España tendrá que apretarse el cinturón: presión para beneficios, salarios y deuda

Los agentes económicos españoles deben asumir un ciclo combinado de subidas de tipos y de inflación. Tanto el Gobierno, como las empresas y las familias, y por supuesto los inversores, que están en un año de pérdidas generalizadas. El Banco Central Europeo (BCE) dejará este mes de hacer compras netas de deuda y comenzará en julio una senda de subida de tipos de interés, en medio del 'shock' energético agravado con la guerra de Ucrania.

El Gobierno, presionado también por el resultado electoral de Andalucía, anunció este sábado un paquete de medidas urgentes de corto plazo con un coste de 9.000 millones, que unido a las iniciativas previas en luz y carburantes, eleva a 15.000 millones el esfuerzo. Asimismo, Economía tiene ante sí varias medidas más estructurales, como la reforma concursal, que ha negociado en el Congreso y espera llevar en la semana que viene al Pleno tras la aprobación en la Comisión de Justicia, y que será clave para las futuras reestructuraciones empresariales.

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Pero el momento actual está dominado por la inflación y por el giro del BCE. El objetivo de la autoridad monetaria es atajar el histórico aumento de la inflación, que alcanzó el 8,7% en mayo en España, con un 8,4% en la eurozona, y un promedio esperado para 2022 por parte del BCE del 6,8%. Sin embargo, el banco central anticipa una media del 3,5% para 2023, muy por encima del objetivo simétrico del 2%. Es decir, si se cumplen sus pronósticos, habrá al menos dos años de subidas de tipos e inflación elevada. El mercado espera que el euríbor alcance el 2,5% en el próximo año y medio, y ya está ahora por encima del 1%.

Estas variables aprietan a los ingresos netos de todos los agentes económicos, aunque por distintas vías. Pero obliga a volver a vivir un ciclo en el que España deberá apretarse el cinturón. Eso sí, lejos de los niveles de austeridad y devaluación interna que se vieron hace una década. Sin embargo, mirar a otro lado tras años de dopaje monetario y, desde el covid, fiscal o legislativo (ERTE, ICO, carencias, moratoria concursal, etc.), puede acabar en un ajuste demasiado doloroso.

"España deberá apretarse el cinturón. Eso sí, lejos de los niveles de austeridad y devaluación interna que se vieron hace una década"

Para las familias, el impacto es más que evidente. El euríbor sube las hipotecas y el coste de nuevas operaciones de crédito, sean a tipo fijo o variable. La escalada reciente del tipo interbancario encarece la cuota anual entre 800 euros y 1.400 euros, según estimaciones de Asufin para hipotecas estándar vivas. Asimismo, salvo en algunos casos de asalariados de segmentos para cubrir vacantes, lo previsible es que haya una pérdida de poder adquisitivo por la inflación, dado que los salarios no están subiendo tanto como los precios. Las últimas medidas del Ejecutivo pueden aliviar la carga para las familias más vulnerables, como el incremento del 15% en las pensiones no contributivas, que son las más bajas, o el cheque de 200 euros para desempleados y autónomos con bajos ingresos. Entre las familias con hipoteca, las de menos renta son las que más sufren la presión de que aumente el euríbor. Asimismo, el incremento del ahorro durante el covid ha sido muy heterogéneo por renta, y las familias con menos ingresos apenas tienen colchón. Estas iniciativas de urgencia, como también la reducción del 10% al 5% en el IVA de la luz, mitigan aunque no evitan el golpe de la inflación. Mientras que el nuevo impuesto a las eléctricas entrará en vigor en 2023.

Salarios contenidos

Ya en 2021, los salarios de convenio experimentaron su mayor pérdida de poder en una década, y el efecto será mayor en 2022. Por ahora no hay acuerdo entre sindicatos y patronal para fijar un marco en la negociación colectiva. La última propuesta de CEOE y UGT consistió en una subida salarial ahora del 3,5% con una cláusula de revisión a finales de 2022 ligada al IPC. Su argumento, según explicaron sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, esta semana en unas jornadas organizadas por APIE, UIMP y BBVA en Santander, es que las empresas pueden soportar estas alzas contra sus excedentes sin trasladarlos a los precios. CEOE se levantó de la mesa, y ahora no hay negociación en marcha.

Los sindicatos han amenazado con un otoño caliente lleno de movilizaciones si la patronal no se vuelve a sentar y hay acuerdo. CEOE ha dicho que podría aceptar la subida del 3,5% si no hay cláusula que indexe al IPC posteriormente. Lo que parece claro es que para que haya acuerdo, los sindicatos deben ceder y que haya pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, y también las empresas contra sus beneficios.

