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Sánchez pone rumbo electoral con un giro social y "molestando" al poder económico
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PLAN DE CHOQUE CONTRA LA INFLACIÓN

Sánchez pone rumbo electoral con un giro social y "molestando" al poder económico

La inflación tumba gobiernos y Sánchez no tirará la toalla sin antes jugar todas sus cartas. Lo apuesta todo al rescate ciudadano con gasto público y advierte a los poderes fácticos que "no nos van a quebrar"

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario. (EFE/Kiko Huesca)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario. (EFE/Kiko Huesca)

El presidente del Gobierno afronta el final de la legislatura endureciendo su discurso contra los "poderes económicos" y con un giro social orientado a recuperar el pulso electoral. La desmovilización del electorado de izquierdas, unido al trasvase de votantes socialistas a las filas conservadoras reflejado en los comicios andaluces, se busca paliar con un plan de choque social que movilizará hasta final de año un total de 15.000 millones de euros. Lo equivalente a un punto del PIB. Se amplían las ayudas directas a empresas y, sobre todo, a familias vulnerables, al mismo tiempo que se prepara un nuevo impuesto a las compañías energéticas para que contribuyan a financiar estas medidas.

Si en Génova trasladan que a Pedro Sánchez se le está quedando cara de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando adelantó las elecciones en 2011 acuciado por la crisis económica, el jefe del Ejecutivo responde por su parte que este relato no puede estar más equivocado. No solo porque mantendrá su hoja de ruta para agotar el mandato hasta finales de 2023, sino porque gracias a los nuevos vientos de Bruselas lo hará con una hoja de ruta socialdemócrata basada en un fuerte gasto público y rescate ciudadano. La inflación tumba gobiernos y Sánchez no tirará la toalla sin antes jugar todas sus cartas. No en vano, el sector minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, se congratulaba este sábado tras el Consejo de Ministros extraordinario del paquete de medidas aprobadas.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en Bruselas tras participar en el Consejo Europeo. (EFE/EPA STEPHANIE LECOCQ)

"A todas las personas que sentís incertidumbre y miedo ante la situación económica, y que lucháis para proteger a vuestras familias, os aseguro que tenéis al Gobierno de coalición a vuestro lado", celebraba la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, valoraba por su parte que el Gobierno de coalición está cumpliendo con su mandato: "Dar certezas y protección a la gente en momentos difíciles".

El jefe del Ejecutivo, por su parte, añadía que esta respuesta se dará sin tener en cuenta las resistencias y los "golpes" que vinculó a los poderes económicos. "Este es un Gobierno molesto para los poderes económicos, que tienen también sus terminales mediáticas y políticas", aseguró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, donde se aprobó el plan de choque para paliar los efectos económicos de la guerra. Unos "intereses", amenazó, "que no nos van a quebrar".

Junto a esta declaración de intenciones, Sánchez anunció el compromiso de crear un nuevo impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas por el alza de precios. Se hará a través de la creación de un impuesto específico que será presentado en las próximas semanas, según ha anunciado Sánchez. Su aplicación, sin embargo, sería retroactiva para gravar los beneficios extraordinarios de este ejercicio. Afectaría tanto a las eléctricas como a las compañías petroleras.

Foto: Pedro Sánchez, a su llegada este jueves a la cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales. (Reuters/Yves Herman)

La fórmula del decreto-ley no otorgaba la suficiente seguridad jurídica, según los técnicos de Hacienda, y se ha descartado finalmente ante el riesgo de que un recurso de las energéticas pudiese prosperar. Se desarrollará vía proyecto de ley. El argumento utilizado por el presidente del Gobierno es que quienes más están aumentando sus beneficios por el alza de precios "contribuyan más para poder financiar todo este ingente esfuerzo" en medidas para paliar los efectos de la inflación. "Un reparto justo de las cargas", abundó el presidente del Gobierno para insistir en el lema de que "gobernamos para los más vulnerables".

