El Gobierno negocia 'in extremis' en el Congreso desbloquear la Ley Concursal

La nueva Ley Concursal es uno de los marcos normativos clave para los próximos años, al fijar las reglas para las reestructuraciones y las quiebras de las empresas después del incremento de la deuda con el covid. Pero a pesar de su importancia, el Gobierno ha esperado al último momento para cursar el trámite parlamentario y tratar de sacarla adelante en plazo.

Este proyecto de ley parte de una directiva europea, y el plazo para la transposición expira el 17 de julio. Aunque España tiene experiencia en transponer medidas comunitarias tarde, como pasó con MiFID II, por ejemplo, en este caso es una de las normas a las que se condiciona la llegada de nuevos fondos Next Generation, hay riesgo de multa y es una pieza decisiva para la futura relación entre empresas en problemas y acreedores.

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Además, sigue vigente hasta el 30 de junio la moratoria concursal. En todo momento, el Ejecutivo tuvo intención de aprobar la nueva Ley Concursal antes del fin de la moratoria, pero a falta de dos semanas parece difícil que pueda coincidir. En los despachos de abogados y entre los acreedores de empresas en crisis de solvencia se especula con una prórroga reducida hasta septiembre.

Lo que sí está claro es que el Gobierno está esforzándose en que vaya al pleno de Congreso a finales de junio. Para ello, quiere que se apruebe el texto en la Comisión de Justicia esta semana. En el mejor de los casos, si se habilita julio para ello, el Senado devolvería el texto al Congreso el mes que viene, y si no habría que esperar a septiembre.

"Varios partidos quieren imponer algunas de las enmiendas planteadas a cambio de su apoyo. Formaciones como el PNV o el PDeCAT"

Pero para estos pasos, el Grupo Parlamentario Socialista negocia estos días contrarreloj con los distintos grupos. Varios quieren imponer algunas de las enmiendas planteadas a cambio de su apoyo. Entre ellos, según fuentes jurídicas, el PNV o el PDeCAT. En los últimos días, ha mantenido reuniones bilaterales para tratar de desbloquear la situación.

El periodo de enmiendas acabó el 17 de marzo con un total de 607 propuestas de mejora. Algunas son técnicas; otras, peticiones que parece que se van a descartar, y muchas son proposiciones que llegan desde asociaciones con intereses contrapuestos. Desde acreedores a administradores concursales.

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Varias de las enmiendas proceden del 'lobby' de los administradores concursales, como tratar de eliminar el tope de 20 concursos por administrador que establece el texto, algo que solicitan Esquerra, Junts o PNV. Así, la asociación de administradores concursales Aspac ha sido una de las más activas para tratar de calar en los grupos parlamentarios y proponer enmiendas.

Entre otras, además de eliminar el citado límite, que los concursos sin masa no exoneren la responsabilidad del deudor, que se suprima el examen de acceso para los administradores si se acredita experiencia y formación o que el experto en reestructuraciones debe ser un administrador concursal.

En este sentido, una de las novedades del proyecto de ley es que se facilitarán las reestructuraciones, ya que los acreedores podrán imponer planes y afectar al resto, incluyendo a los socios, con las mayorías adecuadas y la validación de un juez. Para ello, se debe designar un experto independiente que cuantifique el valor de la empresa en caso de liquidación para que nadie reciba menos que esa hipótesis extrema. Muchos profesionales relacionados con los concursos y las reestructuraciones se están posicionando para ser, potencialmente, expertos en el nuevo contexto.

"Se facilitarán las reestructuraciones, ya que los acreedores podrán imponer planes y afectar al resto, incluyendo a los socios"

Sobre los planes de reestructuración, otro de los puntos clave será si se afecta al crédito con aval público a través del ICO. Hay enmiendas que apuestan por eliminar la exclusión de los créditos públicos en la suspensión de ejecuciones, y otras para que se afecte a estos préstamos en los planes de reestructuración. El texto del Gobierno abre la puerta a que haya cambios en los plazos, pero no quitas.

El nuevo marco establece un mecanismo de alerta temprana a través de algoritmos a partir de las cuentas que presentan las empresas, algo que será especialmente útil para las pymes, explica Guillermo Prada, socio director de PradaGayoso. En una presentación, el despacho resume los cambios en función del tamaño y la distancia a la iliquidez.

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En el caso de las microempresas —con menos de 10 trabajadores y menos de dos millones de euros de facturación—, se establece un procedimiento especial de continuación del negocio y otro de liquidación, con las opciones de venta de la empresa, venta de una unidad productiva y venta de activos.

Para las pymes con menos de 50 trabajadores y 10 millones de facturación, existe la opción de un plan de reestructuración de los acreedores, pero sin arrastre a los socios. Si la iliquidez es inminente (menos de 90 días) y no hay reestructuración posible, entonces queda el concurso de acreedores.

Mientras que para las empresas medianas y grandes, donde más se va a notar el cambio, existirán planes de reestructuración con la posibilidad de arrastrar a los socios. Es decir, si los bonistas aprueban un plan de reestructuración con más financiación y quita, a cambio de tomar capital y diluir a los accionistas, los dueños de la empresa o los administradores no podrían negarse si el plan es validado por un juez. El concurso de acreedores sigue existiendo como última opción, además de facilitarse la venta de unidades productivas, algo que ya está ocurriendo en algunos casos previo acuerdo de jueces de lo mercantil en Barcelona o Madrid.