La SEPI ultima el rescate de Celsa, el mayor del Estado, tras impagar 425 millones de euros

Año y medio después de la solicitud oficial, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está a punto de conceder la ayuda millonaria pedida por Celsa para hacer frente a los estragos del covid-19. El organismo gubernamental y la mayor empresa siderúrgica de España ultiman ya los detalles del contrato de financiación por 550 millones de euros, el que será el mayor rescate del otorgado por el Ministerio de Hacienda. Un dinero que servirá para cubrir los continuos impagos del grupo de la familia Rubiralta a los acreedores.

Según fuentes financieras, Celsa debe abonar esta semana casi 55 millones de euros, más otros 10 de intereses, a la banca española y a numerosos fondos internacionales de deuda, entre los que están los principales nombres de Wall Street. Salvo sorpresa, la compañía catalana no podrá atender estas obligaciones, como tampoco pudo hacerle frente al vencimiento del pasado mes de noviembre, ni al de hace un año. Desde que estalló la pandemia, la multinacional española acumula impagos de 425 millones.

Celsa ha justificado estos incumplimientos por la pandemia, que paralizó la actividad económica mundial a partir de marzo de 2020. En mayo de ese año, la sociedad se acogió a la cláusula llamada 'rebus sic stantibus' que protege a las empresas de no atender sus pagos por “causa de fuerza mayor”, como era el covid-19, para no amortizar los primeros 60 millones.

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Desde ese momento, los acreedores y Celsa iniciaron una guerra judicial que ha tenido varios capítulos. Si bien en un primer momento dieron la razón a la familia Rubiralta, después se pusieron del lado de los acreedores, entre los que se encuentran bancos de primer orden internacional, como Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Citi, Deutsche Bank y Credit Suisse, así como fondos oportunistas del tamaño de Apollo y CVC.

Una batalla judicial pendiente de resolución que Celsa trató de combatir con la petición de ayuda a la SEPI, en septiembre de 2020, por 550 millones. Sin embargo, el organismo estatal ha puesto numerosas pegas al expediente de la compañía catalana, con una plantilla de más de 9.000 empleados, unos 4.000 en España. Sobre todo porque el año pasado el grupo siderúrgico alcanzó la mayor facturación de su historia, con más de 5.000 millones de euros, superando las cifras previas al covid.

No obstante, dado el aumento de los costes de la electricidad y el encarecimiento del precio de la chatarra, su principal materia para la fabricación de sus productos de acero, Celsa no genera la caja suficiente para devolver el dinero a los acreedores, mientras los plazos de la deuda siguen corriendo. Por eso, la multinacional ha reformulado en varias ocasiones su petición de rescate a la SEPI que, según fuentes financieras, está ya redactando el contrato de financiación.

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Los 425 millones que ha dejado de pagar Celsa son cerca de la mitad del préstamo convertible (900 millones) que adeuda a los fondos y casi un tercio del total (unos 1.600 millones) que debe a los acreedores. Pero sobre todo es una buena parte del dinero solicitado al Gobierno, 550 millones. El grupo siderúrgico, con plantas en Cataluña, Asturias y Galicia, quiere destinar el importe del rescate a repagar a los acreedores que compraron el pasivo a entre 10 y 15 céntimos de su valor real, con el fin de estabilizar el balance y cerrar los litigios judiciales. Por lo que la ayuda de la SEPI iría directamente al bolsillo de los llamados bancos y fondos buitre.

Celsa arrastra graves problemas financieros por exceso de apalancamiento desde hace cerca de una década. La última reestructuración de su balance fue en 2017, gracias a que los acreedores le condonaron 1.000 millones de deuda. Pero hasta la aparición del covid siempre había atendido sus obligaciones. Aunque Francesc Rubiralta sabe que en ningún caso podrán devolver los 1.600 millones actuales, salvo que consigan la aportación de capital de un inversor o la conversión en acciones de parte del préstamo convertible, hasta la fecha se ha resistido a ceder el control de la empresa familiar a los bancos y fondos que le reclaman su dinero.