Los acreedores de Celsa bloquean el rescate millonario de la SEPI a la familia Rubiralta

El que puede ser el mayor rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para paliar los efectos del covid-19 en la industria española se ha encontrado con un obstáculo mayor que los 550 millones de euros solicitados por Celsa. Según fuentes próximas a las negociaciones, los acreedores de la compañía siderúrgica rechazan aceptar la quita de 1.200 millones que es condición 'sine qua non' para que el Ministerio de Hacienda le otorgue la financiación exprés sin que el dueño haga un sacrificio similar en forma de cesión del 49% de la propiedad.

Según estas fuentes, los tenedores de la deuda de Celsa por un importe de 2.250 millones, entre los que se encuentran firmas internacionales como Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, CVC, Deutsche Bank o Apollo, ya han trasladado a Francesc Rubiralta, presidente y dueño del 100% del capital, que no van a aceptar perder créditos por la mitad de lo que la empresa les debe para facilitar que la SEPI facilite los 550 millones de liquidez. Así se lo comunicaron en una reunión que mantuvieron el pasado viernes y en la que se escenificó la gran distancia que hay entre las partes.

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El organismo público le ha dado de plazo a Celsa hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que expira el plazo para la concesión de estas ayudas públicas, para que llegue a un acuerdo con sus acreedores, con los que tiene una relación muy tirante. La compañía ha demandado en al menos dos ocasiones a estos fondos oportunistas por considerar que se aprovecharon de su situación de debilidad para comprar a los financiadores originales, principalmente bancos como el Santander, BBVA, Bankia y CaixaBank, la deuda con descuento y ahora le exigen el repago del 100% de los importes.

Celsa se vio obligada a dejar de cumplir con sus obligaciones en mayo de 2020, al mes y medio de irrumpir la pandemia, cuando la compañía catalana no pudo atender el vencimiento de uno de sus préstamos. Hace unas semanas, tampoco atendió otro abono, por lo que el descubierto con los acreedores supera ya los 425 millones. En total, el grupo siderúrgico debe 2.275 millones, de los que 1.500 millones son en forma de préstamo convertible en acciones, 750 millones en modelo 'jumbo' a largo plazo y otros 550 millones cuyos tenedores son principalmente bancos nacionales.

En total, el grupo siderúrgico debe 2.275 millones de euros, de los que 1.500 millones son en forma de préstamo convertible en acciones

Los fondos han propuesto a Rubiralta canjear por parte de la compañía los 1.500 millones del crédito convertible. En concreto, por el 49% del capital, por lo que la familia retendría la mayoría y el mando. Además, el endeudamiento se reduciría, ya que, contando los 550 millones otorgados por la SEPI, la multinacional con plantas en Francia y Reino Unido se quedaría con un pasivo de 1.800 millones. Teniendo en cuenta que el pasado año obtuvo un beneficio bruto de explotación o ebitda de 600 millones, la relación entre la deuda y el resultado operativo sería de unas tres veces, una ratio considerada razonable respecto a las cinco veces actuales.

El tiempo corre en contra de Rubiralta porque el rescate de la SEPI, que consta de un préstamo participativo de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones, vence el próximo 30 de junio y, además, necesita ser aprobado por la Comisión Europa, por lo que Celsa se arriesga a acumular otro impago adicional a la vuelta del verano. Rubiralta se ha comprometido a aportar 50 millones de euros de su bolsillo para recapitalizar la sociedad, pero en ningún caso está dispuesto a ceder parte de la propiedad.

El presidente estima que los fondos ya sacarían mucho rendimiento si renuncian a la mitad de lo que les debe porque compraron la deuda con descuento de hasta el 80%, especialmente en el préstamo convertible. En otras palabras, pagaron unos 300 millones por un crédito cuyo valor original era de 1.500 millones. Además, considera que con el dinero público tienen asegurado el recobro porque garantiza el futuro de la compañía.

Desde la compañia defienden los términos del rescate y rechazan la entrada de los fondos en el capital: "Permiten el impulso del plan estrategico de la compañía, el mantenimiento de la actual estructura industrial íntegra y de los puestos de trabajo, a la vez que garantizan el retorno de la deuda de los acreedores en condiciones beneficiosas para estos. El Consejo de Dirección de la compañía quiere que sus accionistas tengan carácter industrial y rechaza la entrada de los fondos por su carácter oportunista no industrial y especulador".

Pero los acreedores se defienden al señalar que ellos asumieron un riesgo que los bancos tradicionales de Celsa, como Santander, BBVA, CaixaBank o Sabadell, no quisieron tener en su balance por el riesgo a un impago inminente después de la refinanciación de 2017, la última firmada.

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Además, sostienen que, al aceptar la exigencia de Celsa, en realidad lo que se hace con el dinero público es salvar al propietario de la compañía, que destinará esos 550 millones de la SEPI a repagar a los fondos, ya que Rubiralta se asegura el 100% de las acciones de una compañía que está en quiebra técnica con la sola aportación de 50 millones.

El ente público controlado por el Ministerio de Hacienda quiere que las partes lleguen a un acuerdo antes del 30 de junio, porque lo último que desea es verse involucrado en una guerra judicial que salpicaría de nuevo al Gobierno, como ha sucedido con el rescate de Plus Ultra, ni aceptar el riesgo de insolvencia que ha asumido con los 475 millones concedidos a Air Europa. Aunque las posiciones están ahora muy alejadas, desde la SEPi se confia en que el sentido común impere y todos acepten ciertos sacrificios por el bien de un grupo que emplea a más de 7.000 personas.