Se trataría del pacto de rentas que ha pedido varias veces el Banco de España, queriendo incluir en el mismo a funcionarios y a pensionistas. Es decir, que todos los agentes económicos se repartan las pérdidas que genera el encarecimiento de la energía. "El pacto de rentas se produce de facto, los salarios reales caen y los márgenes empresariales han tenido una evolución moderada. Pero para aniquilar los efectos de segundo orden ese pacto de rentas debería hacerse efectivo", señaló este viernes en las jornadas de la APIE con UIMP y BBVA el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Leopoldo Torralba, economista de Arcano Partners, cree que son posibles las revisiones al alza de los salarios sin presionar las expectativas de inflación a medio plazo, evitando los efectos de segundo orden: "Estableciendo pactos de rentas razonables para varios años venideros, en función de las expectativas de productividad y de inflación a futuro". "Se puede recuperar una parte del poder adquisitivo perdido por los empleados en 2022 sin hacer peligrar excesivamente los márgenes empresariales. No en vano, la inflación subyacente, exenta de energía y alimentos no elaborados, en promedio del año 2022 podría subir en el entorno del 5%, por encima del 3,5% salarial señalado, que en realidad debería ser aminorado por el crecimiento de la productividad teórico, como referencia de pérdida de margen empresarial y con ello, incentivo de las compañías a repercutir al cliente final en forma de subidas de precios, para no perder margen", añade.

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En cualquier caso, haya o no pacto de rentas, las empresas ganarán menos mientras aumentan los costes de producción, distribución y financiación, y por el otro lado habrá deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores por la inflación. Las familias ya han tenido que soportar el encarecimiento del euríbor. Y, además, el ahorro sufre un deterioro importante en términos reales. Las restricciones del covid en 2020 y 2021 y la incertidumbre han disparado los depósitos de los hogares hasta niveles récord de 982.200 millones. Una inflación media del 8,1% para 2022, como espera la OCDE, supondría pérdidas en este ahorro equivalente a casi 80.000 millones. Las familias también están sufriendo pérdidas generalizadas con las inversiones en fondos o en acciones.

En este contexto, además, se espera menos ayuda del Estado. Pese a medidas como las de este sábado, el margen del Gobierno se reduce con la subida de tipos. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, recordó en Santander esta semana que la política fiscal debe acompañar a la monetaria para luchar contra la inflación, lo que dicho de otra manera implica volverse más restrictiva tras dos años de expansión. Pablo Hernández de Cos puso el acento en la necesidad de tener un plan de ajuste fiscal, como también hizo Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, que hizo hincapié en la importancia de tener una guía para reducir de forma sostenible y creíble las ratios de deuda y déficit a medio plazo ahora que el BCE deja de comprar deuda y, en plena subida de tipos, el Tesoro tendrá que buscar nuevos inversores para sus emisiones. Herrero también recordó que el efecto positivo que genera la inflación en la recaudación del Estado se irá reduciendo según aumente el gasto público también por el IPC.

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En este ciclo, el Estado tendrá menos capacidad de gasto, mientras los organismos meten prisa al Gobierno para tener un plan de ajuste fiscal. "Con el fin de la compra de activos hay que ir al mercado, y necesita certidumbre, garantías y confianza, en ese marco se necesita planificación", argumentó Herrero. La AIReF estimó que el coste de la deuda subirá entre 2022 y 2025 entre 32.000 millones y 34.000 millones por la subida de tipos. El Banco de España calcula que el servicio de la deuda alcanzará el 2,5% del PIB.

El BCE ha dicho que habrá planes contra la fragmentación, aunque en el mercado ya se especula con que podría haber condicionalidad o contrapartidas. En cualquier caso, Luis de Guindos lanzó una advertencia: se trata de mantener a raya las primas de riesgo de Estados y empresas y que no suban indeseablemente sin atender a los fundamentos económicos, pero eso no quiere decir que no haya subida de tipos. Al contrario, en su opinión, si el banco central tiene éxito con la herramienta antifragmentación tendrá margen para subir los tipos de forma más intensa y rápida si lo considera necesario.

El bono español a 10 años cotiza ahora en el 2,5%, tras tocar el 3% hace dos semanas, y lejos ya del 0,5% con el que comenzó 2022. Para Gonzalo de Cadenas-Santiago, director de análisis macroeconómico y financiero de Mapfre Economics, es de esperar que suba más la rentabilidad del bono: "La deuda corporativa periférica se estresará y pagará una prima acorde con la vulnerabilidad. Merece especial atención el riesgo de crédito privado que se derive del aumento del 'spread' soberano, por los posibles efectos secundarios".

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No obstante, el economista de Mapfre no espera problemas de liquidez por parte del Tesoro, y cree que sería positivo para la evolución del coste de la deuda que haya un plan de ajuste creíble. Eso sí, advierte de que la clave es que sea de "medio plazo", sin anticipar todo el ajuste a corto plazo para evitar otra situación como la de 2011, cuando la austeridad llevó a la crisis del euro.

Cadenas-Santiago opina que en última instancia estará el BCE, sin condicionalidad relevante en su plan antifragmentación. También así lo cree Leopoldo Torralba: "Podría haberla, pero no excesivamente agresiva en intensidad ni plazos, Europa ha debido aprender la lección de los riesgos de una retirada prematura de los estímulos tras la Gran Recesión. Además, para evitar la estigmatización, también sería difícil que la ayuda fuera aceptada por los emisores".