Nuevo impuesto a las eléctricas: el coste de una inseguridad que va a más

El sector eléctrico español vuelve a sentir sobre sus espaldas el peso de la incertidumbre regulatoria. Aunque planteado desde hace días, la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda de sus planes para establecer un impuesto especial al sector a partir de 2023 ha motivado fuertes caídas entre las cotizadas del sector. Pese a moderarse en el tramo final de la jornada, Naturgy y Endesa han firmado recortes en el entorno del 3%, mientras que Acciona (penalizada también por los malos resultados de su participada Nordex) e Iberdrola se dejan algo más del 2,7%.

La medida representa solo un paso más en la dinámica en que lleva inmerso el Gobierno español desde que, hace aproximadamente un año, el encarecimiento de la factura eléctrica comenzó a plantearse como un problema social de primera magnitud. A falta de detalles, resulta vano tratar de estimar cómo puede afectar a las cuentas de cada compañía la medida, pero parece obvio que ahonda en la percepción de que el sector está desarrollando su negocio con unas reglas de juego cada vez más inestables.

La inseguridad jurídica no es, ni mucho menos, una novedad para el sector, ni el de España está siendo un caso único, en medio de la situación extraordinaria provocada por la guerra de Ucrania, que está obligando a gobiernos de muy distinto signo a ensayar medidas de alivio a una situación que está tornándose dramática para muchas familias. Pero sí cabe considerar que, para bien o para mal, el Ejecutivo español está siendo uno de los más decididos a la hora de intentar hacer correr a las eléctricas con parte de la factura.

La inseguridad jurídica no es nueva para el sector ni España está siendo un caso único

Entre los expertos, impera la idea de que, más allá de los grandes titulares, ni la coyuntura actual ha supuesto ningún tipo de bendición extraordinaria para las cuentas de las eléctricas (sus resultados están poco expuestos a los precios al contado del mercado) ni las medidas planteadas por el Gobierno han supuesto un hachazo considerable a sus expectativas. Pero a medida que las tensiones se prolongan en el mercado eléctrico, cada nuevo paso regulatorio azuza los temores a que se acabe cruzando alguna línea roja que pueda resultar más dolorosa para las perspectivas del sector eléctrico. Sin ir más lejos, el nuevo impuesto al sector podría dejar de ser, como las anteriores, una medida extraordinaria con fecha de caducidad para convertirse en una carga estructural para las compañías eléctricas.

“No descartamos que en el futuro los gobiernos puedan presentar propuestas más severas sin una compensación adecuada a las empresas de servicios públicos. La estabilidad y solidez del marco regulatorio serán claves en tal escenario. Entre las principales economías europeas, el Reino Unido, Italia y Alemania tienen un marco de políticas más benigno en comparación con España y Francia”, indican los expertos de la agencia Fitch en una nota publicada este mismo martes. Aunque sobre la evolución de las eléctricas vienen pesando en los últimos tiempos otro tipo de cuestiones, como el efecto de la subida de los tipos de interés (que limita el atractivo de la recurrencia de sus resultados y resta lustre a negocios tan fuertemente apalancados), no puede verse como casual que en los últimos 12 meses los rendimientos de Iberdrola o Endesa empeoren, con creces, la media de su sector.

Como se ha recordado con frecuencia, todas estas cuestiones suponen un lastre significativo al que estaba llamado a ser un periodo crucial para el futuro de la industria, en medio del proceso de transición energética, que se presenta con la promesa de fuertes ganancias a futuro, pero, al mismo tiempo, con la necesidad de hacer importantes inversiones previas, que ahora se ven más comprometidas que nunca.

La incertidumbre regulatoria puede suponer un freno a las inversiones energéticas

“Teniendo en cuenta las elevadas necesidades de inversión del sector de servicios públicos —desde las energías renovables hasta la sustitución del suministro de gas ruso, pasando por el reto de la inversión nuclear— y a causa de la inflación y los cuellos de botella en el suministro, es un mal momento para imponer impuestos adicionales”, apunta en una nota difundida este martes Sebastian Zank, responsable de Calificaciones Corporativas y ESG de Scope Ratings.

Según el experto de la agencia de calificación alemana, "cuando las empresas quieren invertir y los gobiernos introducen incertidumbre, es más difícil ejecutar las inversiones. Igualmente, cuando la inflación aumenta, añadiendo una prima de riesgo adicional a los cálculos internos de los rendimientos futuros, el peligro es que algunos proyectos dejen de ser viables, incluso con desgravaciones fiscales en forma de deducciones fiscales".

Para el sector eléctrico, la guerra de Ucrania ha llegado con sobredosis de incertidumbre en el peor momento posible. Y en este escenario, las eléctricas españolas se están llevando la peor parte.