Aluvión de quiebras a la vista: las empresas se preparan para el fin de la tregua concursal

En el calendario de las empresas españolas, el 30 de junio está marcado en rojo. Es el día en que finaliza la última prórroga de la moratoria concursal, que se decretó con el estado de alarma y lleva aplazándose más de dos años. Hasta ahora, las compañías que tuvieran problemas de insolvencia —ya fueran reales o inminentes— no tenían el deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. Pero desde el próximo jueves, la normativa estará plenamente vigente y los administradores volverán a estar sujetos a las obligaciones fijadas por la ley, lo que desembocará en un aluvión de solicitudes de concursos por parte de miles de organizaciones.

La eventual avalancha será la guinda a dos años en que la presentación de concursos no ha parado de subir. A pesar de que la moratoria se diseñó como un dique de contención, durante el año 2021 estos procedimientos aumentaron en un 37,5% respecto al ejercicio anterior, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y todo apunta a que las cifras de este 2022 serán aún mayores: de acuerdo con un informe elaborado por RZS Abogados, el número de concursos para este año superará los récords, "quintuplicando los números registrados durante la crisis inmobiliaria", aseveran. Asimismo, prevén un aumento de estas solicitudes del 30%, lo que se traduce en la declaración de concurso de más de 13.000 entidades.

Tras el fin de esta prórroga, se abre un escenario algo incierto para las compañías con problemas financieros, ya que todo apunta a que la nueva normativa concursal, actualmente en proceso de aprobación, no llegará a tiempo. En un principio, el Gobierno alargó la moratoria para que coincidiera con la entrada en vigor de la nueva ley, que viene motivada por una directiva europea de restructuraciones. A pesar de que el trámite está muy avanzado (el jueves pasado, el texto fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados), es muy difícil que el real decreto sea aprobado antes de este 30 de junio, lo que implica que las compañías se regirán por la normativa actual.

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Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos factores, ¿cuáles son los pasos que debe seguir una empresa con problemas financieros una vez finalizada la moratoria concursal?

Empresas zombi vs. dificultades menores

Para Santiago Hurtado, socio de concursal en Simmons & Simmons, el escenario cambia dependiendo de en qué situación se encuentre la compañía. Así, las organizaciones con dificultades económicas muy severas que se encuentren en estado de insolvencia grave o total (como es el caso de las denominadas empresas zombi) deberán presentar el concurso lo antes posible. "Deberían acelerar el proceso todo lo posible, porque si no lo hacen podrían empeorar su situación y los administradores podrían acabar enfrentando responsabilidades ante los acreedores", alerta.

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Las compañías con problemas menos severos, por otro lado, tienen algo más de tiempo. Como indica Hurtado, la ley actual prevé un plazo de dos meses para presentar el concurso, "por lo que las compañías todavía tienen hasta septiembre para comenzar el procedimiento", subraya. Para entonces, el socio considera que la nueva normativa ya habrá sido aprobada. Estas entidades, por tanto, tienen los meses de verano para diseñar una estrategia y definir, con la ayuda de expertos, si la salida a las dificultades económicas es el concurso de acreedores o si hay opción de someterse a otra de las opciones previstas en la ley.

En la misma línea se pronuncia Antonio Almendros, experto en reestructuraciones y socio director en Almendros Abogados. "Las organizaciones pueden acogerse a alguno de los mecanismos preconcursales", explica. Actualmente, la normativa prevé dos: el acuerdo extrajudicial de pagos y los acuerdos de refinanciación y reestructuración de deudas.

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En ambos casos, la organización tiene un plazo de dos meses para comunicar sus intenciones y comenzar las comunicaciones con los acreedores. Una vez lo haya hecho, la ley fija otros tres meses para que ambas partes lleguen a un acuerdo. Solo en caso de no alcanzar un pacto, la empresa estaría obligada a presentar su concurso. Es decir, que con esta vía, las entidades "tienen algo más de margen para solucionar sus problemas".

¿Qué pasa con las empresas en situación de insolvencia inminente (es decir, que todavía no sufren dificultades, pero hay certeza de que estas llegarán eventualmente)? De nuevo, las empresas que son viables tienen un marco temporal más amplio gracias a, según subraya el letrado, la normativa que está a punto de aprobarse.

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Pero no solo eso. Almendros señala que la reforma incluye ciertos cambios en las reglas de juego en los planes de reestructuración, ya que permite imponerlos de manera forzosa. "Hasta ahora, las sociedades estaban plegadas a que los acreedores y los socios de la sociedad dieran su autorización. La nueva normativa va más allá y permitirá que se impongan acuerdos que posibiliten la supervivencia de la compañía a pesar de que no tengan el apoyo de estos actores", explica.

Ahora bien, el abogado insiste en que estos mecanismos únicamente son útiles para las empresas que tengan posibilidades de recuperarse. De no ser posible, la mejor opción es acudir a un concurso lo antes posible. Por dos motivos. Primero, porque actuar con rapidez es la mejor manera de conseguir que la compañía se salve. Y segundo, porque eludir el deber de solicitar un concurso cuando es necesario acarrea consecuencias para los administradores, que podrían ser declarados culpables eventualmente si se prueba que no actuaron de forma diligente.