La paradoja del impuesto a las energéticas: más inflación y recaudación que ya están disparadas

La última receta del Gobierno para combatir los efectos de la crisis energética es imponer un gravamen adicional a las empresas energéticas. El objetivo es reducir los beneficios extraordinarios que están consiguiendo empresas de electricidad e hidrocarburos subiéndoles la presión fiscal a través de un recargo en el impuesto sobre sociedades. Las petroleras ya soportan actualmente un recargo adicional, como los bancos, que tienen su tipo impositivo en el 30% y su tipo mínimo del 18% (cinco y tres puntos por encima del resto de empresas, respectivamente), por lo que sería un sistema similar.

Con esta medida, las empresas que están haciendo caja con la crisis energética verían recortados sus beneficios históricos para contribuir al inexistente pacto de rentas. Unidas Podemos está presionando intensamente dentro del Gobierno para poner en marcha un endurecimiento de la fiscalidad para estas empresas y el Ministerio de Hacienda empieza a diseñar la fórmula para llevarlo a término.

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Sin embargo, esta política bienintencionada (persigue repartir los beneficios de quienes se están lucrando gracias a los efectos de la guerra en Ucrania) puede provocar más problemas de los que pretende resolver. En este caso, la literatura económica muestra que los impuestos a las empresas son parcialmente repercutidos a los precios finales. Esto significa que, si bien los márgenes de beneficio se reducen, también se alimenta la inflación. Y, en un momento en el que la subida de precios es el principal problema, acelerar la escalada del IPC puede ser una decisión contraproducente.

Un estudio reciente publicado por el Banco Central Europeo y recogido en este periódico hace menos de un mes muestra cómo funciona la traslación de los impuestos a los precios en Alemania. Esta investigación forma parte del intento del BCE por conocer con mayor detalle cómo funciona el sistema de formación de precios para así tener mejores herramientas para combatir la inflación.

Un estudio del BCE muestra como el 40% de las subidas de impuestos a las empresas en Alemania acaban trasladándose a los precios finales

Lo que encontraron los investigadores es que, cuando suben los impuestos municipales a las empresas, estas trasladan en torno al 40% a los precios finales. "Los productores emplean su poder de mercado para proteger sus ganancias frente a los impuestos empresariales", señala el estudio, una conclusión que "hace más complicado analizar cómo las reformas fiscales pueden afectar a los hogares con diferente nivel de rentas y riqueza".

Otro de los hallazgos relevantes es que la traslación del impuesto al precio final no es homogénea, sino que es más intensa en empresas que tienen mayor poder de mercado. En este caso, se centran en cómo llegan los precios al comercio minorista y observan que la subida es mayor en el caso de grandes superficies (repercuten en torno al 70% del impuesto), mientras que en las tiendas pequeñas, las farmacias o los comercios 'low cost' la traslación es mínima.

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Esta evidencia es muy importante para el caso de España, ya que el gravamen se dirige precisamente a dos sectores concentrados y muy regulados (eléctricas y gasolineras) en los que existe muy bajo nivel de competencia. Las empresas tienen poder de mercado suficiente como para repercutir la fiscalidad a sus clientes. De hecho, las dos grandes medidas adoptadas por el Gobierno hasta la fecha están arrojando muchas dudas. En el caso de las gasolineras, los indicios conocidos hasta la fecha apuntan a que las empresas han capturado una parte de la ayuda pública gracias a su poder de mercado.

Hay otro ejemplo relevante, el del 'tope al gas' recién estrenado. En este caso, quienes pagan son las empresas que producen con energías renovables, más baratas que el resto. Este recorte de los beneficios se esperaba que diera un gran resultado, pero las primeras subastas han resultado en un fiasco. El problema con el que se ha encontrado el Gobierno es que la ola de calor ha obligado a utilizar mucho gas, encareciendo así el coste de las compensaciones a los ciclos combinados. Sin embargo, es posible que una parte del pobre resultado obtenido sea consecuencia de que las empresas mantienen los precios artificialmente altos en las subastas para proteger sus márgenes. En definitiva, se trata de un sector sobre el que es difícil intervenir atacando a sus márgenes de beneficio por el poder de mercado que tienen.

Además, existe un factor relevante a tener en cuenta: en estos sectores, los precios ya están subiendo rápidamente, por lo que es más difícil para el supervisor vigilar que se cumplen los criterios de competencia. Para las empresas, basta con subir un poco más los precios por encima del coste marginal de la materia prima. Y el riesgo de ser expulsadas del mercado es mínimo, porque los clientes ya asumen que tienen que soportar este encarecimiento de la energía.

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Otro estudio publicado en el Cato Institute en el año 2020, que estudia la traslación de precios en Estados Unidos, obtiene conclusiones similares al del BCE. En este caso, los autores detectan que las empresas repercuten casi un tercio del impuesto a sus clientes. "Nuestro análisis revela que aproximadamente el 31% de la incidencia total de los impuestos corporativos recae en los consumidores a través de precios más altos de los productos, mientras que los propietarios del capital soportan igualmente un 31%", escriben los autores.

Estos hallazgos anticipan que en España es probable que una subida de los impuestos termine provocando una aceleración de la inflación de la energía. Es cierto que el sector público aumentará su recaudación, pero este año los ingresos públicos se han disparado un 22% respecto al año anterior. En concreto, entre enero y abril la Agencia Tributaria ingresó casi 11.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior. Esto significa que una subida de impuestos sería una medida encaminada a acelerar más los dos indicadores que ya están disparados, el de inflación y el de recaudación. Y todo ello a costa de un deterioro adicional en la renta disponible de las familias.