Cuenta atrás para una ola de grandes reestructuraciones de deuda en empresas

La economía soportará una gran prueba de fuego con la retirada paulatina del apoyo fiscal y monetario que impidió el colapso con el covid. Una de las claves será el examen a la solvencia de las empresas. Bancos y despachos de abogados se preparan para una oleada de reestructuraciones y refinanciaciones en grandes compañías.

Por ahora, los ERTE, los créditos ICO o los tipos de interés reducidos han permitido a las empresas más afectadas por el golpe del covid sobrevivir. El Gobierno acordó con la banca una extensión de otros seis meses para la carencia del principal de los préstamos con aval del ICO, hasta octubre o noviembre, lo que dará un nuevo respiro a las empresas. Asimismo, la moratoria concursal está vigente hasta junio de 2022, y no está claro si habrá prórroga para que empiece a funcionar la nueva ley concursal, que se debería aprobar en verano, sin un aluvión de casos.

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Aun así, el deterioro de las cuentas de resultados y de la caja de muchas grandes empresas hace esperar a bancos y despachos de abogados, los primeros por ser prestamistas y los segundos por asesorar a deudores o acreedores, que haya un aumento de operaciones de refinanciación y reestructuración en grandes empresas. Por ahora, ya se ha visto un repunte en términos generales, especialmente por pymes. Las refinanciaciones y reestructuraciones ya alcanzan picos del 6% respecto al crédito total en la gran banca.

Además, ya está habiendo un aumento de costes de financiación. El mercado cotiza hasta ocho subidas de tipos entre 2022 y 2023 por parte del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la inflación, que alcanzó el 8,4% en abril. "Tiendo a pensar que la subida de tipos, la inflación, la situación macro por la guerra de Ucrania, el final de la moratoria concursal, la necesidad de amortizar financiaciones ICO, junto con la entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal traerán consigo la necesidad y/o conveniencia de reestructurar los balances de muchas compañías españolas, en especial en los sectores más afectados", explica Miguel Lamo de Espinosa, socio de Gómez-Acebo & Pombo. "Esperamos un incremento de actividad en los próximos meses o años", agrega el experto.

En la misma línea, Jimena Urretavizacaya, socia de Allen & Overy, señala que "se espera un incremento sustancial en el número de refinanciaciones y reestructuraciones. En los últimos dos años, la moratoria concursal y las diversas medidas de apoyo público, entre otras razones, han limitado el número de las reestructuraciones, pero hay muchas sociedades que se encuentran en una situación financiera complicada (no solo por el impacto del covid, sino por motivos operativos propios y en muchos casos previos) y que van a tener que reestructurar su deuda en el medio-corto plazo".

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Adrián Thery, socio de Garrigues, cree que habrá un incremento de reestructuraciones "progresivamente a partir del segundo semestre de 2022 y primera mitad de 2023". En su caso, no espera una avalancha, sino que prevé que "los acreedores profesionales irán, por su propio interés, faseando y secuenciando las reestructuraciones en función de las prioridades en presencia. Las nuevas herramientas que brinda la reforma ayudarán a una mejor planificación de las carteras". Guillermo Yuste, socio de Andersen, apuesta por "un aumento importante de las reestructuraciones y concursos en las grandes empresas, tal y como cabe esperarse, de forma generalizada en relación a todos los sectores económicos. En el caso de grandes empresas, es bastante posible que dicho aumento se produzca ya en 2022. De hecho, a diferencia de lo que está ocurriendo con las pymes, cuyas reestructuraciones financieras y concursos se esperan en masa cuando concluya la moratoria concursal, en el caso de grandes empresas las reestructuraciones ya se vienen produciendo. Esta anticipación responde, entre otras razones, a que su deuda es mucho mayor y su gestión más profesionalizada".

Una de las incógnitas será el papel del ICO, ya que tendrá que aprobar los cambios de condiciones para que haya operaciones de refinanciación o reestructuración de la deuda. En muchos casos, gran parte de la misma tiene aval público y, hasta ahora, explican fuentes financieras, la presencia del ICO ha dificultado estas refinanciaciones o ha hecho que se dé condiciones preferentes a esta parte de la deuda.

No obstante, los expertos creen que a medida que haya más operaciones de este tipo, el ICO volcará recursos para analizarlas y agilizar los procesos. También está la duda de la SEPI, que en algunos casos ha entrado en el capital y en otros ha ayudado con deuda subordinada. "Han sido jugadores fundamentales y muy necesarios en los últimos años y tendrán que estar muy presentes en el futuro", avisa Lamo de Espinosa.

"La existencia de créditos con aval ICO va a ser un factor muy relevante de cara a estructurar estos procesos. Los convenios ICO imponen una serie de limitaciones, por ejemplo, en cuanto a la realización de amortizaciones anticipadas o el otorgamiento de garantías reales, que son herramientas muy habituales. También está pendiente ver cómo se aplica una homologación a acreedores con garantía ICO", arguye Urretavizacaya.

