Los Rubiralta y los fondos rechazan la última oferta y condenan a Celsa a la Ley Concursal

Un mes después de que el Consejo de Ministros aprobase el rescate de 550 millones de euros a Celsa a través del fondo de ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la compañía siderúrgica no ha recibido ni un euro del organismo público para salir del impago en el que lleva inmersa más de dos años. La última reunión entre la familia Rubiralta, dueña del grupo industrial, y los acreedores ha terminado sin acuerdo, lo que deja su futuro en manos de la nueva ley concursal.

Según fuentes financieras, el último contacto entre los Rubiralta y los fondos tenedores de 2.400 millones de su deuda tuvo lugar en la penúltima semana de julio para tratar de consensuar un acuerdo antes de que tanto la familia como los acreedores se fueran de vacaciones. Pero la fórmula planteada por los fundadores de Celsa no fue bien acogida por Deutsche Bank y Goldman Sachs y el resto de ‘hedge funds’, a los que la empresa ha impagado ya 425 millones. Una cifra que aumentará de nuevo en octubre si antes no encuentran una solución.

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Agustín Marco

Los Rubiralta propusieron a los fondos un nuevo esquema para que los acreedores puedan recuperar su dinero a siete años vista, para acompasarlo al repago de los 550 millones concedidos por la SEPI, que debería tener preferencia a la hora de cobrar. Pero se negaron, como han hecho desde que iniciaron las conversaciones, a que tomen ni una acción del grupo. Es decir, insistieron en que la familia mantendrá el 100% de la propiedad, una estructura que la nueva ley concursal hace prácticamente imposible.

La nueva norma que regula las empresas en crisis, que entrará en vigor a la vuelta de verano tras los últimos trámites en el Congreso de los Diputados, da más poder a los acreedores frente a los accionistas, que se verán obligados a ceder parte de la propiedad si el planteamiento de los bancos o fondos de capital riesgo permite asegurar la continuidad de las operaciones a corto y medio plazo. Según fuentes próximas a las negociaciones, eso es lo que van a hacer Deutsche Bank y Goldman Sachs, que en teoría ya podrían exigir la ejecución de las garantías —las acciones de Celsa— por el impago.

Los tenedores de la mayoría de la deuda ofrecieron el pasado 17 de junio convertir 630 millones de los 2.400 millones de deuda de Celsa y aportar 50 millones adicionales de dinero fresco a cambio de quedarse con el 75% de las acciones para garantizar la viabilidad de la compañía. Una estructura que supuso un órdago total a los fundadores de la sociedad, que no han ahorrado descalificativos a sus acreedores al acusarlos de querer obtener ganancias anuales de hasta el 80%.

Olvido de los políticos

Sin acuerdo entre las dos partes, el rescate de 550 millones de euros de la SEPI es papel mojado, porque es condición 'sine qua non' para que el dinero llegue a la compañía. Aunque el Gobierno, con Pedro Sánchez en persona, y numerosos 'lobbies' intervinieron a favor de los Rubiralta, lo cierto es que el Ministerio de Industria, dirigido por Reyes Maroto, y los partidos políticos catalanes se han desvinculado del caso. En la reciente reunión entre los líderes de la Generalitat y Moncloa para reabrir la mesa de negociación sobre el conflicto territorial en Cataluña, no se trató el futuro de Celsa, que cuenta con cerca de 4.000 empleados en España.

El problema se agrandará en septiembre, puesto que a finales de ese mes vencen los 525 millones que la banca, liderada por Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, dio a la empresa para gestionar el circulante. Los bancos españoles ya han transmitido que no renovarán esas líneas de financiación si Celsa y los fondos no encuentran una solución antes.

Estas cuatro entidades también han pedido una vía de salida porque, en cualquiera de los esquemas planteados hasta la fecha, deberían de reconocer como perdida estos 525 millones durante los dos próximos ejercicios. La banca nacional quiere que le den una alternativa para poder vender en el mercado secundario estas posiciones, como ya hicieron hace tres años, operación que supuso que la mayoría de la deuda quedara en manos de los actuales 'hedge funds'.