Las opciones de Hacienda para diseñar el impuesto a la banca de Sánchez

El Ministerio de Hacienda tiene el desafío de presentar una propuesta de impuesto a los bancos sin que parezca la improvisación del presidente, Pedro Sánchez, para ganar votos tras el descalabro electoral de Andalucía y ante el malestar de las familias por la inflación. Cuatro años después, Sánchez vuelve a usar la banca para dar la imagen de que se eleva la presión fiscal sobre los poderes económicos.

Si antes de la crisis provocada por el repunte de la inflación, agravado con la invasión de Ucrania, el foco de Moncloa parecía estar en que tributaran por patrimonio los millonarios de Madrid o avanzar en un sistema tributario verde, ahora ha girado hacia energéticas y bancos. En el primer caso, se daba por hecho; con las entidades financieras, ha habido una sorpresa monumental.

Este miércoles se han sucedido las llamadas entre banqueros y asesores fiscales y, los que tienen posibilidad, con funcionarios de Hacienda. Pero no hay respuestas sobre por dónde irá el Gobierno con su objetivo de que los bancos tributen 1.500 millones en 2023 y otros 1.500 millones en 2024 con cargo a los ejercicios previos.

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El argumento de Sánchez es que deben ayudar a este momento de crisis ante los beneficios caídos del cielo que brinda la subida del euríbor. Si bien hay matices con esto. Por una parte, en la jerga los beneficios caídos del cielo proceden de la financiación a largo plazo del Banco Central Europeo (BCE), los TLTRO, y el propio BCE ya está estudiando cómo impedir este beneficio extra, según publicó el ‘FT’, lo que supondría un golpe de más de 1.000 millones para la banca española.

En cualquier caso, el consenso dice que los márgenes de la banca mejorarán si sube el euríbor, ya que se incrementan las cuotas de los préstamos referenciados, en especial las hipotecas a tipo variable. Pero hay un porcentaje creciendo de crédito a tipo fijo, que ya supone más del 47% del total, el mayor peso desde 2005. Además, cuando suben los tipos también se encarecen algunos costes para la banca, como la remuneración de los depósitos o la financiación mayorista, y se incrementa la morosidad.

Por ello, es imposible cuantificar con exactitud el aumento del beneficio que provoca el euríbor, y que es lo que Sánchez dice querer gravar. Ni siquiera hay expectativas sólidas en torno al euríbor, que ha pasado este año de estar casi en el -0,5% a alcanzar el 1%. El mercado espera que acabe el año en el 1% y el próximo en el 1,5%. Hace solo un mes anticipaba un ‘rally’ hasta cerca del 3% en año y medio.

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El objetivo de Moncloa es gravar a entidades bancarias con facturación superior a los 1.000 millones, con lo que aquí hay otro problema que debe atajar Hacienda. No hay partidas de cifras de negocio, ingresos o facturación en los bancos como en empresas no financieras, sino márgenes que comparan ingresos y costes. Los dos más importantes son el margen de intereses, que es el que se beneficiará del incremento del euríbor, al comparar ingresos y costes por la actividad de intermediar el dinero, y el margen bruto, que suma comisiones netas o el resultado de operaciones financieras.

Unicaja, por ejemplo, tuvo un margen bruto de 1.517 millones en 2021, pero de 1.028 millones de margen de intereses. Con ambos márgenes entraría en el cómputo, pero con el segundo está en el límite y si hay una menor actividad comercial este año se libraría del tributo.

En realidad, los fiscalistas creen que lo más probable es que se repercuta el nuevo impuesto sobre el beneficio como imposición directa. Aquí hay dos opciones. Subir el impuesto de sociedades de forma temporal, pero con excepciones para que los bancos no consuman las bases imponibles negativas (activos fiscales, DTA) que arrastran de la reestructuración financiera de 2012, o crear un tributo sobre el beneficio contable.

En el primer caso, no respondería al espíritu del anuncio. Si se sube sociedades, se aplica sobre todo el beneficio, no sobre el aumento del mismo por el euríbor. Actualmente, el impuesto de sociedades de los bancos es del 30%, en vez del 25% general. Sin embargo, esto en realidad es un favor para las entidades, que así mantienen los activos fiscales en balance sin reconocer pérdidas. Si se redujera el tipo impositivo, tendrían que reconocer pérdidas por DTA no convertibles que están contabilizados como activo. Por otro lado, cualquier limitación al uso de DTA afectaría a bancos grandes y también medianos o pequeños.

En el segundo caso, el diseño debería ser cuidadoso para evitar la doble imposición. Se podría establecer como un sobrecoste deducible en sociedades, de tal manera que se aumentaría la tributación sin que haya doble imposición. Hay que tener en cuenta que el impuesto de sociedades repercute la base imponible, que surge de ajustes a la baja y al alza sobre el beneficio contable, y después de aplicar, si los hay, los DTA.

El presidente del Gobierno ya abrazó la propuesta de un impuesto a la banca en su programa económico cuando aún estaba en la oposición, y la mantuvo cuando llegó a Moncloa tras la moción de censura. Finalmente, en verano de 2018 dejó la idea y obligó después a su socio, Unidas Podemos, a contentarse con una tasa Tobin que ha recaudado mucho menos de lo previsto.

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En este caso, Sánchez ha mencionado 1.500 millones por año. Una cosa que sorprende es que la cantidad estimada sea idéntica en dos años en que las previsiones para el euríbor difieren, cuando se supone que es el argumento para gravar a los bancos. También el consenso de beneficios de la gran banca es diferente en 2023 y 2024.

Sea como fuere, el Gobierno debe darse prisa si quiere que el tributo se repercuta el año que viene, ya que la modificación de la Ley de Sociedades, si es el caso, o la nueva norma, debería ver la luz antes del 31 de diciembre. La jurisprudencia marca que no se puede hacer tributar con carácter retroactivo a ejercicios anteriores. La opción más rápida sería que, en vez del Gobierno, el impuesto parta de una propuesta de los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos para saltarse el trámite de la consulta pública. Si hay acuerdo entre los partidos, habría mayoría en la Mesa para acelerar la tramitación y llevar el proyecto a la Comisión de Hacienda.

El mencionado tributo de Sánchez de 2018 nunca llegó a tener una propuesta firme. En aquel momento, se barajó asemejarlo al modelo británico, donde hay una tasa sobre los depósitos, que quiso lanzar Andalucía y Cristóbal Montoro impidió creando un impuesto nacional, lo que impide que haya uno autonómico sobre el mismo hecho imponible, y con una exención del 99,5%. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha calculó en 2018 que un impuesto equiparable al británico recaudaría 2.000 millones.

Ahora, el Gobierno podría establecer también incrementar el tributo sobre los depósitos, pero no tendría nada que ver sobe gravar beneficios, como dijo Sánchez. Además, los servicios financieros están exentos de IVA, con lo que los bancos pagan IVA por algunas actividades, pero supone un coste que se deducen en sociedades, y no hay por esta vía margen para incrementar la presión fiscal.