Se trata de un elemento crucial para aprobar convenios de acreedores en el marco del concurso y evitar la liquidación, exponen Davinia Sánchez y Rodrigo Olivares-Caminal, socia y Of Counsel de Kepler-Karst. "Cuando la administración pública está involucrada en el proceso, como es este caso a través del aval de los ICO, decide si se adhiere o no a estos convenios, y la administración pública no es conocida precisamente por su adhesión a ellos. Esto también se aplica a empresas que busquen reestructurarse (sin llegar al concurso de acreedores) y hayan solicitado un crédito ICO. En estos casos, si la administración no cambia su dinámica habitual, no podrá hacerse la reestructuración y las empresas terminarán en concurso de acreedores y liquidación".

Este año, por ahora, apenas ha habido reestructuraciones o refinanciaciones de grandes empresas. Las que están coleando, como Celsa, a la espera de que entre la SEPI, OHL o Mediapro, se acordaron el año pasado. De 2022 destaca la refinanciación de 2.600 millones por parte de El Corte Inglés.

En cualquier caso, entidades financieras y despachos están ajustando sus equipos para estar preparados. Santander, por ejemplo, nombró en 2020 a Carlos Porras director de reestructuraciones de Santander España para conformar un equipo. Otros bancos están en el mismo camino. En los despachos, según fuentes jurídicas, hay continuas llamadas para tratar de reforzar esta área. Y dentro de esta dinámica ha habido fichajes importantes, como el de Pedro de Rojas por parte de Latham desde Linklaters, o el de Patricia Álvarez, también de Linklaters, por Cuatrecasas.

A la espera del Gobierno

Hay varios puntos clave que atañen al Ejecutivo y que afectarán al devenir de las reestructuraciones de deuda. Por un lado, está el papel mencionado del ICO. Los abogados y banqueros confían en que aumente la flexibilidad del banco público en las renegociaciones de condiciones.

Por otro, está la moratoria concursal, que expira el 30 de junio. "España es uno de los países occidentales que más tiempo está retrasando la retirada de la moratoria. Una nueva prolongación de la moratoria concursal agravaría el problema de falta de inversión que ocasiona el sobreendeudamiento no solucionado, pues nadie invierte en compañías sobreapalancadas ('debt overhang'). Ha llegado la hora de hacer los deberes y coger el toro del sobreendeudamiento por los cuernos", arguye Adrián Thery desde Garrigues.

Desde Kepler-Karst, Sánchez y Olivares-Caminal defienden también la extinción de la moratoria: "Su término, inevitablemente, va a traer aparejado un incremento de los concursos y las reestructuraciones (y eventualmente algunas insolvencias). Más allá de que no lo deseamos, que las empresas que no logran una reestructuración favorable se disuelvan y dejen paso a otras que sí son viables es una herramienta necesaria del mercado".

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Sea como fuere, se espera que en verano llegue la nueva Ley Concursal, que es la transposición de una directiva europea. "La reforma de la Ley Concursal tiene como objeto fomentar el mantenimiento de la actividad de la empresa y el ajuste de las estructuras de capital, dando mayor flexibilidad y evitando que acreedores o socios puedan bloquear restructuraciones razonables. Va a suponer un cambio muy relevante en este tipo de operaciones y es algo que el sector lleva tiempo esperando", argumenta Lamo de Espinosa, de Gómez-Acebo & Pombo, que advierte de que hay centenares de enmiendas en el Congreso, lo que podría modificar sustancialmente el texto definitivo.

El cambio normativo impactará "en cómo y cuándo se afrontan y estructuran" las operaciones de reestructuración y refinanciación, señala Urretavizcaya, de Allen & Overy. "La reforma de la Ley Concursal introduce los Planes de Reestructuración que pretenden poder atajar antes las situaciones de desequilibrio financiero y así evitar que las compañías lleguen al concurso. Además, introduce nuevas herramientas, como las clases de acreedores y su arrastre, y actores, como el Experto en Reestructuraciones, que sin duda traerán cambios en los procesos. Por eso, será muy importante que tanto los operadores como los Juzgados encontremos cuanto antes una forma consolidada de aplicación, crear entre todos el 'market practice' y transmitir una alta seguridad jurídica en la aplicación de los nuevos Planes de Reestructuración".

Asimismo, para las grandes empresas la reforma remediará el sobreendeudamiento, opina Thery: "No ya solo a través de meras refinanciaciones, sino también a través de auténticas reestructuraciones estilizadas, que afecten a toda la estructura de capital y de propiedad de las compañías. Tras la reforma, muchas reestructuraciones tendrán un mayor componente de M&A (fusiones y adquisiciones) que de refinanciación financiera clásica. La reforma permitirá cambios de control eficientes en las compañías sin necesidad de una liquidación concursal. Al tiempo, las entidades financieras lograrán una mejor recuperación por sus préstamos no productivos (NPL) en el mercado secundario". Por el contrario, cree que la reforma es deficiente para las pymes y que debería mejorarse en tramitación parlamentaria aspectos de la regulación de la venta de unidades productivas.