Celsa ya negocia su rescate con la SEPI para escapar de los fondos oportunistas

Celsa, el mayor grupo siderúrgico español, con una plantilla de casi 10.000 personas, ya ha dado el paso para acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno con el objetivo de evitar la quiebra de compañías afectadas por el covid-19. Según han confirmado fuentes oficiales, la sociedad propiedad de la familia Rubiralta ha iniciado la primera fase de petición de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que dispone de 10.000 millones de euros.

Las negociaciones entre Celsa y el organismo público encargado de gestionar este fondo están en lo que se conoce como fase preliminar, con la apertura del periodo de información. En este momento, el grupo catalán ha solicitado los requisitos que exige el Ministerio de Economía para recibir la ayuda estatal, como las condiciones en las que recibiría el dinero necesario para asegurar su futuro a medio y largo plazo.

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Una vez analizados todos estos detalles, el 'holding' decidirá si formaliza oficialmente la petición de ayuda o busca otras alternativas para salir de su delicada situación. Según distintas fuentes, Celsa necesitaría unos 300 millones de euros, con los que podría comprar parte de la deuda que vence a corto plazo y que cotiza actualmente apenas al 10% de su valor, al ser considerada de alto riesgo y de improbable cobro.

Por su parte, la SEPI ha requerido a Celsa los datos de su situación financiera a 31 de diciembre de 2019 para saber si se trataba de una empresa viable en ese momento, fecha que se ha tomado como referencia para determinar si era solvente antes de la aparición del covid-19. Asimismo, la SEPI quiere conocer con detalle el perfil del grupo para valorar su carácter estratégico para la industria nacional, así como los datos del número de centros operativos en España —cuenta con 13 plantas— y la plantilla (4.500 empleados directos y 33.000 indirectos trabajan en el país).

El primer aspecto es clave, porque Celsa viene arrastrando problemas financieros desde hace casi una década. La compañía de los Rubiralta, que adeuda unos 2.200 millones de euros, ha ido consiguiendo acuerdos con las entidades financieras para tirar hacia adelante sin incurrir hasta el momento en ningún impago. No obstante, en la última refinanciación, firmada en 2017, la banca ya accedió a concederle una quita y posteriormente vendió la deuda a fondos oportunistas, que se hicieron con el pasivo pagando apenas un 30% de su valor.

Actualmente, el grupo siderúrgico ha sido el primero en España en acogerse a la norma 'rebus sic stantibus', que permite a las compañías no atender el pago de una deuda por causas de fuerza mayor. Es decir, por ocurrir una circunstancia extraordinaria imprevista, ajena al negocio, que ha cercenado su capacidad de generar caja y pagar la deuda. La compañía solicitó el pasado mes de abril en un juzgado de Madrid la aplicación de esta excepción para evitar entrar en ‘default’, ya que no disponía de dinero para abonar los 35 millones que vencían el 4 de mayo.

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El juez le dio la razón y lo eximió de abonar esta cantidad hasta mayo de 2021, así como el próximo vencimiento de noviembre —112 millones— hasta la misma fecha del próximo año. Pero los acreedores han presentado batalla en el juzgado recurriendo el auto, al indicar que el 'holding' ya tenía graves problemas de solvencia en 2019 y que, aunque no hubiera emergido la pandemia, no hubiera podido cumplir con sus obligaciones financieras, especialmente con el pago de los 112 millones del próximo mes de noviembre.

Celsa ha conseguido un crédito de 75 millones avalados por el Estado por parte de Santander, CaixaBank, Sabadell y Bankia. Una línea de financiación con la que la compañía considera que puede aguantar los próximos meses si la industria, especialmente la del automóvil, mantiene la recuperación. Pero, en cualquier caso, será insuficiente para afrontar los pagos del próximo año a los acreedores, entre los que se encuentran bancos de primer nivel mundial como Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan, Citi, Morgan Stanley o Credit Suisse, y fondos buitre como CVC Credit Partners, Apollo, Sculptor, Canyon y Croos Ocean.

Ante esta situación, Celsa tiene que decidir en las próximas semanas si se acoge a la ayuda del Estado o cae finalmente y en apenas un año en manos de los fondos oportunistas.