Celsa destinará 500 M de la SEPI a pagar a los fondos buitre con ganancias del 90%

Celsa sigue esperando como agua de primavera los cerca de 600 millones de euros que solicitó hace más de ocho meses a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El principal retraso de la obtención de la ayuda del Gobierno se debe, según fuentes financieras, a que la mayor parte de ese dinero público se destinará a compensar a los ‘hedge funds’ que compraron la deuda no sostenible de la compañía catalana y que ahora podrían obtener beneficios del 90%.

Según han confirmado varias fuentes próximas a las conversaciones, el plan estratégico de Celsa presentado a la SEPI consiste en destinar entre 400 y 500 millones de los solicitados a repagar la deuda de 900 millones que fondos del calibre de Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse y Deutsche Bank compraron a numerosos bancos españoles, entre los que destacan Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, que se deshicieron de estos préstamos a un precio de entre el 10 y el 15% de su valor nominal.

Los bancos nacionales vendieron a ese precio porque consideraban que nunca recuperarían el dinero concedido a Celsa, que arrastra problemas continuados de solvencia desde 2010. Y estos fondos, junto con otros como Goldman Sachs, Citi, CVC, Bank of America y Apollo, aprovecharon la coyuntura para convertirse en acreedores principales de la compañía siderúrgica. El pasado año, cuando el grupo tuvo que hacer frente al pago de los intereses de esta deuda, Francesc Rubiralta, presidente y máximo accionista, se acogió a la cláusula 'rebus sic stantibus' para no abonar los 35 millones que vencieron el 11 de mayo de 2020.

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Europa Press

Rubiralta consiguió que un juzgado le concediera unas medidas cautelares para eludir ese desembolso por los efectos del covid-19. Pero, posteriormente, otro juez tomó en consideración el recurso de los acreedores y exigió a Celsa cumplir con sus obligaciones: pagar los citados 35 millones más otros 112 que expiraron en noviembre. Ante esta coyuntura, los fondos propusieron a Rubiralta convertir parte de la deuda impagada en acciones de la compañía, lo que 'de facto' les otorgaba la mayoría del capital de la siderúrgica. No obstante, dejaban al actual presidente al frente de la gestión.

Pero el presidente y heredero de Celsa se negó a aceptar el planteamiento de los bancos y fondos internacionales, al considerar que se estaban aprovechando de una coyuntura histórica, como es la pandemia del covid-19, con un comportamiento más propio de unos chantajistas que de unos acreedores acordes a nombres de primer nivel internacional. Sobre todo porque Rubiralta esgrimió que habían comprado la deuda a entre un 10 y un 15% de su valor real y ahora querían canjear esos 900 millones al 100% de su valor nominal.

La ayuda más grande

Para frenar la toma de control por parte de los ‘hedge funds’, la compañía solicitó un rescate a la SEPI, que inicialmente ascendía a 350 millones. Pero, más tarde, Celsa elevó este importe requerido al Estado hasta los 600 millones, aumento que la convertía en la mayor solicitud de ayuda pública, por delante de la recibida por Air Europa (de 475 millones). Pero, según fuentes próximas a las conversaciones, la compañía en realidad solo necesita unos 100 millones para garantizar su operativa, ya que genera caja de forma ordinaria.

Por tanto, según estas fuentes, los restantes 500 millones irán destinados a compensar a los 'hedge funds', a los que Celsa no quiere pagar la deuda al 100% de su valor real. Este es uno de los motivos principales por los que la SEPI está tardando más tiempo del previsto en aceptar el expediente de la compañía catalana, ya que, tras el escándalo de Plus Ultra, se la puede acusar de destinar dinero público para permitir que fondos oportunistas obtengan unas rentabilidades próximas al 100%.

La compañía sostiene que, hasta la irrupción del covid-19, siempre había cumplido sus obligaciones con los acreedores

Fuentes oficiales de Celsa han declinado hacer ningún comentario sobre si en el plan de negocio presentado al organismo estatal se incluye destinar la mayoría del rescate a beneficiar a los acreedores. Tan solo se limitan a indicar que el interés esencial es garantizar la supervivencia de la compañía, que ya ha protagonizado varias reestructuraciones de su pasivo, con quitas incluidas de 1.000 millones por parte de los prestamistas.

La compañía sostiene que, hasta la irrupción del covid-19 y pese a las dificultades, siempre había cumplido sus obligaciones con los acreedores. Y que su objetivo es alcanzar un acuerdo para asegurar el trabajo de sus cerca de 9.000 empleados, 4.000 de ellos en España.