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Deutsche Bank da un portazo a Pedro Sánchez y vuelve a rechazar la propuesta de Celsa
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PELIGRA EL RESCATE

Deutsche Bank da un portazo a Pedro Sánchez y vuelve a rechazar la propuesta de Celsa

El presidente del banco alemán rechaza la petición del inquilino de la Moncloa de aceptar las condiciones ofrecidas por la familia Rubiralta para salvar al grupo siderúrgico

Foto: Concentración por el futuro de Celsa, en A Coruña. (EFE/Kiko Delgado)
Concentración por el futuro de Celsa, en A Coruña. (EFE/Kiko Delgado)
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Pedro Sánchez no ha pisado nunca ninguna de las factorías de Celsa, instalaciones de Castellbisbal (Barcelona), País Vasco, Cantabria y Galicia que no han sido visitadas tampoco por Nadia Calviño. Tampoco lo han hecho recientemente los políticos de la Generalitat de Cataluña. Pero tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Economía y los responsables de la comunidad autónoma donde la empresa siderúrgica tiene su sede social, en un hecho insólito, han presionado al presidente de Deutsche Bank, el mayor acreedor del grupo, para que acepte las condiciones propuestas por la familia Rubiralta con el objetivo de salvar una empresa que arrastra una deuda de casi 3.000 millones de euros desde hace más de una década.

Sin embargo, según fuentes próximas a las negociaciones, la llamada personal de Pedro Sánchez a Christian Sewing, presidente de la mayor entidad financiera germana, no ha tenido ningún efecto. Aunque el ejecutivo alemán le comunicó que facilitaría una reunión directa entre el equipo londinense encargado de los impagos de empresas y los responsables de Celsa, el encuentro entre Francesc Rubiralta y los banqueros de Deutsche, sin el asesor del resto de los acreedores, ha sido improductivo.

Foto: Logo de Celsa Group. (Celsa Group)

Según estas fuentes, Deutsche Bank reiteró el mismo mensaje que Houlihan Lokey, el intermediario que representa a los tenedores de 2.400 de los 2.900 millones que adeuda Celsa, había trasmitido a Luis Cortes, el abogado que representa los intereses de la primera compañía siderúrgica de España, en las numerosas reuniones que han tenido en la última semana para alcanzar una solución: "Ya hemos hecho nuestra mejor contraoferta".

La respuesta ha caído como un jarro de agua fría en los Rubiralta, que, pese a ser una familia discreta, poco proclive a dejarse ver en reuniones con políticos, han usado todos los contactos posibles para que el Gobierno, la Generalitat, el Partido Nacionalista Vasco y la Xunta de Galicía se movilizaran en su favor. Los empresarios catalanes, que amenazaron en una de las reuniones con los fondos con la llamada de Pedro Sánchez a Deutsche Bank para presionar, transmitieron que esta era la última bala que les quedaba para convencer al conjunto de los acreedores.

Pero los ‘hedge funds’ a los que Celsa ya le has impagado 425 millones no se han movido ni un ápice de la última propuesta. Una contraoferta que consiste en un primer pago de 400 millones con el dinero que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concede a la compañía en forma de rescate, más otros 550 millones de los primeros beneficios futuros y el 49% de los siguientes a partir de esa cifra. A cambio, condonan 1.200 millones de deuda y renuncian a tomar la mayoría del capital, a la que tienen derecho por la deuda ya vencida y no cobrada.

El acuerdo entre las partes es cuestión 'sine qua non' para que el Estado conceda la ayuda de hasta 550 millones a Celsa

Celsa, que ha acusado a los fondos de "codiciosos" por querer obtener hasta un 80% de rentabilidad, les ha propuesto pagarles esos 400 millones con el dinero público y hasta 320 millones a abonar en 2029, cuando la SEPI haya recuperado el préstamo, además de quedarse con el 100% de las acciones. Los fondos, que compraron la deuda a un 20% de su valor en el mercado secundario porque la banca española (CaixaBank, Santander, BBVA y la antigua Bankia) la vendió en 2019 al considerar que nunca la recuperaría, califican esta oferta de “injusta, desproporcionada y totalmente incoherente”, además de cuestionar el uso de influencias políticas para resolver un asunto meramente financiero.

El acuerdo entre las partes es cuestión 'sine qua non' para que el Estado conceda la ayuda de hasta 550 millones a Celsa, la mayor aprobada hasta la fecha, desde el fondo de ayudas por la pandemia coordinado por la SEPI. El plazo para aprobar este préstamo expira el próximo 30 de junio, pero antes debería ser autorizado por la Comisión Europea y el Consejo de Ministros. Por lo que, si la compañía y los acreedores no ceden de forma urgente, no contarán con tiempo suficiente para salvar al grupo siderúrgico.

Si no pactan la reestructuración de la deuda, cuyo problema data de 2010, Celsa estaría abocada al preconcurso de acreedores a partir del próximo mes de julio. Las partes confían en un último esfuerzo tanto de los accionistas como de los fondos, dado que la quiebra sería lo más perjudicial para ambas partes.

Pedro Sánchez no ha pisado nunca ninguna de las factorías de Celsa, instalaciones de Castellbisbal (Barcelona), País Vasco, Cantabria y Galicia que no han sido visitadas tampoco por Nadia Calviño. Tampoco lo han hecho recientemente los políticos de la Generalitat de Cataluña. Pero tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Economía y los responsables de la comunidad autónoma donde la empresa siderúrgica tiene su sede social, en un hecho insólito, han presionado al presidente de Deutsche Bank, el mayor acreedor del grupo, para que acepte las condiciones propuestas por la familia Rubiralta con el objetivo de salvar una empresa que arrastra una deuda de casi 3.000 millones de euros desde hace más de una década.

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