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La SEPI inicia la suspensión del rescate de Celsa y avisa del riesgo de quiebra
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POR LA GUERRA CON LOS ACREEDORES

La SEPI inicia la suspensión del rescate de Celsa y avisa del riesgo de quiebra

El ente público inició este martes los trámites para cancelar los préstamos de 550 millones concedidos a la empresa siderúrgica por la guerra entre el accionista y los acreedores

Foto: Logo de Celsa Group. (Celsa Group)
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La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha decidido echar el freno al rescate de 550 millones de euros destinado a salvar de la quiebra a Celsa. El organismo público ha comunicado oficialmente a la familia Rubiralta, principal accionista del grupo siderúrgico, y a los acreedores, que ha puesto en marcha la documentación para suspender el mayor paquete de ayudas aprobado hasta la fecha por efectos de la pandemia. La SEPI justifica esta decisión por las profundas diferencias entre el dueño y los tenedores de la deuda, a los que se exige condonar 1.200 millones de pasivo.

SEPI envió el pasado lunes sendos avisos oficiales a Celsa y a los fondos oportunistas, propietarios, estos últimos, del 90% de los 2.300 millones que adeuda la empresa, para informarles de que en la sesión del consejo gestor que se iba a celebrar al día siguiente (ayer) se calificaría como “negativo” el informe sobre el rescate de Celsa. Este filtro es indispensable para llevar el expediente al Consejo de Ministros, antes de que finalice el presente mes de junio. Aunque el ente público aprobó el rescate hace casi un mes, una condición vital era que antes llegaran a un acuerdo el accionista y los acreedores para reducir la deuda que se considera insostenible y que asciende a 1.200 millones.

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El comunicado de la SEPI, que el viernes por la tarde exigió un acuerdo antes de las 10:00 del lunes, tuvo una repercusión inmediata en la familia Rubiralta, que convocó una reunión de urgencia con los acreedores, entre los que destacan Deutsche Bank, Goldman Sachs, Anchorage, Attesor, Sculptor y SPV. Pero las posturas seguían muy alejadas, hasta el punto de que la compañía emitió una nota de prensa en la noche del lunes en la que rechazaba la oferta realizada por los fondos el pasado domingo por ser “incompatible con la ayuda pública estatal y la vocación estratégica, industrial e inversora del Grupo Celsa”.

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La propuesta de los ‘hedge funds’ consistía en canjear 500 millones de deuda por el 49% del capital de la compañía, cuya mayoría del accionariado quedaría en manos de los Rubiralta. Al tiempo, pedían la creación de un vehículo en Luxemburgo, sede habitual de cualquier fondo de capital riesgo, para que, en el caso de que la empresa consiguiera beneficios futuros superiores al valor del pasivo, lo que se calcula entre 2.300 y 2.500 millones, los primeros 700 millones fuesen para los acreedores y los 500 siguientes, a repartir a partes iguales. Un vehículo similar al que rige en Supermercados DIA y en Prisa, que, según fuentes financieras, no consumiría caja ni contabilizaría como deuda, ya que serían acciones preferentes.

Este martes, el grupo siderúrgico y los acreedores, asesorados por Houlihan Lokey, mantuvieron varias conversaciones para intentar limar asperezas, según fuentes cercanas a las conversaciones. Pero los Rubiralta se mantuvieron firmes en lo que califican como líneas rojas. Se negaron en redondo a que los fondos tengan ni el 0,001% del capital de Celsa y les animaron a que aceptaran la cancelación de 1.200 de los 2.300 millones que les adeuda en total el grupo. La siderúrgica defiende que esos créditos los compraron por apenas 300 millones cuando la banca española (Santander, CaixaBank, Bankia y BBVA) los vendió a derribo en el mercado secundario ante el riesgo de impago. Su última oferta fue aceptar 75 millones en lugar de los 700 que reclaman y otros potenciales150 millones a futuro. En total, unos 225 millones. La respuesta también fue negativa.

Además, los directivos de Cesla invitaron a los acreedores a que la nueva estructura de la deuda estuviese conformada por los 550 millones de euros de la SEPI, de los que 150 millones se quedarían en la caja, 525 millones en forma de circulante en manos de bancos nacionales y 662 millones en nombre de los fondos, con un tipo de interés del 2% y un vencimiento a siete años. Teniendo en cuenta que Celsa ya lleva impagados 425 millones y se considera una empresa de alto riesgo o ‘high yield’, conseguir esta financiación en los mercados financieros le costaría cerca de un 10% de interés.

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La advertencia de la SEPI se produce porque, en caso final de acuerdo, el consejo gestor debería enviar el informe a la Comisión Europea, que necesitaría al menos 10 días hábiles para validarlo. Una vez obtenido el visto bueno de Bruselas, el Consejo de Ministros tendría que dar la última autorización antes del próximo 30 de junio. Como el consejo asesor de la SEPI ya no se reúne hasta el 14 de junio, los responsables europeos no tendrían su resolución hasta al menos el día 28, la última fecha en la que Pedro Sánchez se reúne con su equipo de Gobierno. En otras palabras, no habría tiempo material para que Moncloa lo estudie con detenimiento para evitar polémicas judiciales como la de Plus Ultra o riesgo de recuperación del dinero, como ocurre actualmente con el crédito de 475 millones concedido a Air Europa.

Impago y concurso de acreedores

Si no hubiese acuerdo, el riesgo de que Celsa acabe en concurso de acreedores es exponencial, porque la compañía ya ha dejado de atender obligaciones financieras por 425 millones. Como a partir del próximo 1 de julio expira la moratoria que impide a las compañías afectadas por la pandemia recurrir a esta medida de protección, en septiembre cualquier fondo o incluso la propia familia Rubiralta podría instar la situación concursal.

Los actuales accionistas han conseguido el apoyo de los sindicatos mayoritarios de Celsa, que ayer emitieron una nota para apoyar a los accionistas y criticar a los acreedores. “UGT, FICA y CCOO valoran la entrada de créditos públicos en la empresa, a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, como un hecho fundamental para el mantenimiento del modelo industrial que impulsa la compañía y que garantiza la reinversión de recursos y la generación y mantenimiento de empleo estable”, señalaron los representantes de la plantilla, formada por unos 7.000 empleados, que criticaron "las posiciones financieras y cortoplacistas" de los 'hedge funds'.

Lo cierto es que Celsa lleva en crisis casi 12 años al arrastrar una deuda que llegó a ser de 4.000 millones. Tras el acuerdo de reestructuración de 2012 y el posterior de 2017, los acreedores le perdonaron más de 1.000 millones con el fin de que la compañía pudiera seguir en pie. Pero ahora le exigen a la familia que haga su propio sacrificio cediendo parte del capital, como haría cualquier banco si un cliente particular impagara de forma reiterada un crédito hipotecario sobre una casa.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha decidido echar el freno al rescate de 550 millones de euros destinado a salvar de la quiebra a Celsa. El organismo público ha comunicado oficialmente a la familia Rubiralta, principal accionista del grupo siderúrgico, y a los acreedores, que ha puesto en marcha la documentación para suspender el mayor paquete de ayudas aprobado hasta la fecha por efectos de la pandemia. La SEPI justifica esta decisión por las profundas diferencias entre el dueño y los tenedores de la deuda, a los que se exige condonar 1.200 millones de pasivo.

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