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El BCE espera que el Gobierno consulte sobre el impuesto a la banca cuanto antes
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El BCE espera que el Gobierno consulte sobre el impuesto a la banca cuanto antes

Las normas comunitarias establecen que los Estados miembros consulten las normas que pueden afectar al sector financiero con margen suficiente para rectificar

Foto: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos. (Reuters/Wolfgang Rattay)
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos. (Reuters/Wolfgang Rattay)
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El impuesto a la banca lleva ya casi una semana en el Congreso de los Diputados y sus detalles están todavía lejos de conocerse en Fráncfort. El Gobierno todavía no ha decidido enviar la consulta al Banco Central Europeo (BCE) a pesar de haberse comprometido públicamente a ello y la urgencia de plazos con que cuenta: el impuesto tiene que estar aprobado antes de final de año y el supervisor se tomará al menos un mes para realizar su dictamen.

Fuentes del Gobierno consultadas por este medio señalan que todavía no hay una fecha fijada para ello y aseguran no tener claro qué ministerio debe ocuparse de ello. Desde el BCE, su vicepresidente, Luis de Guindos, afirmó este lunes en un evento de Banco Sabadell que la consulta no es legalmente obligatoria, pero sí sería recomendable para que los efectos del tributo no afecten al flujo de crédito a la economía ni a la solvencia de los bancos. Además, el exministro de Economía dio a entender que el impuesto ya se está estudiando por parte del BCE y que habrá informe, quiera o no quiera el Gobierno.

Foto: La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. (Daniel Roland/Reuters)

Fuentes del supervisor europeo explican a este medio sobre la conveniencia de que se consulte sobre el impuesto: "Las autoridades de los Estados miembros están obligadas a velar por que se consulte al BCE sobre cualquier proyecto de disposición legislativa dentro del ámbito de competencia del BCE en una fase adecuada que permita a la autoridad que inicia el proyecto de disposición legislativa tener en cuenta el dictamen del BCE antes de tomar su decisión sobre el fondo".

Estas mismas fuentes señalan que el Gobierno tiene que dirigir la consulta a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y puede solicitar un plazo de presentación, nunca inferior a un mes. A su vez, el banco central puede pedir una prórroga de hasta cuatro semanas más que el Ejecutivo español no podrá rechazar injustificadamente. "En la práctica, el BCE se esfuerza por presentar sus dictámenes a las autoridades de los Estados miembros dentro de los plazos establecidos por ellas", apuntan desde el supervisor.

Plazos ajustados

Si bien todavía hay margen suficiente para que la voz del BCE sea oída en la redacción de la ley, los plazos están ajustados, ya que las nuevas leyes tardan de media unos cinco meses en tramitarse y PSOE y Unidas Podemos van a tener apenas tres meses y medio para aprobar esta antes de final de año. De lo contrario, no entraría en vigor en el ejercicio fiscal 2022, como anunció el presidente Pedro Sánchez. Por ello, es de esperar que los periodos de enmiendas se acorten.

placeholder La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, interviene en el desayuno informativo de Fórum Europa, en Madrid. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, interviene en el desayuno informativo de Fórum Europa, en Madrid. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Aunque sobre el papel el Gobierno debería consultar al BCE, existe la opción de que no lo haga. En tal caso, todo apunta a que la institución europea actúe 'de oficio' y haga pública su opinión en los próximos meses, como hizo en 2019 con un tributo similar aprobado por Lituania.

En ese momento, el BCE ya dejó clara su postura sobre este tipo de tributos: pueden afectar a la estabilidad financiera del sistema, cerrar el grifo del crédito y ahuyentar la inversión de los accionistas, entre otros efectos.

Foto: María Jesús Montero y Nadia Calviño. (EFE/J.J. Guillén) Opinión

Esta opinión no ha cambiado, pero el informe sobre el impuesto español tendrá cambios por las particularidades del impuesto: que grave los márgenes y comisiones en lugar del beneficio; que deje fuera a un 20% del sistema financiero —entidades con ingresos de menos de 800 millones en 2019—, y que no puedan repercutirse los costes a los clientes, algo contrario a la normativa bancaria, entre otras.

Postura de Calviño

Tras varias semanas con un discurso más duro, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, suavizó el discurso el pasado jueves al abrir la puerta a determinados cambios que hagan el impuesto "más adecuado". Siempre con la condición de que la recaudación prometida, 3.000 millones en dos años, esté "garantizada".

Por su parte, De Guindos intentó esquivar gran parte de las preguntas por el impuesto, pero acabó dejando una idea: "No debemos dejarnos cegar por los efectos a corto plazo de las subidas de tipos". Es decir, los bancos van a ingresar más en los próximos trimestres gracias al repunte del euríbor, pero estos efectos podrían verse contrarrestados por el aumento del coste de los depósitos y por las provisiones por la mayor morosidad. El consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, se mostró de acuerdo, aunque señaló que los vientos de cola serán mayores que los de cara. Aunque con el impuesto habrá momentos en que no se sepa por dónde sopla el aire.

El impuesto a la banca lleva ya casi una semana en el Congreso de los Diputados y sus detalles están todavía lejos de conocerse en Fráncfort. El Gobierno todavía no ha decidido enviar la consulta al Banco Central Europeo (BCE) a pesar de haberse comprometido públicamente a ello y la urgencia de plazos con que cuenta: el impuesto tiene que estar aprobado antes de final de año y el supervisor se tomará al menos un mes para realizar su dictamen.

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