El Gobierno lleva al Congreso el impuesto a la banca y las energéticas la semana que viene

El impuesto extraordinario y temporal a la gran banca y las empresas energéticas fue registrado en el Congreso de los Diputados el 28 de julio, y los partidos del Gobierno de Coalición quieren que la Cámara Baja vote su admisión a trámite en la primera semana de su actividad ordinaria en el nuevo curso parlamentario, previsiblemente en la semana del 12 de septiembre.

El Ejecutivo abriría así el curso en la Cámara Baja señalando este gravamen como una de sus prioridades, en un momento en el que Pedro Sánchez ha recrudecido su discurso a favor de la "clase media trabajadora", y frente a las empresas que están registrando enormes márgenes de beneficios en un momento marcado por la incertidumbre financiera, con una inflación desbocada.

Los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Unidas Podemos plantearán este jueves, en reunión de la Junta de Portavoces, que la proposición de ley registrada por ambos grupos sea sometida a la consideración del Congreso en apenas una semana, según trasladan fuentes parlamentarias a El Confidencial. Sería, por tanto, la primera vez en la que los grupos políticos se verían obligados a expresar su posición sobre esta norma, anunciada por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación, el 12 de julio.

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El impuesto a las grandes energéticas se aplicará durante dos años, sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023, con objetivo de recaudar 2.000 millones de euros por ejercicio. El gravamen dirigido a las grandes entidades financieras, por su parte, actuará sobre los beneficios de los mismos años, para transferir a las arcas públicas 1.500 millones al año. Según las previsiones, permitirían recaudar un total de 7.000 millones entre 2023 y 2024.

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Tras el anuncio del presidente, el socio minoritario de la coalición celebró este giro de timón, y se atribuyó el mérito de que el Gobierno decidiera aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas, mientras que socios parlamentarios como ERC o EH Bildu reclamaron a Sánchez medidas estructurales, y no sólo temporales o extraordinarias. El PNV, por su parte, se mostró de acuerdo con el fondo, pero no con las formas, y advirtió de que la norma colisiona "frontalmente" con los sistemas fiscales de Euskadi y Navarra.

Finalmente, además, la proposición de ley mantendrá las firmas de ambos grupos parlamentarios. Es una de las medidas estrella del Ejecutivo de cara al último año de legislatura, y Sánchez suele referirse a ella cuando le cuestionan por la reforma fiscal que sigue reclamando el socio minoritario. Hoy por hoy, mientras Unidas Podemos reclama una reforma fiscal en profundidad, desde el sector del PSOE en el Gobierno aluden, recurrentemente a estos dos impuestos.