La trampa de los beneficios "groseros" de las eléctricas españolas

En su arremetida contra de las eléctricas, el Gobierno ha tirado de datos contundentes para denunciar lo que no ha dudado de calificar como “groseros” beneficios de las compañías del sector. Durante la sesión de control al Gobierno que tuvo lugar en el Congreso el pasado miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que los beneficios de las eléctricas en España triplican los de sus pares alemanes.

Si la prudencia invita a coger con pinzas los datos que habitualmente se lanzan desde una tribuna política, en esta ocasión las palabras de Díaz venían refrendadas por estadísticas recopiladas por Eurostat, que habían sido recientemente publicadas por ‘Eldiario.es’.

En estas se recoge que el margen de beneficio operativo bruto de las compañías de suministro de electricidad, gas y aire acondicionado alcanzó en España en 2018 (el último año del que hay datos disponibles) el 18,2%, unas cifras que contrastan de forma significativa con el 5,4% registrado en Alemania o el 10,7% de media de la Unión Europea. Una brecha que, lejos de resultar accidental, ha sido consistente a lo largo de los últimos años. Estas cifras vendrían a justificar el reciente hachazo del Ejecutivo a las ganancias del sector para frenar la escalada de los precios.

Los márgenes sobre ventas son una métrica de utilidad limitada en el sector eléctrico

Pero, si a simple vista estos números no parecen admitir discusión, la realidad del sector resulta mucho más compleja de lo que se pretende leer en ellos. De hecho, según explican varios analistas especializados en el sector eléctrico, esta métrica, la de los márgenes de beneficios, que en otro tipo de compañías resulta un factor clave de análisis, en el sector eléctrico ocupa una posición muy secundaria. La razón: la amplia variedad de negocios que abarcan las distintas compañías del sector (generación, distribución, comercialización…) presenta unos márgenes muy divergentes y hace poco útiles las comparativas.

Un tema fundamental es que los datos esgrimidos por la vicepresidenta segunda hacen referencia al beneficio operativo bruto, que no tiene en cuenta variables como las amortizaciones, que son clave en industrias intensivas en capital como la eléctrica. Como explica un consultor experto en el sector, los márgenes sobre ventas de la electricidad generada por medio de renovables o hidráulica superan con mucho los que puede producir, por ejemplo, una instalación de ciclo combinado. Sin embargo, sus costes de puesta en marcha son muy superiores. “Es por eso que una compañía en el sector puede ser muy rentable sobre ventas, y no serlo tanto sobre activos”, observa.

En efecto, fuentes del sector alegan que, frente a lo esgrimido por Yolanda Díaz, “si usamos esos dos parámetros —inversiones y rentabilidad neta obtenida— y los aplicamos a la década pasada, la rentabilidad del sector eléctrico en España está por debajo de la de Portugal o Italia”. La comparativa de rentabilidad con otros sectores intensivos en inversiones, como el suministro de agua o la minería, no evidencia ninguna excepcionalidad en los márgenes del sector eléctrico, según se desprende de las cifras de la central de balances del Banco de España.

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Del mensaje lanzado por la vicepresidenta se podría llegar a deducir que el sector eléctrico estaría engordando sus beneficios con prácticas poco éticas. Pero, al margen de algunas actuaciones controvertidas —como la polémica de la gestión de los embalses—, ante las que el Gobierno cuenta con recursos suficientes para castigar las ilicitudes, lo cierto es que el sistema de fijación de precios imperante en España está regido por unas normas en esencia idénticas a las del resto de Europa, con un sistema marginalista que tiene como fin premiar con mayores rentabilidades a las compañías más eficientes. Y que con ello (y con un sistema de derechos de emisiones de CO₂, que es también uno de los principales culpables del encarecimiento de la luz) impulsa las inversiones en tecnologías limpias, con unos costes variables mucho menores —o inexistentes—. Es por eso por lo que un margen sobre ventas mayor de las eléctricas en España no tiene por qué representar una mala noticia.

Pero las últimas medidas del Ejecutivo atacan precisamente esa lógica, lo que explica que —más allá de que algunas advertencias lanzadas por el sector se puedan entender como meras medidas de presión— agencias como S&P o Fitch hayan lanzado en los últimos días sendas advertencias sobre un posible retraimiento de inversiones en el sector renovable en España que podría comprometer los objetivos de transición energética, mientras deja a las eléctricas españolas en una peor posición competitiva frente a sus rivales.

Aunque aparentemente pasajeras, las advertencias que lanzan algunas casas del sector de que los precios elevados podrían extenderse durante el próximo año y más allá mantienen sobre el sector la sospecha de que los recortes a los ingresos aplicados por el Gobierno podrían extenderse más tiempo del inicialmente establecido (que sería hasta finales del próximo marzo). Y solo esa sospecha ya supone un plus de incertidumbre que viene pesando desde hace semanas en la evolución del sector en bolsa y en el incremento de la percepción de riesgo de su deuda (medida por los seguros contra impago o CDS), lo que supone un incremento de costes de financiación que no es baladí para un sector al que se le demandan cuantiosas inversiones año tras año.

La incertidumbre regulatoria pesa sobre el sector en bolsa y encarece su financiación

Del mismo modo que le ha sucedido con frecuencia a la banca, sobre el sector eléctrico suele recaer un halo de sospecha que no deja de resultar llamativo en una industria tan sometida al escrutinio regulatorio. Parece obvio que su condición de suministrador de un servicio tan universal e indispensable y su tradicional cercanía a la clase política —plasmada en la multitud de políticos que han pasado por los sillones de sus consejos de administración— la sitúan en el disparadero a cada ocasión que la controversia (generalmente, a causa de los precios) alcanza al sector. Y, en esas circunstancias, cierta opacidad que habitualmente ha caracterizado a las eléctricas y determinados comportamientos discutibles ayudan a perpetuar las suspicacias de algunos segmentos de la ciudadanía, alentados por determinados grupos políticos.

Es la presión de estos grupos la que ha forzado al Gobierno de Pedro Sánchez a precipitar unas medidas que venía dilatando en el tiempo, confiado en que una relajación de los precios redujera la preocupación por esta cuestión y permitiera abordar las posibles reformas de forma sosegada. Porque no hay razones para cerrarse a cambios en la regulación eléctrica española. Al fin y al cabo, la creciente irrupción de las energías renovables ha supuesto un cambio radical que puede haber dejado obsoletas muchas de las normas vigentes. Y, si desde el Ejecutivo se considera que en el negocio de las eléctricas en España existen unas condiciones excepcionales que favorecen ganancias excesivas, no cabe otra opción que reclamar remedios duraderos que eliminen esas distorsiones y no parches temporales que solo dejan la sensación de estar buscando acallar críticas.

Porque lo cierto es que, frente a la denuncia de beneficios "groseros" que azuza la percepción de que las eléctricas se están enriqueciendo de forma abundante con la actual escalada reciente de los precios, resulta la complejidad de un negocio al que la suma de efectos de la situación actual no le resulta del todo satisfactoria: lo que entra por el lado de la generación se equilibra en buena medida por el lado de la comercialización, donde los precios pactados a largo plazo (y las coberturas contratadas) bloquean la capacidad del sector de adaptarse a corto plazo a una coyuntura extrema como la actual. No deja de ser significativo que, pese al repunte de los precios, ninguna de las grandes eléctricas españolas viera ningún incremento significativo de sus estimaciones de beneficio en las proyecciones de las casas de análisis en las semanas anteriores a las medidas del Gobierno, que sí han desencadenado una sucesión de recortes.