Celsa frena a los fondos oportunistas tras conseguir medidas cautelares en el juzgado

Celsa, la mayor empresa industrial de Cataluña, con más de 9.300 empleados directos en todo el mundo, ha recurrido a los tribunales para evitar el impago inmediato de su deuda y que los fondos oportunistas o 'hedge funds' tenedores del pasivo pudieran ejecutar las garantías. El grupo siderúrgico con sede en Barcelona ha conseguido que un juzgado le otorgue las medidas cautelares para aplazar el abono de sus préstamos hasta abril de 2021.

La familia Rubiralta, dueña del 100% de Celsa, consiguió la semana pasada una línea de crédito de hasta 75 millones de euros otorgada por Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell y Bankia para hacer frente a la situación actual derivada del covid-19. La firma se hizo con los avales concedidos por el Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo que ha dado un balón de oxígeno a la compañía, que ha tenido cerca de un 40% de sus plantas paradas o a baja producción por la falta de materia prima —la chatarra— y la caída de la demanda.

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Sin embargo, este dinero no es suficiente para poder hacer frente a las amortizaciones de 1.250 millones de euros de deuda convertible en capital. En caso de impago de cualquiera de los vencimientos, los tenedores de este pasivo tienen la posibilidad de quedarse con la mayoría de la acciones de la multinacional.

Y eso fue lo que ocurrió este lunes, cuando Celsa tenía que haber abonado 35 millones de euros a los 'hedge funds' que el año pasado compraron esta deuda los bancos españoles, que la vendieron a un 30% de su valor nominal. Es decir, Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell y Bankia traspasaron estos 1.250 millones por apenas 350 millones al considerar que esa deuda era no sostenible.

Celsa había pedido a estos fondos retrasar el pago de estos 35 millones y los 115 adicionales que tiene que amortizar en noviembre de 2020, dada la incertidumbre sobre la evolución del negocio siderúrgico y de la economía en general. Según distintas fuentes, los 'hedge funds' aceptaban demorar el abono que venció el pasado 4 mayo, pero no el que expira dentro de apenas seis meses, por lo que finalmente no hubo acuerdo antes de que estos acreedores pudieran exigir la ejecución de las garantías.

Ante esta situación, los Rubiralta han acudido a la Justicia para solicitar medidas cautelares que les permitan retrasar el pago de abril hasta el mismo mes del próximo año, y el de finales de 2020, a noviembre de 2021. Además, han solicitado al juzgado que este año no se tomen en cuenta los llamados 'covenants' o cláusulas que miden la solvencia de una compañía y según las cuales, si no se cumplen, los acreedores tienen derecho a ejercer la prenda o garantía. La más habitual es la que mide el beneficio operativo o ebitda en relación con la deuda, y que este año, debido a la caída del negocio, presuntamente se disparará por encima de los límites establecidos en el contrato de financiación.

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Para ello, Celsa, de la que dependen unos 12.000 empleos directos e indirectos, se ha acogido a una cláusula incluida en el contrato de financiación denominada de fuerza mayor —'rebus sic stantibus'— que permite solicitar el aplazamiento del pago cuando surgen circunstancias extraordinarias sobrevenidas e imprevisibles no existentes en el momento de la firma.

Refinanciación en dos tramos

Celsa cerró a finales de 2017 una refinanciación de su pasivo de casi 2.700 millones que se estructuró en dos tramos. El primero, por 1.425 millones, se calificó como la deuda que la empresa acerera podía amortizar en un plazo máximo de cinco años, hasta noviembre de 2022. A su vez, este primer tramo estaba compuesto por 525 millones de euros de financiación del circulante y otros 900 millones con amortizaciones ordinarias semestrales crecientes a partir de mayo de 2018.

El segundo tramo ascendía a 1.250 millones y su vencimiento se extendió hasta 2023 en un solo pago. Pero se calificó de ‘no sostenible’, por lo que los acreedores ya daban por hecho que no podrían recobrar esta partida, casi un 40% del total. Era una quita encubierta para permitir que Celsa siguiera en funcionamiento y, de esta forma, no tener que provisionar la deuda en su integridad. Hasta el pago actual. Los bancos españoles vendieron esa deuda el pasado año a los 'hedge funds', que ahora quieren cobrar.