Sánchez ata con ERC, Bildu y PNV el impuesto a banca y eléctricas

Primer pleno ordinario del curso político, con impuestos extraordinarios para la banca y las grandes energéticas, y un Gobierno de coalición que se apoya en sus socios más a la izquierda del arco parlamentario para sacar adelante estas nuevas normas. Hasta media mañana del martes, la incógnita estaba en el voto del PNV, que ya ha anunciado su voto a favor; se trata un partido que ha apoyado presupuestos generales de la derecha y la izquierda y que 'centra' con su voto al Ejecutivo, que reforzó hace semanas su discurso de antagonista de las élites económicas.

Si en buena parte de las votaciones de la legislatura el Gobierno ha sumado apoyos 'in extremis', en esta ocasión llega al Congreso de los Diputados con la aprobación de los nuevos impuestos garantizada, gracias al voto a favor de ERC, EH Bildu y otros socios habituales. Prevén ganarlo de calle, como reconocen fuentes de la Moncloa.

Sin embargo, es un "sí crítico", como explican los republicanos, que reprocharán a Pedro Sánchez que no cuenta con mayoría absoluta y que, por tanto, tiene que dialogar con sus socios, especialmente a las puertas de la negociación de las nuevas cuentas públicas.

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Ni ERC ni Bildu pueden oponerse a un impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca o de las energéticas; estos gravámenes supusieron el gran anuncio de Sánchez en el debate sobre el estado de la nación, el indicador de un giro a la izquierda muy aplaudido por Unidas Podemos, y arrancarán su tramitación en pleno curso electoral.

Son, además, reivindicaciones históricas de Esquerra, medidas que van "bien dirigidas", en palabras de Bildu. El problema, explican fuentes parlamentarias de ambas fuerzas, es que vuelven a quedarse cortas y por eso anticipan la presentación de enmiendas a la proposición de ley que abanderan PSOE y Unidas Podemos.

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"Se señala en el diagnóstico dónde están los problemas y cuáles son las soluciones, pero se quedan cortos con las soluciones", tienen "eficacia limitada", resumen desde la formación vasca. Su receta pasa por aumentar aún más la presión fiscal sobre estas empresas (permitirán recaudar 7.000 millones en total, según el Gobierno) o que los nuevos gravámenes tengan "una mayor duración" temporal (se aplicarán solo durante dos años).

Lo ideal, afirman, sería poder "apretar" a las energéticas y al sector bancario un poco más. En especial, a este último, explican, que ha sido "beneficiado" por el Ejecutivo "cuando estaba en apuros", durante la crisis económica. "En pandemia, no han tenido reparos en intervenir en cosas que nos decían que eran imposibles", "como los precios de las mascarillas", apuntan. Lo ideal para ambos socios sería que estos impuestos fueran estructurales, pero eso es algo que el PSOE no contempla hoy por hoy, independientemente de su discurso contra las élites económicas.

A media mañana, además, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha confirmado que votarán a favor, al tratarse únicamente de su admisión a trámite. A Sánchez le conviene contar con ellos, traspasar la barrera de la izquierda parlamentaria y tratar de posicionarse en el centro político, pero el partido jetzale tiene serias dudas sobre la norma. "Las cosas se podrían haber hecho mejor, no deprisa y corriendo a través de una proposición de ley", apuntaba Esteban en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

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"Compartimos el fondo de la propuesta, pero no la forma", explicaban fuentes del PNV, "porque obvia nuestro sistema de concierto y tenemos haciendas propias". Su objetivo, apuntan, es trabajar para poder "concertar" estos tributos, y en función de esta negociación decidirán, dentro de meses, cuando se vote en pleno la aprobación de la proposición de ley, el voto a esta norma.

Desde el anuncio de estos gravámenes por parte de Sánchez, en julio, la formación vasca ha reclamado que la gestión de los nuevos impuestos corra a cargo de las diputaciones forales, además de garantizar la excepcionalidad foral, para no vaciar de contenido el concierto económico vasco y el convenio navarro. A última hora de el lunes, el lendakari, Iñigo Urkullu, volvió a reclamar la "posibilidad de concertación con Euskadi". También recordó que los nuevos impuestos impactarán en "un ámbito de modelo energético e industrial". "Cuando la industria tiene un peso del 24% aquí, en Euskadi, no podemos castigar a la industria. Y la limitación de beneficios a un sector tiene que tener un objetivo", advirtió.

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El Gobierno es consciente de estas críticas, y llega al debate de admisión a trámite con el oxígeno que le procuró su victoria en el único pleno extraordinario de finales de agosto, cuando desbordó la mayoría del bloque de investidura para aprobar una medida del calado del real decreto-ley de ahorro energético. Hoy se tramita como proyecto de ley para que puedan hacerse modificaciones en el texto, como exigieron los socios parlamentarios a cambio de sus votos.

En este escenario, tras el paso "a la ofensiva" decretado por Sánchez en el Gobierno, en el partido y este lunes ante sus parlamentarios, el Ejecutivo se centra ahora en trasladar toda la presión y todos los focos sobre el PP. Su estrategia para el nuevo curso se basa, por una parte, en hacer pedagogía sobre los efectos positivos de las medidas aprobadas en estos tres años de legislatura —"Hemos hecho tantas cosas y tan rápido que no nos daba tiempo a contarlas", como diría Patxi López, el flamante portavoz del PSOE en el Congreso—.

Por la otra, el Gobierno y especialmente el presidente tratarán de confrontar al máximo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se volcarán en retratarlo como un líder instalado en el obstruccionismo. El propio Sánchez ha afirmado que buscará nuevos debates con el presidente del PP en el Senado (es senador, no tiene acta de diputado), visto el resultado del cara a cara de hace solo una semana.

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El presidente del Gobierno aprovechó entonces la potestad que le otorgaba el reglamento para intervenir sin límite de tiempo y rebatir a Feijóo, además de ajustar cuentas con él por diversas materias, que nada tenían que ver con las medidas energéticas. La hoja de ruta, reconocen en el Ejecutivo, pasa por polarizar con el PP para tratar de dar la vuelta a las encuestas.

Y, aunque presione al Partido Popular sobre el sentido de su voto, en la formación conservadora asumen que la lectura de Sánchez será la misma, tanto si se abstienen como si votan en contra, los dos únicos escenarios que contemplan. El objetivo es trasladar que no apoyarán la norma que grava a las grandes empresas y retratarlos como los valedores principales de las élites económicas. Como el presidente del Gobierno, López fue claro este lunes: "Ahora les vamos a contestar y lo vamos a contar todo, en todos los rincones".