. Facilitar las reestructuraciones siguiendo el modelo anglosajón. Pero la mayoría de empresas que afloren problemas en los próximos meses solicitaron en 2020 o en 2021 créditos con aval público, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). “En el equipo, tenemos dos operaciones de reestructuración de deuda relativamente importantes que podrían haberse cerrado en julio y que se nos han ido a septiembre, dado que las entidades no quieren novar sus créditos garantizados con aval del ICO sin contar con su consentimiento expreso”, ejemplifican Ignacio Buil y Patricia Álvarez, socios de Cuatrecasas.

Los expertos aluden a que “los bancos no quieren arriesgarse a cambios de criterio o posibles criterios interpretativos de las normas por la Administración que puedan motivar la pérdida del aval, y parece que la política que seguirán será contar con el consentimiento previo del ICO (expresado a través de la AEAT)”. Esto, prosiguen Buil y Álvarez, “retrasará posiblemente las operaciones que cuenten con deuda avalada por el ICO entre la deuda a reestructurar y será algo que los asesores tendremos que tener en cuenta a la hora de estructurar este tipo de operaciones”.

Así, los socios de Cuatrecasas creen que, ante la necesidad del consentimiento expreso del Estado para que los bancos voten aplazamientos, fraccionamientos y quitas de deuda, el escenario normal “debería ser que la AEAT consienta las reestructuraciones de deuda que hayan sido informadas favorablemente por los comités de riesgos de las entidades involucradas. Lo contrario supondría paralizar operaciones de salvamento de muchas empresas, más aún teniendo en cuenta que el crédito ICO no es fácilmente cedible a terceros dadas las condiciones de elegibilidad que deben cumplir los cesionarios para no perder la garantía estatal”.

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El problema es que “la Administración no está suficientemente equipada para tomar todas las decisiones de reestructuración que van a ser necesarias. Por eso delega esa toma de decisiones en los bancos, bajo su responsabilidad. Los bancos pueden perder el aval en caso de que luego la Administración censure la gestión realizada por el banco en una reestructuración pasada, e interprete que las decisiones adoptadas perjudicaron el aval. Ese riesgo futuro puede inhibir a su vez a los bancos en el presente, paralizando cualquier toma de decisiones de reestructuración”, advierte Adrián Thery, socio de Garrigues.

Thery apunta a que si los avales ICO son un obstáculo, podría haber alternativas para salvar empresas a través de la venta libre de deuda ('pre-pack'). “Los planes de reestructuración pueden ser una herramienta eficiente, pero los 'pre-packs' también lo son, especialmente para pequeñas y medianas empresas, que de hecho serán precisamente las que más peso de ICO tengan en su pasivo. Y, a diferencia de los planes de reestructuración, en los 'pre-packs' los bancos no tienen ninguna decisión de reestructuración que tomar ni cabe, por tanto, la posibilidad de que perjudiquen el aval del ICO”, matiza.

Peso del ICO

Estas situaciones van a ser clave para la forma en que se rescatan empresas en crisis a través de reestructuraciones, dado que el panorama es de “desmesura del peso del crédito ICO en el pasivo de las empresas”, recuerda Guillermo Muñoz-Alonso, socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. No en vano, los créditos con aval del ICO superan los 140.000 millones de euros, tras financiar a 750.000 empresas y autónomos.

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Sobre el riesgo de atasco en las reestructuraciones con ICO, cree que “no hay muchas razones para el optimismo. La norma está impregnada de un aroma de máximo rigor en la protección del crédito ICO por los poderes públicos, y, por tanto, de desconfianza en la gestión que pudieran hacer las entidades financieras, que quedan atadas de pies y manos si quieren mantener el aval”. En muchos casos, agrega Muñoz-Alonso, “los bancos se verán presionados para renunciar al aval público para no retrasar la reestructuración y permitir que la empresa salga del atolladero”.

Jimena Urretavizcaya, socia de Allen & Overy, también opina que un atasco en las reestructuraciones, o un retraso sustancial en las operaciones, “parece el escenario más probable”. Las restricciones para los créditos ICO y la necesidad de aprobación de la AEAT irán en contra de la rapidez, “requisito clave para el éxito de cualquier proceso de reestructuración y mantener así la viabilidad de la empresa”. Eso sí, en su caso, aunque cree que puede haber algunas renuncias al aval por parte de los bancos, no espera que sea una solución generalizada.