S&P advierte de que el hachazo del Gobierno a las eléctricas puede espantar inversiones

El plan del Gobierno para limitar los 'beneficios caídos del cielo' de las grandes eléctricas para mitigar los efectos de la subida de la luz sobre la factura "podría socavar la confianza de los inversores y la asignación de capital" en el sector y tener un impacto "crítico" en el largo plazo. Este es el vaticinio de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's que, en un informe muy duro contra el real decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado 14 de septiembre, atribuye el paquete de medidas a "motivaciones políticas", advierte de que podría dar lugar a deslocalizaciones y cuantifica la merma de ingresos para las compañías energéticas en 3.200 millones de euros.

El documento, de nueve páginas y datado el 29 de septiembre, reconoce que, si las acciones relativas al gas —la minoración de los ingresos extra obtenidos por hidráulicas y nucleares como consecuencia de la subida del precio de esta materia prima en los mercados internacionales— son temporales, estas no tendrán un impacto sobre la calificación crediticia de las compañías, aunque sí podrían ralentizar las inversiones para la transición energética, debido a su menor músculo financiero. El real decreto del Gobierno prevé que la regulación excepcional decaiga el 1 de abril de 2022, cuando espera que los precios del gas empiecen a normalizarse (S&P vaticina que no ocurrirá hasta 2023).

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Sin embargo, la afectación sobre el riesgo financiero de las empresas se notará durante los próximos meses, debido al hachazo sobre los ingresos, que, según S&P, ha dado al traste con las previsiones de las eléctricas. "El impacto será difícil de asumir por las empresas a corto plazo", advierte, y añade que la subida de precios en el mercado mayorista no beneficia a las energéticas, que ya había vendido su producción cuando los precios estaban más bajos.

Según la agencia de calificación de riesgos, la ratio de fondos de operaciones sobre deuda (FFO) se reducirá en unos 300 puntos básicos en el caso de Iberdrola y hasta en 750 en el de Endesa, las dos compañías más afectadas por las nuevas regulaciones. Para Naturgy, bajará 170 puntos básicos, y para EDP, 55. En otras palabras: las eléctricas necesitarán acudir en mayor medida a los mercados para financiar su actividad, por lo que aumentarán su apalancamiento.

La minoración del gas reducirá un 12% el ebitda de Iberdrola (1.200 M), un 22% el de Endesa (900 M) y un 7% el de Naturgy (280 M)

Está en juego mucho dinero. La minoración del gas reducirá un 12% el ebitda de Iberdrola (1.200 millones), un 22% el de Endesa (900 millones), un 7% el de Naturgy (280 millones) y un 2% el de EDP (80 millones). En total, el hachazo llegará a 2.600 millones.

El impacto de la minoración del CO₂ será menor (unos 625 millones), pero no por ello dejará de notarse en las cuentas de las compañías: hasta 270 millones en el caso de Iberdrola (un 2,4% del ebitda), 250 para Endesa (6%), 60 millones para Naturgy (1,4%) y 20 para EDP (0,4%). S&P aclara que estas estimaciones no tienen en cuenta la renegociación de contratos que ya han emprendido algunas empresas, como adelantó este miércoles El Confidencial.

Freno al "apetito" inversor

El informe también cuantifica el impacto del paquete diseñado por el Ejecutivo sobre las familias: afectará al 40% de los hogares residenciales, aquellos que están acogidos a la factura regulada, y les permitirá un ahorro del 22% en el recibo. "Ningún país europeo ha tomado semejantes pasos hasta ahora", resume. La agencia de calificación de riesgos acusa al Gobierno renunciar a intervenir directamente sobre el mercado mayorista y haber dejado fuera a las eléctricas del diseño de las nuevas regulaciones. Además, advierte de que el real decreto sienta un peligroso precedente. En su lugar, apunta, otros Estados han preferido reducir los impuestos que se pagan en la factura —algo que ya ha hecho el Gobierno— y dar subsidios a los hogares más pobres. Su modelo: la Italia de Mario Draghi.

Opinión

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Más allá del hachazo a la cuenta de resultados a corto plazo, el plan coyuntural para reducir la factura de la luz podría acabar volviéndose contra el gran pilar estructural de la política energética de Moncloa: la descarbonización de la economía. S&P advierte de que las nuevas regulaciones contra las empresas "podrían reducir su apetito para invertir en la transición energética", diseñada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se prolongará hasta 2030.

Las deslocalizaciones a otros países más atractivos, la reducción de la presencia de los fondos de inversión en estas compañías y los problemas en la financiación de las renovables son otras de las consecuencias que apunta S&P. En línea con las denuncias de la patronal, la agencia de calificación de riesgos cree que las medidas del real decreto atacan el acuerdo nuclear de 2019 entre el Ejecutivo y las generadoras, al amenazar la rentabilidad de las centrales.

Por último, el informe hace algunas consideraciones sobre el diseño de la factura regulada en España, que está directamente relacionada con el precio de la electricidad en el mercado mayorista. "Esto produce una volatilidad superior a la media", denuncia, especialmente en un contexto en el que la energía ha batido todos los récords, hasta superar los 200 euros el megavatio hora para este viernes. "Las alzas en el 'pool' se transfieren inmediatamente en las facturas de los hogares", resume S&P, que tacha el sistema actual de "poco convencional" y lo opone al que rige en otros países europeos, basado en las subastas de energía a plazo.