Hacienda diseñará un sistema de 'alerta temprana' para detectar empresas en apuros
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La información será confidencial

Hacienda diseñará un sistema de 'alerta temprana' para detectar empresas en apuros

La nueva ley concursal, cuyo anteproyecto adelanta El Confidencial, encarga a Hacienda y a Seguridad Social la elaboración de una herramienta que advierta a las compañías del riesgo de insolvencia

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María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE)

Los ministerios de Hacienda y de la Seguridad Social serán los encargados de elaborar un sistema de 'alerta temprana' que advierta a las empresas de que se encuentran en peligro de insolvencia, y así empujarlas a actuar para hacerle frente. Así lo prevé el anteproyecto de la nueva Ley Concursal, a cuyo contenido ha tenido acceso El Confidencial, y que se espera que sea aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas. El plazo para el desarrollo de este instrumento será de un año desde la entrada en vigor de la nueva norma y su objetivo es detectar la "probabilidad de insolvencia" de las compañías en apuros. Dicha información, no obstante, será confidencial. Es decir, "solo se facilitará al propio contribuyente", sin que en ningún caso pueda entregarse a terceros, tal y como señala la disposición final novena del texto.

El sistema de alerta temprana es uno de los mandatos que incluye la Directiva 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva (la conocida como directiva sobre reestructuración e insolvencia), que debía haber sido traspuesta antes del 17 de julio, pero para la que España ha solicitado acogerse a la prórroga de un año. El artículo 3 de la norma europea asevera que los Estados deben velar por que los deudores "tengan acceso a una o más herramientas de alerta temprana claras y transparentes que permitan detectar circunstancias que puedan provocar una insolvencia inminente y que puedan advertirle de la necesidad de actuar sin demora".

Foto: Una mujer pasa frente a una tienda cerrada, en mayo de 2020. (Reuters)

La directiva no concreta el modelo y tipo de información que debe contener el sistema, pero sí señala que podrá incluir mecanismos de advertencia cuando el deudor deje de efectuar determinados pagos (como los abonos a Hacienda o la Seguridad Social); servicios de asesoramiento prestados por organismos públicos o privados, o incentivos para que quien tenga información sobre la compañía en apuros (contables, administraciones tributarias, etc.) advierta sobre cualquier evolución negativa. En el caso de España, según indica el anteproyecto de ley concursal, el instrumento se implementará con la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, se suscribirán acuerdos con las haciendas forales y con el Gobierno de Canarias para que la AEAT pueda acceder a los datos necesarios para el sistema de alerta temprana.

El sistema contará con la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social

"El aspecto clave de la propuesta es que tales indicadores permitan emitir una advertencia a la empresa antes de que los problemas financieros se manifiesten de forma clara, puesto que llegado ese momento la advertencia sería superflua", explica la exposición de motivos del anteproyecto de ley. O, dicho de otro modo, el objetivo no es tanto elaborar una radiografía categórica sobre la situación de la empresa, sino lanzar una advertencia que empuje la reacción del empresario o la compañía para que adopten las medidas necesarias para enderezar el rumbo.

El 90% acaba en liquidación

Precisamente, adelantar el momento en que las empresas deciden actuar una vez afloran las dificultades es uno de los grandes objetivos de la nueva normativa concursal, tanto a nivel nacional como europeo. De hecho, el retraso en la asunción de los problemas —la resistencia psicológica del empresario es frecuente, según coinciden todos los expertos en insolvencias— y en la toma de decisiones es la principal razón que explica que nueve de cada 10 concursos de acreedores en España terminen con la liquidación de la compañía. La directiva europea pretende invertir esta tendencia. "Cuanto antes pueda detectar un deudor sus dificultades financieras y tomar las medidas oportunas, mayor será la probabilidad de evitar una insolvencia inminente", asevera el considerando 22.

Foto: Imagen de un comercio en liquidación en Granada. (EFE)

La idea sobre la que se asienta el sistema de alerta temprana, no obstante, no es nueva. En 2016, se puso en marcha Early Warning Europe, un programa que incluía no solo un mecanismo de advertencia a compañías y autónomos en riesgo, sino también un plan de asesoramiento y 'mentoring' para solventar sus problemas. El proyecto también se implantó en España, en concreto, en la Comunidad de Madrid, pero con escaso éxito de difusión.

A nivel estatal, países como Alemania y Dinamarca ya tienen implantados modelos similares. De hecho, en este último territorio, el sistema involucra a autoridades públicas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales en la detección de los problemas financieros, y, de confirmarse los mismos, el profesional o la dirección de la compañía son derivados a profesionales especialistas que ayudan a encauzar la situación. De este modo, a pesar de que la tasa de concursos en el país es mucho mayor que en otras jurisdicciones como la española, la proporción de compañías que sobreviven al mismo es infinitamente más elevada. Esta circunstancia, además, permite superar el estigma que aún pesa en nuestra cultura sobre los concursos, que se asocian de forma automática con la idea del fracaso empresarial.

Los ministerios de Hacienda y de la Seguridad Social serán los encargados de elaborar un sistema de 'alerta temprana' que advierta a las empresas de que se encuentran en peligro de insolvencia, y así empujarlas a actuar para hacerle frente. Así lo prevé el anteproyecto de la nueva Ley Concursal, a cuyo contenido ha tenido acceso El Confidencial, y que se espera que sea aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas. El plazo para el desarrollo de este instrumento será de un año desde la entrada en vigor de la nueva norma y su objetivo es detectar la "probabilidad de insolvencia" de las compañías en apuros. Dicha información, no obstante, será confidencial. Es decir, "solo se facilitará al propio contribuyente", sin que en ningún caso pueda entregarse a terceros, tal y como señala la disposición final novena del texto.

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