Celsa impaga otros 200 M a la espera del rescate de la SEPI que pidió hace un año

Celsa registrará este año un récord de ventas, con más de 5.200 millones de facturación, gracias a los aranceles a la exportación impuestos por China y Rusia a la industria del acero. Pero ni aun así la compañía catalana ha podido afrontar hoy el pago de 200 millones de euros que tenía que haber abonado a los acreedores. Un impago que se produce mientras espera el rescate de 550 millones solicitado hace ya más de un año a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que sigue analizando la documentación del grupo siderúrgico controlado por Francesc Rubiralta.

Según han confirmado varias fuentes, Celsa debía de haber amortizado esta semana 200 millones derivados del préstamo convertible en acciones que refinanció con los acreedores hace ahora cuatro años. Pero como ya le ocurrió en mayo de 2020 el grupo industrial ha obviado sus obligaciones financieras. Ese primer impago, de unos 60 millones, fue justificado por la irrupción del covid-19, que paralizó la actividad económica mundial. Por este motivo, Rubiralta se acogió a la cláusula llamada 'rebus sic stantibus', que protege a las empresas de no atender sus pagos por “causa de fuerza mayor”.

Pero los tribunales se pusieron del lado de los acreedores, entre los que se encuentran bancos de primer orden internacional, como Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Citi, Deutsche Bank y Credit Suisse, así como fondos oportunistas del tamaño de Apollo y CVC. Una batalla judicial pendiente de resolución que Celsa trató de calmar con la petición de ayuda a la SEPI en septiembre de 2020. Sin embargo, el organismo estatal no termina de validar el expediente de la compañía catalana, con una plantilla de más de 9.000 empleados, unos 4.000 en España, mientras los plazos de la deuda siguen corriendo.

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Según otras fuentes, con este último impago, Celsa acumula una deuda vencida próxima a los 450 millones, la mitad del préstamo convertible (900 millones), cerca de un tercio del total (unos 1.600 millones) que debe a los acreedores y casi todo el dinero solicitado al Gobierno. El grupo siderúrgico, con plantas en Cataluña, Asturias y Galicia, quiere destinar el importe del rescate a repagar a los acreedores que compraron el pasivo a entre 10 y 15 céntimos de su valor real, con el fin de estabilizar el balance y cerrar los litigios judiciales. Por lo que la ayuda de la SEPI iría directamente al bolsillo de los llamados bancos y fondos buitre.

Gracias al buen comportamiento del negocio, por la subida de los precios del acero y las medidas arancelarias impuestas por China y Rusia, Celsa ha actualizado su plan de negocio, que ahora prevé un beneficio de explotación o ebitda que es el triple del esperado (600 millones) cuando acudió al organismo público hace más de 12 meses. Pero el encarecimiento de la electricidad amenaza con tensionar el flujo de caja necesario para atender a los acreedores. Una situación que le impide tener acceso a la financiación bancaria. En otras palabras, la banca que ya financia 500 millones en concepto de capital circulante -con Santander, CaixaBank y Sabadell a la cabeza-, se muestra reticente a ampliar su exposición.

La propiedad, en juego

Ante esta coyuntura, los acreedores ya le han propuesto convertir parte de la deuda en capital. Es decir, en acciones de la compañía, propuesta a la que Rubiralta se niega, ya que su objetivo principal es mantener el 100% de la propiedad del 'holding' heredado de su padre. Un objetivo que podría conseguir parcialmente si la SEPI le abre el grifo en las próximas semanas, antes de acabar 2021.

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La diferencia entre Celsa y el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda es meramente técnica, pero muy relevante. La compañía pide que los 550 millones le sean concedidos mediante un préstamo participativo, que llegado el caso pudiera transformarse en capital, en acciones. Justamente lo que niega a los acreedores actuales. Pero el ente público prefiere dárselo a través de un crédito tradicional para no verse involucrado en la batalla judicial con los fondos de inversión, propiedad de bancos internacionales con capacidad para llegar hasta las últimas consecuencias.

Como acto de buena voluntad, Rubiralta está dispuesto a aportar 50 millones de euros a título personal para convencer a la SEPI y ayudar en la recapitalización del grupo siderúrgico, cuyo principal cliente es el sector de la automoción.