Un viraje del PSOE en 48h diluye el impuesto a las eléctricas y mitiga el riesgo de demandas

El Gobierno ha dado un giro de 180 grados respecto del impuesto a las energéticas en solo dos días. En menos de 48 horas, el Congreso, liderado por los grupos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), ha pasado de negarse a debatir una enmienda presentada por PNV y PDeCAT, que reduce la base sobre la que se pretende aplicar la tasa a eléctricas y petroleras, a aceptar en comisión parlamentaria por unanimidad el contenido de la misma, con lo que la recaudación prevista de 2.000 millones será inferior, descuadrando en parte los presupuestos generales del Estado ya enviados a Bruselas.

El partido de gobierno en el País Vasco, donde tributan Iberdrola y Repsol, y el PDeCAT, grupo del territorio de la sede de Naturgy y donde aglutina buena parte de su actividad Endesa, presentaron el pasado jueves una enmienda parcial que pretendía excluir de la base sobre la que se quiere aplicar el tributo todas las actividades reguladas, el impuesto de hidrocarburos o los ingresos procedentes de los establecimientos en el exterior de España.

Es decir, que ya no aplica sobre las redes eléctricas, ni gasistas, sobre las renovables con retribución regulada (Recore), la tarifa PVPC de electricidad y la TUR de gas. Tampoco sobre la generación extrapeninsular. Eso sí, el Parlamento no acepta que se quite la tasa a las inversiones en transición ecológica, el último caballo de batalla que las grandes energéticas no han logrado salvar.

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El debate en comisión fue rechazado en la ponencia parlamentaria del pasado martes, algo inusual porque, aunque se hubiera admitido a debate, los partidos del Gobierno y sus socios, sin contar el PNV, podían haber votado en contra. Sin embargo, menos de un día después, el diputado socialista Rafael Simancas presentaba una carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en que anunciaba que se desdecía y permitía admitir a trámite la propuesta de los partidos nacionalistas, la que más agradaba a las compañías energéticas.

Al día siguiente, este pasado jueves, solo dos días después de vetar la enmienda, la comisión en pleno la aceptaba por unanimidad. De aprobarse en el pleno del próximo jueves, el impuesto quedará muy matizado para las eléctricas y algo menos para las petroleras, según fuentes empresariales. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba este jueves que la proposición de ley por la que se aprueba el gravamen "sale enriquecida" y los nuevos elementos no son sustanciales.

¿Qué ha pasado para un giro de 180 grados en 48 horas?

Fuentes del sector apuntan a que el gravamen acumulaba tal cantidad de problemas legales que podría ser tumbado en los tribunales. Firmas como Iberdrola o Cepsa ya habían anunciado que denunciarían la norma por su falta de encaje legal si salía en los términos inicialmente propuestos. Y ahora, además, se especulaba con que la petición de cautelares podría haber tumbado el impuesto ante su entrada en vigor, lo que hubiera supuesto un golpe de muerte para un Gobierno que sufre la crisis por las fallas en la ley del solo sí es sí, impulsada por el socio minoritario, Unidas Podemos.

En primer lugar, cabe destacar que los juristas ya afilaban sables ante determinadas circunstancias. En primer lugar, el gravamen parte de la voluntad del Gobierno, como expresó el presidente Pedro Sánchez en el mes de junio, enfrentado al sector por las medidas regulatorias que había ido aprobando, lo que le ha supuesto un choque directo con primeros directivos como Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) o Josu Jon Imaz (Repsol).

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Pese a ello, la vía elegida fue la proposición de ley, que no parte del Ejecutivo, sino de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso. Existe un amplio consenso de que con esa vía se lograba un trámite urgente mucho más rápido, ya que la norma no se debe enviar a consultas de los órganos consultivos como el Consejo de Estado, lo que además de demorar su entrada en vigor, le podría haber supuesto reproches de encaje legal.

El siguiente problema parte de que la ponencia parlamentaria celebrada el pasado martes vetó las enmiendas, algo poco habitual en la tramitación parlamentaria, alegando disminución de ingresos sobre los presupuestos. Varias fuentes señalan que esto tiene graves problemas de encaje legal, dado que se achaca una disminución de ingresos sobre unos presupuestos aún sin aprobar, puesto que no se espera que se certifiquen en pleno hasta el próximo jueves, algo aún por ver, ya que ese mismo día también se debe aprobar la reducción del delito de sedición, con las sensibilidades que ello implica para un partido como ERC, socio del Gobierno.

