La SEPI pide una auditoría a Grant Thornton y Ramón y Cajal antes de rescatar a Celsa
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POR 350 MILLONES DE EUROS

La SEPI pide una auditoría a Grant Thornton y Ramón y Cajal antes de rescatar a Celsa

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está por la labor de aceptar la solicitud de ayuda de Celsa, que ha pedido 350 millones de euros

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Oficinas de Celsa. (Celsa Group)

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está por la labor de aceptar la solicitud de ayuda de Celsa, que ha pedido 350 millones de euros para asegurar su continuidad y la de sus 9.000 empleados. Pero el 'holding' dependiente del Ministerio de Hacienda quiere asegurarse de que la situación de insolvencia de la siderúrgica catalana es resultado de la pandemia y no de una coyuntura que la multinacional de la familia Rubiralta ya venía arrastrando desde 2012, cuando firmó la primera refinanciación de su abultada deuda.

Según indican fuentes próximas a las negociaciones, Celsa ha remitido toda la documentación a la SEPI, para que sus técnicos analicen el estado de su balance y de su cuenta de resultados. Según estas fuentes, el volumen de información ha sido tal que desde el ente público han pedido un resumen más operativo que, aun así, supera las 200 páginas. Sin embargo, desde el ministerio, quieren resolver las dudas de si la situación de impago de Celsa desde el 3 de mayo de 2020 se explica solamente por la irrupción del covid-19 o si la compañía catalana ya sufría graves problemas anteriores de solvencia.

Foto: EC.

Dado el diagnóstico de urgencia de Celsa, especialmente tras la última decisión judicial, que le obliga a pagar unos 150 millones de euros a fondos de inversión tenedores de sus bonos, SEPI ha pedido ayuda a Grant Thornton y a Ramón y Cajal. La consultora está sometiendo a examen la información contable y financiera de la multinacional española, mientras que el bufete de abogados está analizando las implicaciones jurídicas del último auto del magistrado que anuló las medidas cautelares solicitadas por la empresa para evitar la ejecución de las garantías.

Desde la SEPI y desde Celsa, han declinado hacer ningún comentario sobre esta información. Las conversaciones entre las dos partes están muy avanzadas, ya que la petición de ayuda por parte del grupo industrial se produjo en septiembre, tal y como adelantó El Confidencial. Aunque los Rubiralta tenían dudas sobre las condiciones de la línea de financiación creada por el Gobierno a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia, dotado con 10.000 millones de euros, la familia catalana considera que esta es la mejor opción en las circunstancias actuales, debido a la duración de la pandemia y su impacto en la economía.

Foto: Oficinas de Celsa. (Celsa Group)

Fuentes próximas a las negociaciones indican que se espera que se llegue a un acuerdo en la segunda parte del mes de febrero, antes de que llegue el primer vencimiento del crédito bancario con garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO) pedido por Celsa en abril por importe de 75 millones de euros. Un préstamo que solicitó a espaldas de los fondos tenedores de su deuda de 2.000 millones de euros, parte de la cual se debería convertir en capital, por lo que la propiedad real de la compañía pasaría a manos de estos 'hedge funds'.

La SEPI no quiere entrar de forma directa en el capital de Celsa, por lo que los préstamos a Celsa serían los llamados participativos

La SEPI no quiere entrar de forma directa en el capital de Celsa, por lo que los préstamos a Celsa serían los llamados participativos, que se convierten en acciones en caso de impago a vencimiento. Los Rubiralta quieren que el Estado español haga como el italiano, que ha inyectado 400 millones en Ilva, una siderúrgica propiedad de la multinacional ArcelorMittal. Pero el acuerdo tiene que ser muy preciso desde el punto de vista legal, porque los fondos podrían llevar también a la SEPI a los tribunales para debatir sobre la prelación a la hora de cobrar en caso de venta de activos o concurso.

De hecho, los fondos podrían reclamar de forma inmediata que parte de esos 350 millones fuera destinada a pagarles los 35 millones de los intereses vencidos de mayo y los 112 millones de octubre. En total, casi 150 millones, cerca del 40% del rescate. Entre los inversores que reclaman a Celsa que cumpla con sus obligaciones, se encuentran 'private equity' y bancos de renombre mundial como CVC, Goldman Sachs, HSBC, Citi, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Barclays, Apollo, Deutsche Bank, Sculptor o Cross Ocean.

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