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Los bancos ven inconstitucional el impuesto y estudian recursos ante el TC
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NUEVO TRIBUTO

Los bancos ven inconstitucional el impuesto y estudian recursos ante el TC

El tributo impactará inicialmente a 11 entidades: las 10 supervisadas por Europa y la filial española de BNP. Se libran casi todas las cajas rurales y grupos como Deutsche e ING

Foto: El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (i), la presidenta de Banco Santander, Ana Botín (c), y el presidente del BBVA, Carlos Torres (d). (EFE)
El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (i), la presidenta de Banco Santander, Ana Botín (c), y el presidente del BBVA, Carlos Torres (d). (EFE)
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Incredulidad y estupefacción. Así se resume la reacción en los despachos de los grandes bancos españoles ante el impuesto anunciado por Pedro Sánchez. Lo primero, por la explicación que da el Gobierno en su exposición de motivos del tributo. Y lo segundo, por la vía elegida para articularlo, a través de una "prestación patrimonial de carácter no tributario", que en determinadas entidades ven "inconstitucional". "Es pronto para decirlo, ya que todavía se tiene que desarrollar, pero yo apostaría por recurrirlo ante el Constitucional (TC)", señala el responsable legal de una entidad consultada por El Confidencial.

Los expertos consultados reconocen que este tipo de prestaciones están recogidas en la Constitución, pero para otros supuestos en los que la motivación no sea recaudatoria. Estos añaden que la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos es una subida "enmascarada" del impuesto de sociedades.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Efe)

"La misma propuesta lo reconoce implícitamente", señalan estas fuentes, al reconocer el propio texto lo siguiente: "Pudiera pensarse que, al calcularse sobre el margen de intereses y comisiones, partidas que también se toman en consideración, como otras muchas, para calcular el beneficio que tributa en el impuesto sobre sociedades, que su efecto acumulativo con este impuesto podría resultar desproporcionado". Añade el texto del PSOE y UP que, como el tipo efectivo de los bancos en sociedades es del 23%, el 4,8% adicional deja el tipo por debajo del 30% del impuesto que tiene fijado el sector, superior al 25% del resto de empresas. Es decir, reconoce que la prestación gravará los mismos ingresos que se computan en sociedades.

Al margen de la queja general por ello de las entidades, creen que es inconstitucional vestir una subida del impuesto de sociedades a través de una prestación, y sin permitirles aplicar posibles deducciones. Los bancos reconocen que la vía del recurso ante el TC sería lenta, ya que habría que esperar a la primera liquidación en febrero y el proceso posterior podría demorarse años.

El Gobierno impone 7.000 millones en impuestos a bancos y energéticas

En esta línea, una de las principales banqueras, María Dolores Dancausa, CEO de Bankinter, ya anunció que "si tenemos resquicios, pelearemos" el pago del nuevo impuesto, "vamos a valorar todas las posibilidades".

Principio de igualdad

Junto a este punto, las entidades ven un "atentado contra el principio de igualdad" que se haya dejado al margen a gran parte del sector financiero. Así, tras las quejas iniciales por la propuesta, llegó el turno de echar números en el sector financiero. La letra pequeña de la prestación patrimonial de carácter no tributario fija que solo impactará a los bancos que ingresaran entre margen de intereses y comisiones netas más de 800 millones de euros en 2019, y les supondrá un 4,8% de esta cifra en 2022 y 2023. El objetivo con ello es recaudar 3.000 millones entre los dos años.

Estos dos baremos tan simples generaron confusión en el sector por dos motivos. Por un lado, por la dificultad de valorar cuáles son los ingresos de los grandes grupos españoles con exposición internacional, principalmente Santander y BBVA. Junto a sus filiales de banca minorista, estos grupos tienen servicios centrales que dan servicio a otros países desde España en segmentos como el de la banca mayorista, cuyo perímetro es difícil de delimitar geográficamente.

