Un golpe de 2.600 millones a las eléctricas, una nueva muesca a la seguridad jurídica
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Medidas para rebajar la factura

Un golpe de 2.600 millones a las eléctricas, una nueva muesca a la seguridad jurídica

La nueva batería de medidas del Ejecutivo para abaratar la luz ahonda en la percepción de inestabilidad regulatoria en el sector con la previsión de un 'hachazo' contundente a los beneficios

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Foto: EC Diseño.

Las compañías eléctricas han vuelto a experimentar este martes sobre el parqué el coste de la inseguridad jurídica. Las pérdidas de Endesa, superiores al 5%, o los recortes de Iberdrola y Naturgy, en torno al 1,7% y el 0,7%, respectivamente, deben achacarse más a la incertidumbre que rodea a toda la concatenación de medidas que ha ido perfilando el Gobierno en las últimas horas que a un cálculo detallado de cómo impactarán estos cambios en las cuentas de las empresas energéticas.

Tras unas primeras medidas a todas luces insuficientes, era lógico que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez respondiera con mayor contundencia a la situación de emergencia creada por el encarecimiento de la electricidad, que no solo hace mella en la imagen política de un Gobierno que no dudó en hacer de la factura eléctrica un arma arrojadiza contra sus rivales políticos cuando estuvo en la oposición, sino que amenaza con suponer un serio lastre para la recuperación económica tras el 'shock' del covid.

Si la mayor novedad parecía estar en el tope que el Gobierno había anticipado a los precios del gas, el compromiso de que las limitaciones al incremento de la tarifa serán recuperadas en trimestres posteriores (en lo que supone la generación de una especie de déficit de tarifa a retribuir en diferido) supone un claro amortiguador al impacto de esta medida sobre el sector.

La devolución en diferido limita el impacto del tope a la revalorización del gas

En cambio, esa contundencia requerida sí parece evidenciarse en el objetivo marcado por el Ministerio de Transición Ecológica de recuperar hasta 2.600 millones de euros a través del establecimiento de un mecanismo de minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista a causa del encarecimiento del gas y que estará en vigor, en principio, hasta finales del próximo marzo.

En solo seis meses, por lo tanto, el Gobierno pretende recortar el equivalente al 82% del beneficio global que obtuvieron de forma conjunta las tres principales eléctricas nacionales, Iberdrola, Endesa y Naturgy, durante el primer semestre del año. Por poner en contexto, mediante el plan de recorte de los beneficios obtenidos por el encarecimiento de los derechos de CO₂ (los conocidos como 'beneficios caídos del cielo') los analistas estimaban un golpe de entre 600 y 1.100 millones al año para las compañías eléctricas.

Los analistas de Bank of America calculan que casi la mitad de este impacto (alrededor de 1.200 millones de euros) sería asumido por Iberdrola, mientras que Endesa encajaría un golpe de unos 1.000 millones de euros -efectivamente, casi el 5% de su capitalización-, Naturgy sufriría una merma de unos 250 millones de euros y la portuguesa EDP perdería alrededor de 75 millones de euros.

Foto: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE)

El Gobierno justifica la medida en que se trata de beneficios extraordinarios a los que tienen acceso las compañías del sector por una situación anómala en los mercados y que no estaban en sus previsiones, por lo que pueden asumir un ajuste necesario para evitar un serio daño a la economía. Resulta llamativo, sin embargo, que ninguna de las grandes eléctricas con presencia en España ha visto crecer de forma significativa en los últimos meses sus ingresos estimados para este año por las firmas de análisis, lo que vendría a reflejar que la actual situación del mercado no es tan claramente favorable para sus negocios como se podría deducir de la evolución de la factura eléctrica.

El paso dado por el Gobierno en este sentido representa una muestra más de la disconformidad del ministerio que dirige Teresa Ribera con el sistema de fijación de precios de la electricidad que impera en Europa y que permite que las energías más baratas se vendan al mismo precio que las de mayores costes, favoreciendo un mayor margen para las instalaciones que no sufren el encarecimiento de los precios del gas ni asumen un sobrecoste por emisiones de gases nocivos.

Los pasos del Gobierno evidencian su disconformidad con el sistema de precios europeo

Han sido ya varios los intentos del Ejecutivo de empujar a Europa a estudiar un cambio de sistema, pero desde Bruselas se ha advertido al Gobierno de que este cuenta con una serie de ventajas que, pese a todo, lo convierten en el mejor sistema posible. Lo cierto es que a nivel internacional no abundan los ejemplos de modelos alternativos capaces de rebajar de forma sostenida los precios de la luz, aunque el cambio del 'mix' energético podría justificar una revisión de los parámetros actuales.

Sin embargo, cualquier revisión del sistema, si es que llega a producirse, requeriría de un tiempo con el que no parece contar ahora el Ejecutivo, necesitado de una rebaja inmediata de la factura energética para reducir su impacto sobre empresas y consumidores, acallar las críticas por su inacción y hacer posible que se cumpla la promesa lanzada por el presidente, Pedro Sánchez, de que la factura media de los consumidores este año no supere la que se abonó en 2018, otro año de precios extraordinariamente elevados.

Esta situación está obligando al Gobierno a dar pasos precipitados, que pueden ser más o menos entendibles, pero que azuzan la percepción de inseguridad que acompaña al sector en España desde hace tiempo y que se ha intensificado en los últimos meses, cambiando sobre la marcha las reglas de juego, al limitar de forma muy significativa las posibilidades de beneficios del sector. "Mantenemos una visión cauta en las eléctricas integradas, dado que aunque las acciones pueden parecer baratas, los riesgos regulatorios siguen siendo una carga", advertían los analistas de Alantra en una nota publicada este martes.

El sistema eléctrico en España está aquejado por múltiples fallas y puntos oscuros y a buen seguro precisa de una revisión a fondo. Pero, una vez más, el Ejecutivo ha esperado a una situación de emergencia para responder con una serie de parches y remiendos cuyo éxito no parece garantizado y cuyo efecto sobre la imagen internacional de España difícilmente será favorable en un momento especialmente crítico para la industria, a causa de los planes de transición energética.

Las eléctricas ya están pagando esa inseguridad en bolsa. No se puede descartar que esa factura vaya a más ni asegurar que la pagarán únicamente las empresas del sector.

Las compañías eléctricas han vuelto a experimentar este martes sobre el parqué el coste de la inseguridad jurídica. Las pérdidas de Endesa, superiores al 5%, o los recortes de Iberdrola y Naturgy, en torno al 1,7% y el 0,7%, respectivamente, deben achacarse más a la incertidumbre que rodea a toda la concatenación de medidas que ha ido perfilando el Gobierno en las últimas horas que a un cálculo detallado de cómo impactarán estos cambios en las cuentas de las empresas energéticas.

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