La banca se expone a un castigo del BCE si no traslada el impuesto a sus clientes

Entre la espada y la pared. Así se encuentra la banca española respecto al nuevo impuesto cuyos detalles anuncia este jueves el Gobierno. Por un lado, tiene al Gobierno apuntándola con amenazas de sanciones en el caso de que traslade el tributo a sus clientes, y al socio del Ejecutivo, Unidas Podemos, pidiendo 'más sangre' con incluso penas de prisión. Y, por el otro lado, las entidades tienen el muro del marco regulatorio y del Banco Central Europeo (BCE), que les obliga a trasladar todos los costes en sus nuevos créditos.

Esto es así debido a una normativa europea dictada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) que entró en vigor el 30 de junio de 2021. Se trata de las directrices sobre concesión y seguimiento de préstamos, que buscan garantizar que las entidades cuentan con enfoques sólidos y prudentes respecto a la asunción, gestión y seguimiento del riesgo de crédito.

La sección 6 de estas directrices deja claro que “las entidades tendrán en cuenta, y reflejarán en los precios de sus préstamos, todos los costes pertinentes hasta la siguiente fecha de revisión del precio o vencimiento. Dichos costes incluirán (...) cualquier otro coste real asociado al préstamo en cuestión, incluidas las consideraciones tributarias, cuando proceda”.

TE PUEDE INTERESAR

El impuesto a la banca choca con Europa: el BCE avisó en 2019 de un efecto dominó

Jorge Zuloaga

Tanto el BCE como el Banco de España adoptaron estas directrices el verano pasado, comprometiéndose a aplicarlas en su ejercicio de supervisión. De hecho, esta es una de las prioridades de supervisión hechas públicas hace unos meses y el BCE ha lanzado recientemente una inspección general al sector ('thematic review') para comprobar cómo se trasladan los costes a los precios de las hipotecas.

Normativa española

Esta circunstancia también está recogida en la normativa española, en concreto en el anejo 9 de la Circular 4/2017, del Banco de España, sobre concesión de operaciones, que establece: que "La política de precios deberá estar orientada a cubrir, al menos, los costes de financiación, de estructura y de riesgo de crédito inherentes a cada clase de operación". Aunque no especifica los impuestos, estos se recogen dentro de los costes de estructura de los bancos.

En caso de que los bancos incumplan estas normativas, se exponen a posibles graves consecuencias, tales como requerimientos adicionales de capital o liquidez y sanciones. La revisión que tiene en marcha actualmente el BCE a varios bancos españoles también podría implicar nuevas provisiones.

Desde que se hizo público el impuesto, las entidades no han parado de quejarse airadamente ante el Gobierno y ante los supervisores, aunque de momento ha valido de poco. Así, Hacienda ya ha concluido los detalles del nuevo impuesto, con el que quiere recaudar 3.000 millones en dos años, y empezará en las próximas semanas su tramitación como ley ordinaria, que gravará los ingresos brutos (margen de intereses más comisiones).

Desde las entidades, recuerdan que el tipo del impuesto de sociedades que pagan es del 30%, cinco puntos porcentuales por encima del que aplica al resto de sectores (25%), solo superado en Europa por Malta (35%). Y el tipo efectivo es del 25%, frente al 21% medio de las empresas. A lo que se añaden otras cargas fiscales como el Impuesto sobre los depósitos, la contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y al Fondo Único de Resolución, el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas y el de transacciones financieras. Mientras, recuerdan desde los bancos, el tipo efectivo de las empresas digitales no llega al 10%.

La estela de Orbán

Otro de los puntos que han puesto sobre la mesa las entidades es que el único país donde se ha creado un impuesto similar para los bancos es la Hungría de Viktor Orbán, donde los tipos de interés llevan dos años subiendo y, al menos, "no se ha estigmatizado a la banca", señalan desde el sector.

TE PUEDE INTERESAR

Las opciones de Hacienda para diseñar el impuesto a la banca de Sánchez

Óscar Giménez

El Gobierno también se enfrenta a una posible oposición del BCE, que en 2019 ya se opuso frontalmente a un tributo similar en Lituania. "Usar los ingresos de cualquier impuesto 'ad hoc' a los bancos con fines generales presupuestarios sería indeseable en la medida en que tales impuestos impondrían cargas indebidas a las entidades, lo que pondría obstáculos a las provisiones de crédito con un efecto dominó en el crecimiento de la economía real", expuso entonces el supervisor.

Junto a esta opinión contraria, el hecho de que no se puedan trasladar los costes a los clientes apunta a otro choque entre el BCE y el Gobierno, con los bancos en medio.