Celsa plantea rebajar el rescate de la SEPI en plena guerra con los fondos por Luxemburgo

Celsa y sus acreedores han seguido negociando contrarreloj este fin de semana pese al duro cruce de declaraciones de la semana pasada. Aunque la compañía calificó de "obscenos" los intereses de sus prestamistas y estos, a los Rubiralta, de ser unos gestores "desastrosos", las dos partes han mantenido abiertas las líneas para evitar lo que perjudicaría a ambos: la quiebra a partir del próximo 1 de julio. Para acelerar los trámites administrativos, el grupo siderúrgico está dispuesto a reducir el importe de las dos ayudas que ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por debajo de los 250 millones de euros cada una, con la intención de que el rescate no tenga que ser aprobado por la Comisión Europea.

Según fuentes próximas a las conversaciones, las posiciones entre la última propuesta de Celsa y la contraoferta de los acreedores siguen muy distantes. con más de 200 millones de diferencia que ahora mismo son "insalvables".

La compañía aseguró la semana pasada que hizo "el último esfuerzo posible" al conceder hasta 400 millones (una parte fija y otra variable) a siete años en función de la evolución del beneficio de explotación o ebitda. Este fin de semana mejoró algo este plantamiento, con un desembolso fijo más grande y el variable, más pequeño. Y los fondos liderados por Goldman Sachs y Deutsche Bank siguen exigiendo los primeros 550 millones de resultados operativos que el grupo consiga tras la reestructuración de la deuda, más el 49% de los siguientes hasta 2029.

Pero más allá de los millones de diferencias y del reparto, lo que hasta el momento hace imposible el acuerdo es que Celsa exige que cualquier pleito futuro se resuelva en España, bajo la legislación mercantil nacional, mientras que los acreedores quieren que las posibles discordancias a medio plazo se sometan a las normas de Luxemburgo, país habitual donde los ‘private equity’ domicilian sus sociedades. Así ocurre con todas las compañías compradas o refinanciadas recientemente por estos fondos de capital riesgo, como MásMóvil, Burger King España, Lyntia, Adamo, Prisa o Codere.

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Goldman y Deustche Bank, habituados a estas negociaciones al filo de la navaja, no quieren ceder en esta línea roja porque se temen que Celsa, una compañía cíclica, que puede tener años de grandes resultados, como 2021, y otros de pérdidas continuadas, como le ha ocurrido en crisis anteriores, pueda verse en una tesitura como la actual —deuda de 2.800 millones e impago de 435 millones— antes de que llegue 2029. Aunque aseguran que el centro de decisiones operativas se mantendrá en España, el vehículo al que Celsa le pagaría los 400 millones que ha ofrecido o los 550 que ellos han solicitado estaría radicado en Luxemburgo.

La diferencia, calificada de insalvable. entre la propuesta de la empresa y la contraoferta de los fondos es de más de 200 millones

Las espadas siguen en todo lo alto porque en teoría el acuerdo debe de llegar antes de este martes, para que el consejo gestor de la SEPI apruebe la concesión de los 550 millones. Si así fuera, el rescate aún debería ser autorizado por Bruselas, que necesitará al menos dos semanas para dar luz verde. La fecha límite es el 28 de junio, cuando el Consejo de Ministros debería rubricar ambos plácets, ya que la vigencia de estas líneas de ayudas provocadas por el covid-19 vence el día 30.

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Por si no se alcanza el acuerdo en las próximas 24 horas, Celsa ha planteado rebajar el importe público solicitado al organismo del Ministerio de Hacienda. La cifra será inferior a los 500 millones, el límite a partir del cual se necesita la firma de la Comisión Europea. El rescate actual consiste en un préstamo participativo de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones. La tesis que barajan los gestores es que la compañía, al reducir cada una de estas cantidades por debajo de 250 millones, solo necesite ser autorizada por el Gobierno.

La propuesta ya está presentada a la SEPI, pero no a los acreedores, lo que demuestra que las partes siguen guardándose cartas para una partida en la que está en juego la mayor compañía siderúrgica española, con una plantilla de 7.000 personas y una deuda histórica de casi 3.000 millones de euros. Celsa na ha querido confirmar los detalles de esta información, mientras que los fondos han declinado hacer ninguna declaración.