La promesa del Gobierno de regular los 'lobbies' languidece en el Congreso un año después

La normativa para regular los 'lobbies', compromiso de los dos partidos del Gobierno, lleva más de un año cogiendo polvo en un cajón del Congreso de los Diputados. Desde que el 5 de mayo de 2021 se presentase la proposición para modificar el reglamento de la Cámara Baja e incluir este aspecto, el plazo para presentar enmiendas parciales se ha ampliado hasta 40 veces. Y no hay visos de que vaya a salir adelante en el corto plazo. De hecho, entre los 'lobbistas' empieza a cundir una sensación de desánimo que se traduce en un temor a llegar al final de la legislatura sin haberse aprobado su regulación. En el otro lado de la balanza, los partidos políticos piden paciencia.

El principal impulsor de esta iniciativa fue Miquel Iceta, aunque parece que la normativa ha quedado en el ostracismo desde que el ministro abandonó la cartera de Política Territorial y Función Pública para ocupar la de Cultura y Deporte. Ha quedado tan en el olvido, que los plazos parlamentarios que calcula la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) son bastante pesimistas. "Teniendo en cuenta que la disolución de las Cortes se producirá, con suerte, para primavera u otoño de 2023, es evidente que los períodos de aprobación que se manejan hacen totalmente imposible que se pueda cerrar la tramitación parlamentaria de estos temas, haciendo perder todo el trabajo realizado", advierten.

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La propuesta registrada por el PSOE pretende incorporar un nuevo título XIV al Reglamento del Congreso de los Diputados. Por remarcar alguno de los aspectos más destacados del articulado que se quiere incluir, se estipula que un grupo de interés es cualquier organización o persona que "pretenda influir en la elaboración, tramitación o aprobación de proyectos y proposiciones legislativas o de otras iniciativas parlamentarias". También exige la creación de un registro público en el que deberán figurar "quienes tengan la consideración de grupos de interés o aquellos que actúen en su representación". Además, desarrolla un código de conducta, encuadra cuáles serán las infracciones que podrían realizarse y establece un régimen sancionador para quienes infrinjan la normativa.

Fuentes cercanas a las negociaciones apuntan que su aprobación estaría estancada porque ahora "se está hablando de incluir un régimen de incompatibilidades para los diputados de hasta tres años después de que salgan del Congreso". Por lo tanto, los representantes públicos no podrían inscribirse en el registro de 'lobbistas' hasta que haya pasado ese período. El miedo es que haya diputados que abandonen su escaño para no entrar en dicho régimen de incompatibilidades. Sobre todo porque el fin de la legislatura está cada vez más cercano en el horizonte y muchos de ellos tendrán que volver al sector privado tras los comicios previstos para 2023.

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El acuerdo coalición que firmaron PSOE y Unidas Podemos contempla en su artículo 2.11.4 que se abordará "la regulación de los 'lobbies' para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas" Por la parte socialista, su portavoz en la Comisión de Reglamento del Congreso, Javier Cerqueiro, hace una llamada a la calma y pide "dar margen a los grupos parlamentarios para trabajar en profundidad las leyes".

Sostiene que el objetivo de su formación es que "toda reforma del Reglamento se apruebe con el máximo consenso, aunque eso signifique cierta demora en la tramitación". No obstante, no ha podido confirmar que se vaya a aprobar antes de las próximas elecciones generales. En cualquier caso, asegura que siguen manteniendo encuentros con distintas asociaciones y colectivos para escuchar sus propuestas y, a la vez, están analizando cómo se regula en otros países.

En Unidas Podemos, su presidente en el Congreso, Jaume Asens, reconoce que la falta de regulación de los 'lobbies' es "una de las lagunas más relevantes que tiene nuestra democracia", que se debe cubrir "para homologarnos a las democracias de nuestro entorno". En declaraciones a El Confidencial, sostiene que para su grupo parlamentario "fue un punto fundamental del acuerdo del Gobierno de coalición" y asegura que su intención es "cumplir con este mínimo en materia de transparencia y buen gobierno", aunque sin especificar plazos.

Desde la oposición, en Ciudadanos también apuestan "por impulsar una regulación de los grupos de interés en consonancia con los estándares europeos", pero reconocen que no hay novedades respecto a las negociaciones y los plazos, según trasladan fuentes del partido. En la Ley anticorrupción que propuso el partido naranja se incluye un proyecto de registro de 'lobbies' en línea con los que ya funcionan en las instituciones comunitarias, por lo que ven "favorablemente que dicho registro pueda incluirse en una reforma del Reglamento del Congreso". En cuanto a PP y Vox, no han contestado a las preguntas de este periódico.

¿Qué supone regular los 'lobbies'?

Los 'lobbies' están haciendo 'lobby' para regular los 'lobbies'. Esta redundancia la explica Jorge Fernández-Rúa Mateo, socio director de la consultora de 'lobby' Cariotipo: "El objeto es dotar de una transparencia la toma de decisiones y saber quién y por qué ha influido". Sobre los grupos de interés se ha creado en España la imagen de unas organizaciones que actúan desde el oscurantismo para influir en la toma de decisiones políticas. La aprobación de este tipo de normativas es esencial para desechar esta idea, ya que supone "crear un marco integral de transparencia de la relación público-privada que no solo otorga un reconocimiento, sino que te da una cara a la sociedad que igual no se conoce tanto", apunta este experto del sector.

Ahora bien, Fernández-Rúa Mateo sostiene que "es adecuado que se regule siempre y cuando se regule bien". En este sentido, las organizaciones 'lobbistas' coinciden en diferentes aspectos que deben incluirse en cualquier normativa que regularice su actividad: definir qué es un 'lobby', crear un registro en el que estén obligados a apuntarse para ejercer su actividad, prohibir a los representantes públicos que se reúnan con personas no incluidas en dicho registro, establecer un órgano sancionador independiente o publicar las agendas de todos los diputados, entre otras medidas. Casi todas estas propuestas están contempladas en la proposición registrada por los socialistas en el Congreso.

En España, este tipo de regulaciones ya están implementadas en diferentes administraciones públicas, pero de una forma muy heterogénea. La primera institución en aprobar una normativa en este sentido fue la Generalitat de Cataluña, después fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien creó un registro, y luego se unieron el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana, entre otras. Además del Congreso de los Diputados (no así el Senado), sobre este aspecto también se ha debatido en otros parlamentos autonómicos.

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Todas estas leyes son diferentes entre sí, lo que para Fernández-Rúa Mateo es un problema: "Van saliendo regulaciones como setas y, al final, lo que te encuentras es un campo muy heterogéneo". Entiende que todas las regulaciones se terminarán unificando en una sola, por lo que propone "crear desde cero una normativa a escala nacional y, a partir de ahí, que se vayan uniendo todos los organismos". Lo ideal es que llegue el momento en el que también se regule la relación entre los grupos de interés y los partidos políticos, que son quienes realmente toman las decisiones. En cualquier caso, tiene claro que "si se regula bien, nos vendrá bien a todos, no solo a nuestra profesión, sino a la democracia".