CaixaBank, Santander y BBVA asumirán dos tercios del impuesto

Por otro lado, en el sector había dudas sobre si se tienen que tener en cuenta cifras consolidadas o individuales de sus cuentas, lo que dejaría dentro o fuera del corte a grupos como Ibercaja, Abanca o BNP Paribas.

Se espera una batalla en los próximos meses cuando la proposición entre en el Congreso para subir o bajar el listón, en función del interés de cada uno: los grandes bancos querrán un listón más bajo para que, como señaló el consejero delegado de Sabadell, César González Bueno, "el impuesto sea neutral en competencia", y los pequeños querrán que sea más alto para librarse.

Una primera toma de contacto apunta a que los grupos afectados serían los 10 supervisados por Europa —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Cajamar, Kutxabank, Abanca— y el mayor grupo extranjero en España, BNP. Quedarían así fuera otros grandes bancos foráneos como ING y Deutsche Bank, Banca March, WiZink y las cajas rurales.

Foto: Sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort. (Reuters/Wolfgang Rattay)

En el sector financiero, creen que el hecho de haber bajado el listón de los 1.000 millones estimados inicialmente a los 800 millones ha sido para incluir a las cajas medianas que, de otra manera, hubieran quedado fuera: Unicaja, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar y Abanca. También se da por hecho que el PNV se moverá para buscar algún tipo de exención para las cajas vascas.

Las entidades más afectadas serán CaixaBank, Santander y BBVA, que podrían asumir dos tercios del impuesto (1.000 millones anuales) de acuerdo a sus ingresos netos de 2022. Lideraría este 'ranking' CaixaBank, con un 25% de la factura, seguido de Santander con un 23% y BBVA con un 18%. El siguiente sería Sabadell, con un 11%.

Reacciones

Entre los puntos que más molestaron de la proposición a las entidades, está el vínculo con el rescate financiero. El texto señala que "las aportaciones para asegurar el bien común no han de efectuarse por el conjunto de la sociedad al rescate directo de unos pocos, sino, al contrario, por unos pocos en favor del conjunto". Los bancos ven "demagogia" en que se diga que el rescate de 2012 salvó a "unos pocos". Tampoco se entendió que el PSOE y Podemos comparen los 3.000 millones con todos los activos de la banca en España: "Es mezclar churras con merinas".

placeholder La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño (d), y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (i). (EFE/Fernando Villar)
La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño (d), y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (i). (EFE/Fernando Villar)

El CEO de Santander, José Antonio Álvarez, se quejó de que el impuesto "estigmatiza a la banca", que ahora tardará más tiempo en quitarse de encima la "maldición eterna" de la mala reputación. Además, señaló que los 3.000 millones pueden reducir en 50.000 millones el crédito en España.

Desde las patronales AEB (Asociación Española de Banca) y Ceca (Confederación Española de Cajas de Ahorros) se afirma que "es una medida que no logrará su objetivo de combatir la inflación y, además, entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo, en un contexto de incremento de los precios y de tensiones geopolíticas".

El Gobierno defiende por su parte que el momento actual requiere que los que menos tributan, las grandes empresas, y en especial aquellas beneficiadas por el entorno y con menores costes de empleados (energéticas y banca), arrimen el hombro. Y, salvo que el Congreso o el Constitucional lo paren, son los que mandan.

Incredulidad y estupefacción. Así se resume la reacción en los despachos de los grandes bancos españoles ante el impuesto anunciado por Pedro Sánchez. Lo primero, por la explicación que da el Gobierno en su exposición de motivos del tributo. Y lo segundo, por la vía elegida para articularlo, a través de una "prestación patrimonial de carácter no tributario", que en determinadas entidades ven "inconstitucional". "Es pronto para decirlo, ya que todavía se tiene que desarrollar, pero yo apostaría por recurrirlo ante el Constitucional (TC)", señala el responsable legal de una entidad consultada por El Confidencial.

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