El siguiente problema planteado es de discriminación dentro del sector. De no haber hecho caso a la enmienda del PNV y haber aplicado la tasa sobre los ingresos regulados, se generan varios conflictos. Por un lado, las empresas podrían denunciar un problema de discriminación, ya que hay dos empresas con ingresos regulados como Enagás y Red Eléctrica que se han dejado fuera del gravamen. El máximo accionista de ambas compañías es el Estado. ¿Qué pasa si alguien pide cautelares por discriminación y un juez las acepta ante la entrada en vigor del gravamen? No es la primera vez que los tribunales tumban una norma y la Administración tiene que devolver cantidades millonarias a las eléctricas. Este mismo año, están recibiendo más de 500 millones por el canon hidráulico.

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En este sentido, otro experto sectorial consultado asegura que existe jurisprudencia reciente en línea con lo anterior. El Tribunal Supremo tumbó la aplicación del bono social por ser discriminatorio dirigirse contra las principales empresas eléctricas y no contra todo el sector. Ante dicha falla, el Gobierno tuvo que rectificar y aplicar el pago del descuento a consumidores vulnerables también sobre otras compañías del sector dedicadas a la generación, el transporte y la distribución. Además, señaló que dicho gravamen se podía repercutir contra los consumidores. De ir en esa línea, las empresas podrían aplicar el nuevo tributo sobre los usuarios, una línea roja que el Gobierno ha asegurado que no está dispuesto a traspasar.

El problema de aplicar la tasa a los ingresos regulados también tiene otra arista. La tasa que reciben las redes la fija el propio Gobierno a través del BOE para periodos de seis años. Si se reduce la tasa fijada por el propio Ejecutivo, se rebaja la rentabilidad aplicada. El Gobierno ya hizo esto sobre la rentabilidad regulada de las renovables y ello le ha costado más de 50 arbitrajes de inversores internacionales, con el daño reputacional al país, que acaba trasladándose en una mayor prima regulatoria soberana. Dicho de otro modo, recortar los ingresos de las redes afecta al coste a que se financia España.

Al margen de la propuesta europea

Por último, el gravamen se situaba en gran parte fuera de los cánones que pretende establecer Bruselas. Según la Comisión, el impuesto debe ir contra beneficios y no contra ingresos. El Gobierno se niega a ir por esta vía, porque cree que la ingeniería fiscal de las empresas lo dejaría en nada. Sin embargo, la Comisión entiende que los ingresos extra de las eléctricas ya están recortados por la minoración de ingresos y el tope al gas. De ahí que excluya en sus recomendaciones gravar a las eléctricas y dirija el impuesto sobre las empresas de hidrocarburos.

En esta línea de no gravar los ingresos de las eléctricas se ha pronunciado recientemente un informe de Fedea, think tank empresarial español cuyos diagnósticos son reconocidos por instituciones internacionales. La consultora Nera Consulting, experta en energía, también se ha pronunciado en línea con Fedea.

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En el sector, no se ponen de acuerdo sobre quién ha convencido al Gobierno para que se retracte en menos de 48 horas respecto de lo que venía tramitando desde junio. El diario Expansión achacaba este jueves el giro a la presión desplegada por las empresas. Otras fuentes del sector creen que los propios servicios jurídicos de los distintos ministerios han alertado de que podría tener problemas. La falta de un dictamen de organismos como el Consejo de Estado no permite despejar los problemas de encaje legal que puede contener la norma.

Por si todo esto fuera poco, desde las empresas creen que el dictamen del BCE contrario al impuesto a la banca, tramitado en la misma norma, también se puede alegar para las energéticas en caso de ir a los tribunales.

La resolución final se dará en el pleno del próximo jueves 24 de noviembre, para que el gravamen entre en vigor el 1 de enero. Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa, principales empresas contra las que se dirige el gravamen, han ganado un 40% más en lo que va de año con respecto al ejercicio anterior (casi 10.000 millones hasta septiembre). El IPC está en niveles récord este año por los elevados precios de la energía. Todo apunta a que las energéticas pagarán menos de los 2.000 millones anuales calculados por el Ejecutivo.