Celsa y SEPI se pelean por el rescate de 550 M para evitar litigios con los fondos buitre

El mayor rescate de la crisis provocada por el covid-19 pende de un hilo. La petición de Celsa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 550 millones de euros debía haberse aprobado el pasado martes, pero la compañía controlada por Francesc Rubiralta no acepta el formato ofrecido por el ente público. Según fuentes financieras próximas a las conversaciones, la institución dependiente del Ministerio de Hacienda propone conceder la ayuda mediante un crédito a largo plazo, mientras que el empresario catalán exige un préstamo participativo, convertible en capital.

La diferencia, meramente técnica, es muy relevante, tanto para Celsa como para la SEPI. Desde el ángulo de la compañía, recibir los 550 millones como un préstamo participativo supone reforzar, además del balance, el patrimonio, ya que ese dinero computaría como capital. Por lo tanto, en el caso de que el grupo siderúrgico no pudiese devolver ese crédito, el Estado canjearía esa financiación en acciones de Celsa, de la que sería uno de sus mayores dueños, en contra de su voluntad.

Si, como propone el ente público, la inyección de fondos se hace como un crédito tradicional, Rubiralta deberá sumar esos 550 millones a los cerca de 2.000 millones que ya arrastra y cuyos últimos pagos la compañía no ha podido atender desde mayo de 2020. El grupo con sede en Cataluña dejó de cumplir el pasado año con sus obligaciones financieras por cerca de 90 millones de euros y evitó la ejecución por parte de los acreedores a través de una argucia legal que posteriormente los tribunales echaron abajo.

En el caso de que el grupo siderúrgico no pudiese devolver ese crédito, el Estado canjearía esa financiación en acciones de Celsa

La petición del rescate a la SEPI ha paralizado la conversión de unos 1.000 millones de deuda convertible en manos de fondos oportunistas de primer nivel mundial, como los ‘hedge funds’ de Citi, JP Morgan, Deutsche Bank, CVC o Goldman Sachs, en acciones de Celsa, lo que hubiera supuesto que Rubiralta perdiese la propiedad de la empresa familiar. Pero el acuerdo con el ente público se ha ido retrasando, hasta el punto de que los responsables del Ministerio de Hacienda han paralizado las conversaciones con el presidente del grupo siderúrgico.

“Desde hace un mes, no ha vuelto a haber negociaciones. La SEPI ya no quiere discutir más con la compañía las condiciones del rescate”, aseguran fuentes próximas a la petición de ayuda. “Celsa está a la espera de la aprobación de los 550 millones, que deberían haberse autorizado el pasado martes. Mañana hay una nueva reunión del comité de la SEPI en la que se volverá a analizar la concesión del dinero y en qué forma”, indican otras fuentes relacionadas con el que sería el mayor rescate de una empresa española por la pandemia, por encima de los 475 millones otorgados a Air Europa.

Estas fuentes señalan que Rubiralta ha ofrecido incluso a la SEPI realizar una ampliación de capital de 50 millones de euros —que suscribiría la familia en su totalidad— como señal de máxima confianza en el futuro de Celsa. Siempre y cuando el préstamo fuera de carácter participativo. Con ambas aportaciones, el presidente bloquearía la pretensión de los acreedores de hacerse con el control del grupo y ganaría tiempo para una negociación con los fondos en una posición de más fuerza.

TE PUEDE INTERESAR

Técnicas Reunidas solicita 290 M de la SEPI tras anotarse pérdidas de 164 M

Cotizalia

La demora en la ayuda ha ido acompañada de una mejora sustancial de las cuentas de Celsa, que cuando inició los trámites con el Ministerio de Hacienda estimaba alcanzar este ejercicio un beneficio operativo o ebitda de unos 180 millones de euros. Pero la gran subida de los precios de las materias primas, que ha beneficiado a compañías como Arcelor Mittal y Ferroglobe, ha provocado un cambio sustancial y positivo en las previsiones de la compañía catalana.

Pese a que esta mejora del ebitda es todo un alivio para la sociedad catalana, el grupo no sería capaz de devolver los 2.000 millones que adeuda. Y la SEPI no se quiere ver involucrada en una negociación posterior, actualmente judicializada, con unos fondos oportunistas o buitres.