Celsa eleva a 500 M su petición a la SEPI y se perfila como el mayor rescate público

El deterioro de la economía se está viendo en los cientos de millones de ayudas que las empresas españolas están pidiendo al Estado para su supervivencia. Según aseguran fuentes financieras, Celsa, la siderúrgica catalana propiedad de la familia Rubiralta, ha incrementado la solicitud de rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por encima de los 500 millones de euros, lo que la convertirá en la empresa que más ayudas públicas ha recibido del Gobierno.

Según fuentes próximas a las conversaciones, Celsa y la SEPI tiene muy avanzada la concesión de varios préstamos y aportación de capital para evitar que la multinacional siderúrgica catalana vaya a concurso de acreedores. El presidente de Celsa, Francesc Rubiralta, está en contacto permanente con Bartolomé Lora, presidente provisional del ente público.

TE PUEDE INTERESAR

La SEPI pide una auditoría a Grant Thornton y Ramón y Cajal antes de rescatar a Celsa

Agustín Marco

El problema de última hora ha sido que Celsa, que inicialmente calculó en 350 millones la necesidad de liquidez para hacer frente al impacto del covid-19, como adelantó El Confidencial el pasado 15 de septiembre, ha elevado en más de un tercio su petición de inyección de dinero público. La compañía, que arrastra problemas de deuda desde 2010, consideró en un primer momento que le bastaría con entre 300 y 350 millones, pero la dureza de la crisis económica ha llevado a Rubiralta a pedir entre 500 y 550 millones.

Fuentes oficiales de Celsa han declinado hacer ningún comentario sobre esta información, ya que esperan que sea el comité gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dependiente del organismo estatal, el que se pronuncie oficialmente sobre el montante de la solicitud. "Una cosa es lo que se le pida y otra lo que se le dé", explican otras fuentes de las conversaciones. La SEPI ha solicitado una auditoría a Grant Thorntonpara autorizar el importe del rescate por esos más de 500 millones, dinero esencial para la supervivencia de un grupo con más de 9.000 empleados en todo el mundo.

Dejó de atender los pagos de la deuda que vencieron en mayo y en octubre de 2020

Además de los dueños, los acreedores, entre los que se encuentran los mayores fondos oportunistas del mundo y varios bancos españoles, están a la espera de la decisión final de la institución dependiente del Ministerio de Hacienda. La compañía dejó de atender los pagos de deuda que vencieron en mayo y octubre de 2020.

Revés judicial

Pero Celsa, en una decisión inédita en España, se agarró a la cláusula 'rebus sic stantibus' para evitar esos pagos ante la aparición de una fuerza de causa mayor, como fue la pandemia. Aunque un juez la protegió inicialmente de las pretensiones de ejecución por parte de los acreedores, un auto posterior de un magistrado anuló las medidas cautelares y conminó a la compañía a cumplir con sus obligaciones.

JP Morgan, Goldman Sachs, CVC, Deutsche Bank y Citi, algunos de los acreedores con más renombre, han propuesto a los Rubiralta convertir parte de los 1.400 millones que adeuda en capital para evitar que la empresa quiebre. Una operación que daría la propiedad mayoritaria a los fondos oportunistas de estos bancos mundiales y a la que se niega la familia por considerar que se están aprovechando de una coyuntura extraordinaria por el coronavirus.

Celsa había cumplido hasta el 30 de abril del pasado año con sus pagos. Aun así, con independencia de la pandemia, ya tenía dificultades para afrontar los vencimientos del pasado 4 de mayo —35 millones— y, especialmente, del 4 de noviembre (115 millones) de 2020. Es decir, necesitaba una reestructuración que pasaba, según el último acuerdo de 2017 con los acreedores, por una transformación de gran parte de esa deuda en capital. Una operación que suponía 'de facto' que la propiedad mayoritaria de las acciones sería de los fondos y no de los Rubiralta.

En medio de esa batalla judicial, la familia consiguió un crédito ICO de 75 millones concedido por Santander, CaixaBank, Bankia y Sabadell. Los bancos, que inicialmente estaban por ayudar a Celsa, quieren ahora recobrar el préstamo. Han contratado los servicios del banco de inversión PJT Partners para que los asesore en la recuperación de este dinero. Una opción que solo es viable si la SEPI abre el grifo por una cantidad que supondría el mayor rescate público hasta la fecha, ya que superaría los 475 millones otorgados a Air Europa.