Bancos y energéticas tendrán una sanción del 150% si repercuten el nuevo impuesto al cliente

El PSOE y Unidas Podemos han presentado este jueves en el Congreso su propuesta para la fijación de dos nuevos impuestos al sector energético y bancario. El Ministerio de Hacienda calcula que recaudará 7.000 millones de euros durante los dos años que estarán vigentes. Una de las claves de los dos nuevos gravámenes es la prohibición que fija la proposición de ley para el traslado del coste al cliente. La norma fija una sanción para las empresas equivalente al 150% del gravamen repercutido a los clientes. La coalición considera que esta medida disuadirá a las empresas de trasladar los costes.

[Consulte | Texto íntegro de las Proposiciones de Ley sobre los nuevos tributos a energéticas y banca]

El encargado de supervisar que los precios no se trasladan será la CNMC y, en el caso del sector financiero, contará con el apoyo técnico del Banco de España. En concreto, lo que vigilará Competencia es que las empresas no suban los precios de sus bienes y servicios como consecuencia de la fijación del impuesto.

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Se trata de una tarea muy complicada, ya que el establecimiento de los precios depende de muchas variables, que van desde el coste de los insumos, los laborales, los alquileres, la oportunidad de ganar márgenes… La CNMC ya ha analizado en los últimos meses el funcionamiento de la subvención a los carburantes y no ha detectado ninguna irregularidad a pesar de que otros expertos sí han encontrado que las empresas se están quedando una parte de la ayuda.

El socio minoritario apostaba por incluir una figura en el Código Penal para endurecer estas prácticas, pero socialistas lo rechazaron. El portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, ha deslizado sus dudas de que las multas sean disuasorias asegurando que "vamos a seguir insistiendo en esa mano dura" y "estaremos vigilantes para ver cómo funciona el mecanismo pactado" y si la CNMC y el Banco de España "cumplen su cometido y vigilan adecuadamente".

En privado, fuentes de la dirección del grupo parlamentario explican que todavía se debe concretar cómo se realiza la supervisión, principalmente al sector bancario, por la falta de recursos y personal de la CNMC. En el texto de la proposición de ley, que se acabó de cerrar anoche, se optó por finalmente por sanciones equivalentes al 150% del gravamen repercutido a los clientes, aunque los morados habían presionado para que pudiese quintuplicarse esta cantidad.

La coalición también ha buscado una fórmula innovadora para evitar que las empresas recurran estos dos nuevos gravámenes ante los tribunales. En primer lugar, la vía legal elegida no es la del impuesto, sino la de la ‘prestación patrimonial de carácter no tributario’. Esto es, el mismo sistema que eligió el Gobierno para que las grandes petroleras abonaran un descuento adicional en la subvención a los carburantes aprobada la pasada primavera.

Esta fórmula legal es más flexible y evita que se canalice como un impuesto para esquivar la doble tributación con el impuesto sobre sociedades. Además, la base imponible será diferente a la del IS, ya que no atacará a los beneficios empresariales, sino a la facturación y los márgenes de intereses. En concreto, en el caso de las empresas energéticas se aplicará sobre la cifra de negocio (ventas totales) dentro de España, mientras que en el caso de los bancos, se aplica sobre el margen neto de intereses y comisiones.

Con esta decisión, la coalición consigue evitar que bancos y energéticas puedan minimizar su aportación con ajustes contables para reducir los beneficios de forma artificial. Como la base imponible es la venta de bienes y servicios, difícilmente podrán hacer contabilidad para rebajar su contribución.

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En el caso del impuesto a las energéticas, tendrá un tipo nominal del 1,2% sobre el total de la cifra de ventas, mientras que los bancos pagarán un 4,8%. El porcentaje aplicado sobre las entidades financieras es superior porque no se aplica sobre la cifra de negocio, sino sobre el margen de beneficio de intereses y comisiones. Las empresas energéticas pagarán por todas sus ventas en España, también por las que obtengan de actividades que no estén directamente relacionadas con la energía.

La coalición estima que las dos figuras tributarias se cargarán sobre menos de una veintena de empresas. En el caso de los bancos, las compañías afectadas serán aquellas que tuvieran un margen de intereses y comisiones superior a 800 millones de euros en 2019 (el año previo a la pandemia). Por su parte, el impuesto a las energéticas recaerá sobre eléctricas, gasistas y petroleras cuya cifra de negocios superase los 1.000 millones de euros en 2019.

Sólo se tendrá en cuenta las operaciones dentro de España. En el caso de grupos consolidados, se suman las actividades de todas las filiales dentro del país excluyendo las operaciones intragrupo. Y en el caso de empresas extranjeras con una gran presencia en España, sólo tributará la filial doméstica.

La base imponible serán los beneficios de los años 2022 y 2023 y se abonarán a ejercicio vencido. En concreto, se establecen dos pagos, uno adelantado que se abonará en febrero equivalente al 50% de los ingresos y otro, de liquidación, en septiembre. El motivo es que en el mes de febrero todavía no están cerradas las cuentas de las empresas, de modo que el Gobierno da margen más que suficiente para que las juntas de accionistas puedan aprobar los resultados anuales definitivos de cada año. El pago de estos impuestos no será deducible en el impuesto sobre sociedades.