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Estos son los principales cambios de la futura Ley Concursal
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Se aprobará en verano

Estos son los principales cambios de la futura Ley Concursal

La nueva normativa, que entrará en vigor previsiblemente este verano, introduce novedades de calado sobre los procesos de concurso de acreedores

Foto: El coronavirus, la crisis que aumentará los concursos de acreedores en españa
El coronavirus, la crisis que aumentará los concursos de acreedores en españa

Hace unos días, el Boletín Oficial de las Cortes publicó las enmiendas al proyecto de ley de reforma de la Ley Concursal. El documento, de cerca de 500 páginas, recoge las más de 600 propuestas de modificaciones que se han presentado para una norma que cobrará gran importancia en los próximos meses, una vez concluya la moratoria concursal vigente desde marzo de 2020 y que ha servido como dique de contención para la avalancha de insolvencias que se preveían a raíz de la pandemia. A pesar de todavía no hay un texto definitivo —la versión final entrará en vigor este verano, previsiblemente—, el proyecto de normativa ya introduce importantes cambios que darán una vuelta a la legislación sobre concursos de acreedores.

"Supondrá un cambio de calado para nuestro Derecho de insolvencia. Marcará un antes y un después", asegura Alejandro Rey Suañez, abogado experto en reestructuraciones, y agrega que el futuro texto legal está generando mucho interés (e inquietud) entre diversos actores relacionados con el mundo de la empresa y la justicia. Estas son las novedades más relevantes de la futura Ley Concursal.

Planes reestructuración

Una de las modificaciones de más calado hacen referencia a los procesos de reestructuración. "Se define más claramente cuándo hay que abordar estos procedimientos", relata Pere Vilella, socio de FTI and Partners. Así, el texto introduce el concepto de probabilidad de insolvencia, una situación previa a la ruina inminente en la que se entra cuando se prevé que la empresa no va a poder cumplir sus compromisos de pago en los dos años siguientes. Una suerte de margen para que la compañía en apuros económicos leves resuelva sus problemas. Durante esa fase, que tiene un plazo de dos años, la organización no puede entrar en concurso de acreedores.

Foto: Foto: EFE/Kiko Huesca.

Asimismo, Vilella explica que la futura norma simplifica el proceso de reestructuración empresarial, que hoy en día se desarrolla en cuatro estadios. "A partir de ahora, el marco de homologación judicial es la fase clave y protagonista del procedimiento. Es donde hay que poner toda la carne en el asador, porque si no se resuelve satisfactoriamente se va directamente a la liquidación de la empresa y sus activos", describe.

Por otro lado, la reforma prevé eliminar el veto que tenían los accionistas en la negociación del plan, por lo que gana peso el acuerdo mayoritario entre los acreedores. "De esta forma se devuelve la llave del plan a los que, de facto, son ya los auténticos propietarios con los derechos económicos de la empresa y se reduce el riesgo de ir a concurso por intereses no racionales", detalla Vilella.

Foto: Imagen de un comercio en liquidación en Granada. (EFE)

Además, la futura ley pretende dotar de mayor protección a los acreedores públicos (fundamentalmente, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social) fijando que sus créditos no pueden ser objeto de reducción. Un punto que el socio califica de negativo, ya que, en su opinión, "no hay justificación para mantener ese privilegio y se crea una asimetría en el procedimiento que perjudica el necesario equilibrio en los derechos de los acreedores".

Microempresas

Otra novedad relevante del proyecto es la creación de un procedimiento especial para autónomos y microempresas, que la ley define como compañías con menos de dos millones de euros en concepto de pasivo o de facturación y con plantillas de menos de 10 trabajadores. "Históricamente, estos deudores han supuesto el 85% de los concursos que en adelante con el proyecto serán tramitados por el mal llamado procedimiento especial", explica Unai Olabarrieta, vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC).

Foto: Fuente: Freepik.

Para estos casos, el proyecto de ley prevé una vía especial que será más rápida y tendrá un coste más reducido, ya que elimina la obligatoriedad del administrador concursal y la asistencia de abogado y procurador. En la misma línea, el texto legal prevé la creación de unos formularios digitales que permiten al deudor gestionar el proceso. Una cuestión que, para Olabarrieta, puede abaratar los procesos al no haber profesionales de por medio, "pero posiblemente mermará su eficiencia, que es el 'leitmotiv' de la Directiva europea", lamenta.

Segunda oportunidad

Por último, los expertos señalan otro aspecto controvertido del texto legal, y es la exoneración de crédito público en relación con la segunda oportunidad. El proyecto solo prevé la posibilidad de exoneración para deudas de menos de 1.000 euros. "Esto supone un retroceso frente la legislación anterior porque, si bien no estaba expresamente contemplado en la ley, la jurisprudencia lo admitió desde el año 2019", aclara el vicepresidente de la ASPAC, que considera muy complicado que un deudor pueda recuperarse de la situación de insolvencia si una parte importante de sus créditos no son exonerados.

Foto: Un restaurante cerrado en la plaza Mayor de Madrid. (EFE) Opinión

Una opinión que comparte Alfonso Carrillo, socio de litigación en Bird & Bird, para quien la limitación de 1.000 euros provoca que la segunda oportunidad se puede ver truncada. "El límite fijado es ridículo. Creo que si finalmente se publica en el BOE la reforma en estos términos, terminará generando llegado el momento alguna cuestión prejudicial que otra para que se pronuncie el TJUE sobre cómo ha de interpretarse la Directiva", augura.

Hace unos días, el Boletín Oficial de las Cortes publicó las enmiendas al proyecto de ley de reforma de la Ley Concursal. El documento, de cerca de 500 páginas, recoge las más de 600 propuestas de modificaciones que se han presentado para una norma que cobrará gran importancia en los próximos meses, una vez concluya la moratoria concursal vigente desde marzo de 2020 y que ha servido como dique de contención para la avalancha de insolvencias que se preveían a raíz de la pandemia. A pesar de todavía no hay un texto definitivo —la versión final entrará en vigor este verano, previsiblemente—, el proyecto de normativa ya introduce importantes cambios que darán una vuelta a la legislación sobre concursos de acreedores.

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