POR EL IMPAGO DE LA DEUDA DEL GRUPO CATALÁN

Rubiralta demanda a los fondos buitre y gana tiempo para una dispensa a Celsa

La familia fundadora del mayor grupo siderúrgico español interpone en el juzgado una demanda contra algunos de los mayores bancos y acreedores del mundo

Foto: Oficinas de Celsa Group. (Celsa Group)
Oficinas de Celsa Group. (Celsa Group)
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Francesc Rubiralta ha cumplido su amenaza de llevar a los tribunales a una veintena de acreedores, entre los que se encuentran algunos de los bancos más importantes del mundo. El presidente de Celsa ha presentado la demanda para evitar que estos fondos oportunistas, en ejecución de su derecho por impago, se queden de forma inminente con la propiedad de la mayor empresa siderúrgica española, que emplea a 4.500 personas, un 22% más que la polémica Nissan.

Según han confirmado fuentes próximas al proceso, Celsa ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid la demanda contra Goldentree Asset Management, Cross Ocean, Canyon, Barclays, Sculptor, Credit Suisse, Credit Agricole, los fondos buitre de CVC y Deutsche Bank, entidades que forman parte de un conjunto de 25 acreedores que el pasado 3 de mayo exigieron el pago de un vencimiento de 34,39 millones al que la empresa no pudo hacer frente.

En un auto que se considera histórico, el juez concedió a los Rubiralta hace un mes unas medidas cautelares para evitar la ejecución inmediata de las garantías (acciones de Celsa). La familia debía presentar la demanda en 20 días hábiles para que estas medidas de protección estuviesen vigentes. De no hacerlo, hubiera entrado oficialmente en 'default'. Por eso, ha ido al juzgado para cursar su escrito en una batalla del que están pendientes muchas otras empresas en situación similar por los estragos económicos del covid-19.

Rubiralta sostiene en su defensa que estos fondos oportunistas han intentado aprovecharse de la situación provocada por el impacto económico del covid-19 para lanzar un ataque injustificado contra la familia, fundadora y propietaria al 100% de las acciones del grupo siderúrgico con sede en Barcelona. Pero los acreedores sostienen que este argumento es una excusa, ya que la compañía reconoció en la última refinanciación de finales de 2017 por un total de 2.700 millones que una parte de esa deuda por 1.250 millones era ‘no sostenible’.

Los fondos aseguran que Celsa iba a entrar en 'default' antes o después, por lo que exigen cumplir las condiciones del contrato en caso de impago

Por tanto, una parte de los acreedores exige cumplir con las condiciones del contrato, que les da derecho a quedarse con cerca del 99% del capital de Celsa en cuanto se produjera el primer impago. Fuentes próximas a estos fondos indican que, aunque la compañía hubiera podido haber pagado la cuota de 34,39 millones del pasado 3 de mayo si no llega a irrumpir el covid-19, en ningún caso podía haber hecho frente a los 103,19 millones del próximo 4 de noviembre.

Las partes han estado negociando en las últimas semanas, hasta el punto de que, tal y como adelantó El Confidencial el pasado 22 de mayo, los acreedores ofrecieron a los Rubiralta mantener el 51% del capital a corto plazo y la gestión del grupo catalán a cambio de convertir 650 millones de deuda en acciones por el 49% restante y de pagar un 12% por unas nuevas líneas de financiación que dieran estabilidad para los próximos cinco años. Pero la compañía ha rechazado esta propuesta al estimar que solo supondría retardar la perdida de la propiedad, porque la deuda volvería a crecer en 1.250 millones en 2025.

Reputación en juego

Rubiralta ha conseguido que acreedores como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Apollo, HSBC, JP Morgan, Citi y Carval le hayan dado un 'waiwer' o dispensa para demorar el pago de mayo y de noviembre al menos un año, a cambio de pagar entre un 6 y un 8% de interés. La compañía espera que CVC y Deutsche Bank, preocupados por la reputación de aparecer como unos ejecutores, también se adhieran a este cambio de postura en los próximos días, por lo que ya tendría el apoyo del 40% de los acreedores.

Pero este apoyo es insuficiente, puesto que para conseguir este beneplácito es necesario el visto bueno del 95% de los tenedores de la deuda. Mientras estos fondos no le den esta autorización, la compañía no puede usar un crédito con garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 75 millones otorgado en abril por Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia.

Este dinero es fundamental para garantizar la operatividad de las plantas, que en España dan trabajo a 4.500 personas y a 9.900 en toda Europa. Pero los acreedores actuales se niegan, porque este nuevo crédito tendría prevalencia sobre la deuda presente en caso de que Celsa entrase en concurso, por lo que Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia cobrarían primero y los fondos después, si quedase dinero o activos por recuperar. “No nos pagan y, encima, nos tenemos que poner a la cola si no pagan porque otros bancos tendrán más derechos”, explican desde uno de los acreedores actuales, los cuales admiten que Rubiralta ha ido demasiado lejos al recurrir a los tribunales. “Así no se negocia”, sentencian.

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