PROPONEN CANJEAR 650 MILLONES EN CAPITAL

Los fondos buitre proponen dejar a Rubiralta con el 51% de Celsa al 12% de interés

Los acreedores de la compañía siderúrgica catalana proponen a la familia fundadora canjear 650 millones de la deuda a cambio del 49% de las acciones

Foto: Centro de producción de Celsa en Barcelona. (Celsa Group)
Centro de producción de Celsa en Barcelona. (Celsa Group)
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El pulso entre los mayores fondos oportunistas del mundo y la familia Rubiralta por asegurar el futuro de Celsa, la mayor empresa siderúrgica de España, tiene un nuevo capítulo. Los acreedores han propuesto a la familia fundadora el canje de 600 millones de deuda en acciones, lo que les daría la propiedad del 49% del capital, mientras que los empresarios catalanes mantendrían el 51% restante en una primera etapa. Una solución que ha sido mal recibida por los Rubiralta, porque incluye una línea de financiación con un interés del 12% pagadera a cinco años. Pese a las diferencias, ambas partes mantienen las negociaciones abiertas con voluntad de alcanzar un acuerdo en las próximas semanas.

Según han confirmado varias fuentes próximas a las negociaciones, el grupo de los llamados fondos buitre, entre los que se encuentran CVC, Deutsche Bank, Cross Ocean, Barclays, Apollo, Goldman Sachs, Goldentree, Credit Suisse y Scuptor (antiguo Och Ziff), ha puesto encima de la mesa una alternativa para evitar una guerra judicial derivada del impago de un vencimiento de deuda que expiró el pasado 4 de mayo. Al no pagar Celsa los 34,4 millones a los que estaba obligada a principios de este mes, los acreedores exigieron la ejecución de la garantía, que no es otra cosa que las acciones propiedad 100% de la familia.

Dada la deuda actual —unos 2.200 millones—, la ejecución daría a los fondos oportunistas la mayoría del capital, por lo que los Rubiralta se quedarían con una participación inferior al 10%. Pero los empresarios catalanes impidieron este movimiento al solicitar a un juzgado unas medidas cautelares que evitasen durante un año el ejercicio de este derecho por parte de los 'hedge funds' con la argumentación de que la irrupción del covid-19 les había impedido cumplir con sus obligaciones financieras, como habían hecho hasta el momento. El juez les dio la razón de forma momentánea en un auto histórico al que quieren recurrir otras empresas en problemas mientras se sustancia la demanda formal, por lo que los fondos han propuesto una salida a esta encrucijada que, según el auto judicial, podría suponer la liquidación de Celsa.

La alternativa es que los 'hedge funds' traduzcan en acciones la mitad de los 1.350 millones de deuda calificada como no sostenible con los recursos que genera la empresa a cambio del 49% del capital. Los Rubiralta se quedarían con el 51% restante y se comprometerían a amortizar durante cinco años 100 de los 750 millones restantes. Además, los fondos les darían una línea de crédito con vencimiento único en 2025 para que la compañía pudiera seguir operando y poder hacer frente al préstamo adicional de 900 millones cuyo impago ha desatado las hostilidades.

Pero la familia ha rechazado esta opción, porque considera que el planteamiento incluye una letra pequeña que les haría perder su participación, además de llevar a Celsa a engordar su deuda hasta niveles muy parecidos en cinco años. Porque la línea de crédito es a un interés del 12%, por lo que el pasivo engordaría hasta los 1.250 millones en 2025, y porque los fondos se guardan el derecho de vender la compañía en cualquier momento si llegase una oferta, la cual obligaría a los Rubiralta a aceptarla. De esta forma, sostienen que se asegura la viabilidad de Celsa, que en noviembre tiene otro vencimiento de 103 millones, durante al menos cinco años.

Celsa pidió un préstamo avalado por el ICO de hasta 75 millones de euros para asegurar sus operaciones a corto plazo, pero el grupo siderúrgico no puede disponer de este dinero nuevo si los acreedores actuales no se lo autorizan, ya que esta nueva deuda tendría prevalencia a la hora de cobrar en el caso de que la compañía acabase en quiebra.

Las posiciones están distantes, porque los fondos acusan a los Rubiralta de poner en riesgo los puentes de negociación al llevar el caso a los tribunales, lo que se ha interpretado como un ataque de quien no puede pagar y que no quiere ceder para lograr una solución pactada, pese a reconocer que 1.350 millones de deuda no son pagables en ningún caso, con o sin covid-19. Recuerdan que lo mismo ocurrió con Abengoa y Codere, cuyos fundadores, los Benjumea y los Martínez-Sampedro, respectivamente, tardaron en reconocer la inviabilidad de sus negocios por el pasivo que acarreaban.

La familia considera que las maniobras de los 'hedge funds' son vergonzosas, al tratar de aprovecharse de una pandemia global, de una situación histórica a nivel mundial, para ejecutarles pese a que hasta la fecha siempre había cumplido con sus obligaciones. Y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender el proyecto y los 9.600 empleos del grupo.

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