El juez ataca a CVC, Deutsche, Credit Suisse y fondos buitre por su ofensiva contra Celsa

Celsa, sus 12 factorías en España y sus 9.600 trabajadores directos siguen funcionando gracias, en parte, a Jesús Antonio Broto Cartagena, el magistrado del Juzgado número 60 de Primera Instancia de Madrid, que se ha puesto de su parte en la demanda que la primera empresa siderúrgica del país ha interpuesto contra más de una veintena de fondos oportunistas, entre los que se encuentran los cinco mayores bancos de Wall Street. Unos fondos buitre que han exigido la ejecución de las garantías por impago de un préstamo de 900 millones de euros en pleno tsunami del covid-19 contra el 'holding' propiedad de la familia Rubiralta.

En el auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez da la razón a Celsa, por considerar que la compañía no ha podido hacer frente al vencimiento de 34,39 millones que tenía que haber abonado el pasado 4 de mayo por las consecuencias que la pandemia y el estado de alarma decretado por el Gobierno han tenido en su producción. Una situación sobrevenida, sobre la que el grupo con sede en Barcelona no tiene ninguna responsabilidad y de la que, en opinión de la empresa y del juez, se han querido aprovechar los acreedores.

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“Esa ejecución de garantías implicaría una absoluta destrucción de valor en beneficio de los acreedores privilegiados por excelencia del Grupo Celsa, esto es, los prestamistas jumbo, dejando, de esta manera, en la estacada, entre otros, al resto de acreedores que no tienen garantías y, aún más, supondría con seguridad la liquidación y desaparición misma del Grupo Celsa, el primer productor siderúrgico de España, con 9.680 trabajadores”, señala el auto en el que el juez concede medidas cautelares para evitar que los tenedores de la deuda se queden con las acciones de la compañía.

Entre estos acreedores, los cuales compraron a derribo este préstamo de 900 millones de euros que la banca española vendió a entre el 15 y el 30% de su valor inicial, se encuentran grandes fondos denominados oportunistas como CVC Credit Partners (el fondo buitre de CVC Capital Partners, dueño en España de Naturgy, Deoleo, Cortefiel o CLH), Apollo, Canyon, Sculptor (antigo Och- Ziff) Cross Ocean, TCA o Carval, que manejan más de 400.000 millones. Pero, sobre todo, están los vehículos buitre —compran a derribo para obtener grandes rentabilidades de más del 30%— de bancos mundiales como Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley, los cinco grandes de Wall Street, más los europeos de Credit Suisse, Barclays, Crédit Agricole y Deutsche Bank.

El juez sostiene que Celsa ha cumplido hasta la fecha con los compromisos de pago, al atender puntualmente los vencimientos de 2018 y de 2019, por un importe total de 152,70 millones de euros, y abonar intereses por un importe agregado de 59,72 millones. "Es decir, en total, ha satisfecho en dos años a los acreedores la suma de 212,43 millones", indica en el auto. Además, añade que en el primer trimestre de 2020, antes de la irrupción del coronavirus, la compañía había venido cumpliendo con el resto de obligaciones derivadas del préstamo jumbo, sin que, en consecuencia, hubiese presentado circunstancia alguna que pusiera en peligro el cumplimiento de sus compromisos.

El juez sostiene que Celsa ha cumplido hasta la fecha con los compromisos de pago, al atender puntualmente los vencimientos de 2018 y 2019

Pero Broto Cartagena expone que "es un hecho notorio que la situación provocada por la pandemia del covid-19 ha supuesto una caída brusca de la producción y de la demanda", con "una caída a plomo de sus ventas, especialmente, a partir de la paralización de las actividades no esenciales impuesta por el Real Decreto-ley 10/2020, que ha obligado al cierre completo de sus plantas". Unas fábricas que solo están operando ahora a un 50%-60%, lo cual acredita los problemas de Celsa hasta para conseguir la materia prima —es el mayor reciclador español de chatarra— para elaborar sus productos. Prueba de ello es que la empresa aplicó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a 3.041 trabajadores en España, lo que representa el 89% de su plantilla fija en nuestro país.

Un caso de estudio

La compañía sostiene en su demanda ante el juez que el covid-19 le ha supuesto una pérdida de facturación de, cuanto menos, 144 millones, una disminución del resultado operativo o ebitda de 174 millones, esto, es, un 45% menos que el previsto, y una posición de tesorería a finales de abril de 60 millones, en lugar de los 83 millones estimados en el plan de negocio respaldado por PwC y KPMG cuando se firmó el crédito a finales de 2017. "Por tanto, se debe compartir que la situación actual ha afectado de manera grave el modelo de negocio de la parte actora y a los resultados que eran esperables y previsibles en una situación normal" indica el magistrado.

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El auto, que califica la situación actual como excepcional y sin precedentes, como demuestra la declaración del estado de alarma, considera que la actual pandemia no estaba contemplada en el plan de negocio cuando se acordó la refinanciación inicial. Por ello, ha concedido a Celsa unas medidas cautelares para no tener que hacer frente a la deuda vencida el pasado 4 de mayo ni al siguiente pago de 103 millones del próximo mes de noviembre hasta un año después de la fecha inicial, ya que "la mera posibilidad de que puedan proceder a la ejecución de las garantías reales puede llevar fácilmente a una drástica reducción del riesgo que todos los demás conceden al grupo (incluyendo, entre ellos, las aseguradoras de crédito) y provocar la desaparición del grupo".

Una sentencia que está siendo analizada por numerosos bufetes de abogados para ser utilizada ante la avalancha de concursos de acreedores que se avecina por la depresión económica derivada por el covid-19.