El Gobierno facilitará que se culpe a los gestores de las empresas que van a concurso

La nueva Ley Concursal llega con muchas dudas sobre el fin de la moratoria concursal, que se producirá este jueves si no hay prórroga ‘in extremis’. El Gobierno ha dejado para última hora la tramitación de una norma clave para el futuro de las reestructuraciones y de los concursos en la era poscovid, tras el aumento del endeudamiento privado en este periodo de pandemia. El proyecto apunta a que sea más fácil calificar de culpabilidad a los administradores de las empresas que llegan a concurso.

Entre los cambios introducidos con la aprobación de algunas de las 607 enmiendas que había al texto, principalmente del bloque de izquierdas que apoya al Ejecutivo de Pedro Sánchez, destaca el endurecimiento de la sección de calificación. Esto quiere decir que será más fácil considerar que ha habido culpabilidad por parte de los administradores de una empresa que entra en proceso concursal.

"Hasta ahora, cuando se producía la aprobación del plan de liquidación, había 10 días para manifestar hechos o indicios que fundamentaran la culpabilidad. Si el dictamen de la administración concursal y el informe fiscal coincidían en que era fortuito, se declaraba el archivo de la sección de calificación. Con el texto de la nueva ley, aun cuando se emita el informe como fortuito por parte de la administración concursal, cabe que los acreedores aleguen hechos relevantes para revertir la calificación de fortuita a culpable, y la administración concursal tendrá más tiempo para modificar su calificación", resumen Nacho Fernández y Guillermo Muñoz-Alonso, socios de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. "Habrá más flexibilización para poder calificar el concurso y se facilitan elementos para que se considere que hay culpabilidad", agregan.

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Cuando una empresa vaya a concurso, el administrador concursal tendrá 15 días tras la presentación del inventario y de la lista de acreedores para presentar un informe “razonado y documentado” sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, que puede ser fortuito o de culpabilidad. Puede haber en el informe alegaciones de acreedores.

Dicho informe, si es de culpabilidad, tendrá la estructura de una demanda. A través de las enmiendas, se ha incluido que el mismo día de la presentación del informe el administrador remita la calificación del concurso por 'e-mail' a quienes hayan hecho alegaciones. Posteriormente, si la administración concursal “tuviera conocimiento de algún hecho relevante para la calificación, podrá presentar una ampliación de su informe”, señala el informe de la ponencia de la Comisión de Justicia, que irá este jueves al pleno del Congreso.

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Asimismo, tras la presentación del informe, “los acreedores que hubieran formulado alegaciones para la calificación del concurso como culpable podrán presentar también un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes” para ello, con propuesta de resolución del concurso como culpable, siempre que cuenten con, al menos, el 5% del pasivo o tengan créditos por más de un millón de euros.

Plazos ajustados

La idea del Ejecutivo es que el pleno del Congreso pueda aprobar este jueves el texto que ha salido de la Comisión de Justicia, día en que acaba la moratoria concursal. La semana pasada, en unas jornadas celebradas por APIE, UIMP y BBVA, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, señaló que Moncloa espera “tener una buena articulación con el fin de la moratoria”, pero inevitablemente no será así.

Varias patronales han pedido que haya otra prórroga de la moratoria. La meta del Gobierno siempre fue acompasar el fin de este periodo excepcional, que quería evitar una quiebra masiva de empresas por pérdidas puntuales relacionadas con el covid, con la nueva ley concursal que transpone una directiva europea y cambia radicalmente las reglas del juego, ampliando el poder de los acreedores para imponer planes de reestructuración y evitando que haya bloqueos por alguna parte de los acreedores (por ejemplo, bonistas contra bancos) o de los administradores, siguiendo el modelo anglosajón.

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"Con esta reforma, se produce un cambio de paradigma en nuestra legislación concursal que va a tener un gran impacto en la forma en que las reestructuraciones se van a realizar a partir de ahora en España", arguye Ignacio Buil, socio de Cuatrecasas. "Aventuramos que las clases de acreedores serán uno de los temas más relevantes en la nueva ley, no solo en lo que respecta a la formación de cada una de las clases, sino sobre todo en lo relativo a la manera en que estas se relacionan y arrastran entre sí. A partir de la entrada en vigor de la reforma, debemos dejar de pensar desde la perspectiva del acreedor individual, pues bajo el plan de reestructuración las clases serán centrales", apostilla el experto.

Pese a su importancia, el Gobierno ha esperado al último momento para negociar con los grupos parlamentarios su aprobación, usando como argumento que hay urgencias, dado que Europa obliga a transponer la norma en julio y es una de las modificaciones legislativas que condicionan la llegada de más fondos europeos Next Generation. Los grupos parlamentarios se quejaron de ello.

Ahora, aunque se apruebe este jueves, tendrá que ir al Senado, con la duda de si se habilitará julio o habrá que esperar a septiembre. Después, cuando el texto se incluya en el BOE, el nuevo marco concursal entrará en vigor 20 días después. No obstante, el libro III del texto refundido, que afecta a las micropymes, entrará en vigor en 2023.