Entre las novedades que el Ejecutivo incorporará al nuevo decreto anticrisis destacan la creación de un cheque de 200 euros para los hogares con un umbral de ingresos por debajo de los 14.000 euros (no compatible con el ingreso mínimo vital), una rebaja generalizada del 30% en el precio del abono transporte (50% para Renfe y 30% para el de las CCAA), la reducción del IVA en la factura de la luz del 10 al 5%, el aumento de las pensiones no contributivas en un 15% y la congelación del precio de la bombona de butano.

Un amplio paquete de medidas de choque que se suman a la prórroga de la baja de impuestos en la factura de la luz (rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica), la bonificación de 20 céntimos en el litro de carburante, el tope a los alquileres con subidas limitadas a un máximo del 2%, la ampliación del bono social o las ayudas directas a diferentes sectores, como el transporte o la agricultura. Se calcula que el número de beneficiarios por las medidas ya en vigor y las que se han incorporado nuevas ascenderá a cuatro millones de familias.

Próxima parada, Presupuestos

"Proteger a las familias, las empresas y la industria, empezando por las familias más vulnerables y extendiéndolas a la clase media y trabajadora" fue el mensaje que atravesó la comparecencia del presidente del Gobierno. Una intensificación de la etiqueta social de un Gobierno asfixiado por la situación económica, la amenaza de inflación social y la sensación de que tras las elecciones andaluzas se ha abierto un cambio de ciclo favorable al PP. Frente a ello, el Gobierno utilizará todos los recursos de los que dispone para intensificar un giro social que reactive a su electorado y contribuya a paliar la escalada inflacionista.

El giro de Sánchez, asumiendo la gran mayoría medidas reclamadas por sus socios, choca con la valoración de la mayoría de barones socialistas tras la debacle del 19-J. Los presidentes autonómicos consultados destacan que la enseñanza del 19-J tiene que ver con la necesidad de desplegar un proyecto de mayorías, moderado y basado en la solvencia. Las siglas e, incluso, la ideología deben ocupar un plano más secundario, según entienden. El electorado está por la estabilidad. El propio Juanma Moreno desplegó una campaña en que su marca electoral era su persona, por encima de las escondidas siglas del PP. En definitiva, que se debe tomar nota de lo ocurrido en Andalucía, principalmente para poner en valor la centralidad y la moderación. Todo ello, al margen de las siglas.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (i). (EFE/Javier Lizón)

La fórmula del éxito que asocian a Moreno. Pedro Sánchez, en estos momentos, depende más de los barones que ellos de él. La próxima cita con las urnas son las autonómicas y municipales, y las posibilidades del presidente del Gobierno de encarrilar las generales revirtiendo un cambio de ciclo se subordinan a conservar los gobiernos socialistas. Antes de ello, se negociarán los presupuestos, que serán la clave de bóveda para el final de la legislatura y el Gobierno lo fía todo a su aprobación. Y en el decreto aprobado este sábado, Sánchez también se jugaba la negociación de los próximos Presupuestos. Sin medidas ambiciosas, ni Unidas Podemos tendría alicientes para seguir dentro de la coalición ni los socios parlamentarios para seguir sosteniendo al Gobierno.

El presidente del Gobierno afronta el final de la legislatura endureciendo su discurso contra los "poderes económicos" y con un giro social orientado a recuperar el pulso electoral. La desmovilización del electorado de izquierdas, unido al trasvase de votantes socialistas a las filas conservadoras reflejado en los comicios andaluces, se busca paliar con un plan de choque social que movilizará hasta final de año un total de 15.000 millones de euros. Lo equivalente a un punto del PIB. Se amplían las ayudas directas a empresas y, sobre todo, a familias vulnerables, al mismo tiempo que se prepara un nuevo impuesto a las compañías energéticas para que contribuyan a financiar estas medidas.

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