EL CASO CELSA QUE REVOLUCIONA EL COVID-19

Un precedente judicial histórico para no perder su casa, su bar o su empresa

Celsa, la mayor empresa siderúrgica de España, ha conseguido que un juez paralice la ejecución de unas deudas que le hubieran hecho perder la propiedad del negocio

Foto: Oficinas de Celsa Group. (Celsa Group)
Oficinas de Celsa Group. (Celsa Group)
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Nunca se había visto nada igual desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Civil española o desde la fiebre española de 1918 que arrasó parte de Europa y de los Estados Unidos. Estas son las referencias que se están utilizando para medir el impacto del covid-19 en las economías del mundo. Las comparaciones llegan incluso al Gran Invierno de 1709, que dejó más de 600.000 muertos en Francia y una cifra similar en el Reino Unido, para ilustrar el hondo terremoto que está dejando el coronavirus por donde pasa.

Las cifras de paro en España o en Estados Unidos, donde en dos meses se han destruido los mismos empleos —más de 20 millones— que se crearon en los últimos 10 años muestran la profundidad de una crisis que amenaza con llevarse por delante miles de pequeñas empresas, cientos de grandes e incluso algunos estados y países. Aquí, 442.000 autónomos y pymes han pedido aplazar el pago de sus impuestos, mientras que la banca ha recibido 525.000 solicitudes de moratoria para dejar de abonar la hipoteca temporalmente.

En medio de esta hecatombe, que emergerá como un tsunami en cuanto los problemas de liquidez se transformen en problemas de solvencia (supervivencia), una empresa ha marcado lo que puede ser un antes y un después en los litigios que se van a amontonar en los juzgados. Se trata de Celsa que, tal y como adelantó El Confidencial el pasado jueves, ha conseguido que un juzgado le conceda unas medidas cautelares para que sus acreedores, a los que no podía pagar un vencimiento de deuda que expiraba el pasado 4 de mayo, no le ejecuten la garantía y se queden con el activo.

Celsa, la mayor empresa siderúrgica de España, que da trabajo a unas 33.000 personas de forma directa e indirecta, solicitó la semana pasada a un juzgado de Madrid para que, dadas las circunstancias provocadas por el covid-19, le exonerase de pagar esas deudas inminentes. De no hacerlo, hubiera supuesto la pérdida de la propiedad de la compañía, fundada hace 53 años por la familia Rubiralta. El grupo, con unas ventas de casi 7.000 millones al año, se puso en manos de Cortés Abogados para que, acogiéndose a una cláusula de tiempos de guerra, no tuviera que hacer frente a sus créditos.

Es la llamada 'rebus sic stantibus', sobre la que en España no hay jurisprudencia debido a que nunca en las décadas recientes se ha vivido una situación similar a la provocada por la pandemia. Es el derecho que tiene un acreedor para no atender las obligaciones firmadas en un contrato si un súbito cambio de las condiciones económicas, no atribuibles a su gestión, le impiden pagar como había hecho hasta la fecha.

Operarios de Celsa en su planta de Barcelona. (EFE)
Operarios de Celsa en su planta de Barcelona. (EFE)

La empresa catalana, que hasta la fecha había abonado, a trancas y barrancas, todas sus deudas, tras una década de crisis permanente, ha sido la primera que se ha aferrado a un juzgado para evitar perder su negocio. El juzgado de instrucción número 40 le ha concedido unas medidas cautelares para no tener que amortizar sus créditos durante 2020 y 2021. Y además le ha dispensado de tener la obligación de cumplir una serie de cláusulas —'covenants' en la terminología financiera— sobre su solvencia (la relación entre su Ebitda y la deuda), que de incumplirlas por la brusca caída de las ventas, le hubieran supuesto también la ejecución por los acreedores.

Luis Cortés, hermano de Matías Cortés, el abogado de confianza del Grupo Prisa y de Sacyr, entre otros grandes clientes del Ibex, fallecido hace ahora casi un año, ha sido el artífice de esta petición que ha revolucionado a los grandes bufetes de España, tanto los nacionales como los internacionales. Porque el paso dado por Cortés Abogados, con un documento de 400 páginas, incluido anexos, es inaudito en España.

Y valiente, si se tiene en cuenta que enfrente, entre los acreedores de Celsa, están bancos y fondos de inversión del calibre de Goldman Sachs, el gran bróker de Wall Street, Deutsche Bank y CVC Credit Partners, uno de los mayores 'private equity' del mundo, con 75.000 millones de dólares bajo gestión y participaciones en empresas como Naturgy, Cortefiel, la Fórmula 1, la liga británica de rugby, la Universidad Alfonso X El Sabio o Vitalia (residencia de mayores).

Pero lo más importante es la decisión del juez que, sin consultar a la otra parte, le ha dado en cuestión de días las cautelares a Celsa. Todo un precedente que, según fuentes de varios despachos internacionales, puede ser utilizado por cualquier pyme, autónomo o trabajador que, por las consecuencias sobrevenidas por el covid-19, se vea en un verdadero apuro para mantener su casa, su pequeño negocio, como un bar o un restaurante. Es decir, si no ingresa por tener cerrada su empresa por decisión gubernamental o haber perdido el empleo, dispone de una herramienta para enfrentarse a los acreedores.

Incluso, si el Tribunal Supremo confirmase la primera sentencia, sería un ariete que podría usar una administración pública que, debido a la caída histórica de su recaudación y a los gastos incurridos para tratar los daños sanitarios y económicos de la pandemia, no puede devolver los créditos que pidió cuando era solvente. El precedente es tal que podría darse la circunstancia de que una persona pudiera demandar al Estado por obligarle a cerrar su negocio y reclamarle, por tanto, la Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

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