Santander y CaixaBank deben vender los 525 M de Celsa a los fondos por la presión del BCE

La salvación de Celsa, la primera empresa siderúrgica española, que ha pedido 550 millones de euros al Estado para sobrevivir, se ha topado con otro obstáculo relevante. Además del profundo desacuerdo con los fondos tenedores de 2.400 millones de euros de deuda, la banca española, liderada por Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell, a la que el grupo debe 525 millones, ha exigido a la familia Rubiralta que le facilite la venta de este préstamo para poder quitarse esta financiación de su balance, ya que el Banco Central Europeo (BCE) la obliga a provisionarlo en su integridad.

Así lo han confirmado varias fuentes próximas a las conversaciones a tres bandas entre Celsa, los ‘hedge funds’ y la banca nacional, cuyas posiciones suman un total de 2.800 millones. De esta cantidad, 1.425 millones se corresponden con un préstamo convertible en acciones, 850 millones son de un crédito 'jumbo' que vence el próximo año y los citados 525 millones que están en manos de los cuatro grandes bancos españoles. Una deuda inasumible para la compañía, que ha recurrido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conseguir 550 millones de liquidez exprés, pese a conseguir en 2021 los mejores resultados de su historia.

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La propuesta de reestructuración de Celsa es destinar 400 millones de dinero público a repagar a los fondos, que a su vez tienen que condonarle 1.200 de los 2.400 millones que les adeuda y aceptar un préstamo de 662 millones al 2% a siete años. A los bancos les pide que alarguen también los 525 millones actuales hasta 2029, que es el año en que deberá devolver el préstamo a la SEPI. Pero los ‘hedge funds’ se han negado a aceptar lo que califican como una quita y reclaman el 49% del capital de la compañía por la deuda ya impagada (más de 425 millones).

Según indicó Celsa el pasado lunes, Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell sí estaban de acuerdo en las condiciones de la reestructuración. Pero fuentes próximas a este consorcio aseguran que han pedido que los 525 millones de deuda circulante, que no se puede vender en el mercado secundario, se transformen en un préstamo tradicional que tenga liquidez. El actual formato de circulante no pueden colocarlo a fondos oportunistas, mientras que un crédito normal sí podrían traspasarlo, como hicieron en su día con los 2.400 millones que están ahora en manos de los fondos.

La clave, según estas fuentes, es que los cuatro bancos españoles quieren desprenderse de este activo si se cerrase el acuerdo de refinanciación porque el Banco Central Europeo (BCE) les obliga a provisionar los 525 millones en tres años. El regulador considera esta deuda de dudoso cobro, por lo que las entidades financieras quieren venderla cuanto antes para recuperar el mayor valor posible. De lo contrario, va a pérdidas de su balance.

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Tanto Santander como BBVA, CaixaBank y Sabadell quieren colaborar en la salvación de Celsa, según estas fuentes. Aseguran que la predisposición de estos acreedores es buena para acercar posturas después de recibir llamadas del Gobierno para que arrimen el hombro. Pero quieren proteger también su posición, para no repetir las minusvalías que se tuvieron que apuntar cuando vendieron la deuda anterior a un 20% de su valor nominal. En otras palabras, perdieron el 80% de lo que habían prestado a Celsa.

Último intento de acuerdo

Según estas fuentes, la banca ya tiene ofertas para comprar con descuento este préstamo, que, curiosamente, acabaría también en fondos oportunistas como los que actualmente se han opuesto al plan de reestructuración de la familia Rubiralta. Entre otros, bancos internacionales del nivel de Goldman Sachs y Deutsche Bank, y 'hedge funds' agresivos como CrossOcean, Sculptor, SVP, Golden Tree o Anchorage, habituados a este tipo de batallas.

Las tres partes volvieron este miércoles a negociar después de que la SEPI iniciara el martes la tramitación para denegar el rescate, que tiene como condición una reducción de la deuda de 1.200 millones, con indiferencia de si los fondos se quedan o no con parte de las acciones. Aunque las posiciones siguen muy alejadas aún y el tiempo se agota, la familia y los acreedores quieren encontrar una solución que sería, en cualquiera de los casos, mejor que la declaración concursal. El último día que el Gobierno dispone para aprobar el rescate es el 28 de junio, pero antes debería ser aprobado por el consejo gestor del ente público y por la Comisión Europea.