Moncloa prolongará el plan anticrisis hasta 2023 por el escenario de inflación duradera

El Gobierno trabaja en un escenario de inflación menos coyuntural de lo calculado inicialmente. Las previsiones económicas del Ejecutivo pasaban por que el alza de precios comenzase a remitir en el segundo semestre, pero la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya ha reconocido que se producirá una "inflación más alta durante más tiempo a nivel internacional". Frente a esta constatación, Moncloa prepara un plan con medidas de choque para paliar sus efectos que se prolongue, al menos, hasta 2023.

Las alternativas pasan por prorrogar el actual decreto contra las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania hasta final de año o bien hacerlo en dos fases. Una primera hasta septiembre y una segunda que cubra la extensión de las medidas hasta diciembre. Los distintos departamentos del Gobierno están perfilando el decreto que se aprobará este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario y lo hacen planteando "la extensión de las medidas hasta final de año", según explicaba este jueves la titular de Asuntos Económicos en una entrevista en Televisión Canaria. Calviño matizaba acto seguido que se está analizando "cómo nos enfrentamos a la situación de aquí a septiembre y luego veremos lo que vamos a hacer hasta final de año".

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De lo que no hay duda es de que la inflación será más duradera en el tiempo, según el propio Gobierno, y de que las ajustadas mayorías en el Congreso invitan a someterse a una única convalidación en lugar de dos. El actual decreto ya se salvó por la mínima, con tan solo cuatro votos de diferencia, gracias al apoyo de EH Bildu. ERC se sumó a la bancada de la derecha y en estos momentos las relaciones del Gobierno con los republicanos siguen en el aire, pese al intento de acercamiento esta semana. El encuentro en Moncloa entre el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, para intentar pasar página a la crisis por el espionaje del caso Pegasus solo ha sido un comedido primero paso.

Los republicanos desconocen el contenido del decreto y fuentes de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso consideran que no votarán a favor de "parches". Al mismo tiempo, estas mismas fuentes destacan que el Gobierno debe realizar "una reflexión más profunda en fiscalidad", en referencia a la necesidad de gravar de forma extraordinaria los beneficios de las eléctricas y petroleras. Los populares, con los que el Gobierno tampoco ha negociado la prórroga de las medidas, ya votaron en contra el primer paquete de medidas y consideran, al contrario de ERC, que debe producirse una bajada generalizada de impuestos, más allá de la "insuficiente" rebaja del IVA en la factura de la luz del 10 al 5% anunciada por Pedro Sánchez. Este mismo jueves, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba desde Bruselas la suspensión temporal del impuesto de hidrocarburos.

En el Ministerio de Hacienda, trasladan que no está cerrada la decisión de optar por una prórroga de seis meses en el decreto anticrisis o extenderlo por trimestres. En el equipo de María Jesús Montero, trabajan en la cuantificación del coste de las medidas por meses, según explican. De ahí que no les represente problemas añadidos optar una u otra fórmula. Las medidas ahora en vigor representan un coste mensual de 2.000 millones de euros. A ello deben sumarse los 200 millones de euros que se calcula que el Estado dejará de recaudar por la bajada del IVA de la luz hasta el 5%. Una medida por la que España se convierte en el país con el IVA de la electricidad más bajo de la Unión Europea.

Sumando todas las rebajas fiscales del decreto que se aprobará este sábado, el Estado asumirá un coste de 600 millones mensuales. Una merma en la recaudación pública que busca contrarrestarse con la implantación de un recargo en el impuesto de sociedades a las eléctricas. La pretensión de Hacienda, sin embargo, es que esta subida de la presión fiscal a las grandes empresas energéticas se aplique en el próximo ejercicio y no de forma inmediata.

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Desde Unidas Podemos, se está presionando para que se incluya en el decreto, pero los socialistas argumentan falta de seguridad jurídica si se hace a través de esta figura legislativa. Se están valorando diferentes fórmulas bajo la premisa compartida entre los socios de coalición de que las eléctricas deben contribuir a financiar el estado de bienestar con los beneficios adicionales que están obteniendo gracias al fuerte incremento de precios.

Ayudas a más sectores

Al coste de las actuales medidas se añade que, según señalan fuentes del Ministerio de Industria, en el decreto de este sábado se incorporarán ayudas directas a más sectores. Asimismo, se están ultimando algunas nuevas medidas estrella que son prioritarias en la mesa de negociación, como un cheque de ayudas a las familias con rentas bajas, pero no hasta el punto de poder acceder al ingreso mínimo vital o la subvención al transporte público.

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Los morados partían de la pretensión de crear un abono universal de 10 euros para el transporte público, pero desde el Ministerio de Hacienda se ha retocado la propuesta para que sea un descuento porcentual. Lo que se baraja en estos momentos es una rebaja que podría llegar hasta el 50%. Esta última medida se desarrollaría de forma paralela a la subvención de 20 céntimos del litro de combustible. Desde Hacienda, se pretende implicar a las administraciones autonómicas en la subvención del transporte público, aunque no se ha negociado con ellas su papel.

La pretensión del Ejecutivo es que el nuevo decreto anticrisis, más allá de su extensión en el tiempo, incorpore nuevas medidas ambiciosas, y el socio minoritario ha aumentado en las últimas horas su optimismo respecto al alcance del texto. El desembolso público será notorio y sobrepasará con creces el suelo actual de 2.200 millones de euros mensuales. A todo ello hay que añadir las líneas de avales a través del ICO, que en el decreto anticrisis aprobado hace tres meses ascendían a 10.000 millones de euros, y el coste para la Seguridad Social del aumento de las pensiones no contributivas, pactado con Bildu, en un 15%.