Un golpe acelerado a las eléctricas y la incógnita del tope al gas
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¿Qué entiende Sánchez por 'topar'?

Un golpe acelerado a las eléctricas y la incógnita del tope al gas

Sánchez dejó ayer muchas incógnitas por despejar de las que dependerá el alcance real de la medida. Para empezar y bastante importante, qué entiende el presidente por 'topar' los precios del recibo del gas

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Por un lado está el mensaje grueso que Pedro Sánchez quería transmitir ayer en su entrevista en RTVE: el Gobierno confiscará los beneficios extraordinarios del oligopolio energético para rebajar las factura de la luz de los ciudadanos de a pie, a la vez que reducirá temporalmente los impuestos del recibo.

Por el otro está la letra pequeña de lo que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros, donde quedaron muchas incógnitas por despejar, de las que dependerá el alcance real de la medida.

La cita literal fue: "Lo que vamos a hacer es detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar. Ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas, lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas y también [...] reducir el recibo de la luz".

De todo esto, lo que está más claro es la intención del Gobierno de aprobar hoy por decreto-ley la limitación de los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ del sector. Hasta ahora, esto significaba recortar los ingresos de aquellas tecnologías que, por no emitir CO2, no incurren en el coste de los derechos de emisión: básicamente la hidráulica y la nuclear, pero también algunas eólicas anteriores a 2005. Ahora podría hacerse también limitando los ingresos derivados del incremento del precio del gas, para lograr un efecto equivalente.

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El Ejecutivo considera que estos productores de electricidad se benefician injustamente del encarecimiento de esos derechos, que hace menos de un año cotizaban a 25 euros por tonelada y ahora ya superan los 60 euros. Lo que está por ver es el impacto real en las cuentas.

Cuando el pasado mes de junio la cotización de las emisiones de CO2 rondaba los 50, el Gobierno manejaba informalmente una cifra de impacto cercana a los 1.000 millones de euros. Por entonces, la agencia Fitch estimó que el impacto en el beneficio de las energéticas españolas superaría los 1.100 millones. En términos absolutos, esto suponía 500 millones para Iberdrola, 430 para Endesa, 100 millones para Naturgy, otros 100 millones para Acciona y unos 35 para EDP. Y según los cálculos de Alantra, el impacto en términos relativos afectaría, por este orden, a Endesa (un mínimo del 10% del beneficio por acción), Acciona e Iberdrola (un mínimo del 6%) y Naturgy (un mínimo del 4%).

Pero ayer Sánchez habló de 650 millones de euros, una cifra parecida a la mencionada en la propuesta para revisar la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, enviada al Congreso como anteproyecto de ley el 1 de junio y reenviada como proyecto de ley a tramitar por vía urgente el 3 de agosto. En ella se habla de un impacto de 199 millones de euros si el precio del CO2 está en 30 euros por tonelada, de 1.691 millones si toca los 100 euros y de 625 millones con los precios de entonces (54 euros).

Foto: El líder del PP, Pablo Casado. (EFE)

A la confusión contribuye el hecho de que, al ser preguntado por esta cuestión, el presidente del Gobierno se remitiera, probablemente por error, a un proyecto de ley distinto, el de la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y mencionase una cifra similar: "En la tramitación que hay en el Congreso de los Diputados del Fondo de Sostenibilidad para el CO2 no emitido [...] estamos detrayendo, solamente del CO2 no emitido, 650 millones a estas empresas, que van a ir a beneficio de los consumidores finales". Y de rebote, añadió que "otro tanto vamos a hacer también con el gas", sin dejar muy claro si se trataba de otros 650 millones adicionales o si simplemente se estaba refiriendo a que también intervendrían en la factura del gas pero por una cuantía indeterminada aún.

En cualquier caso, se trata esta de una medida que el Gobierno de Sánchez había empezado a tramitar por la vía lenta, a sabiendas de que no entraría en vigor hasta entrado 2022. Entonces se alegaron razones de seguridad jurídica —para armar bien el cuerpo legal de la medida y blindarla ante eventuales recursos—. Dos meses después optaba por la vía parlamentaria acelerada y apenas tres meses más tarde, los récords continuos del precio mayorista de la electricidad y el desgaste político que ocasiona, han provocado que el Gobierno se olvide de esos escrúpulos y lo haga por la vía rápida del real decreto-ley.

El precio de la luz y la mesa de diálogo, frentes abiertos para el Gobierno

Un segundo bloque de medidas, las fiscales, también parece clara: se prorrogará la suspensión del impuesto del 7% a la producción eléctrica hasta final de año y se rebajará el impuesto especial a la energía del 5,1% al 0,5%, el mínimo exigido por la legislación comunitaria.

Pero la gran incógnita, en cualquier caso, es la de cómo Sánchez pretende "topar" el recibo del gas. El presidente reconoció que el Gobierno no puede intervenir en el mercado internacional de una materia prima, así que una medida a ese nivel queda descartada por imposible. Pero tampoco está muy claro entonces a qué se refería Sánchez al decir que la diferencia entre "el tope" y "la evolución de los precios en el mercado internacional, ya sea el gas u otras fuentes de energía, por ejemplo el CO2 [...] es lo que llamamos los amortiguadores sociales que está tomando esas medidas el Gobierno de España".

Una opción es que los beneficios caídos del cielo ‘requisados’ a las eléctricas se destinen a reducir algunos componentes fijos del recibo del gas y no solo de la luz. El problema es que mientras las subidas de la materia prima en el mercado internacional son potencialmente ilimitadas, la cuantía que el Gobierno puede detraer de las eléctricas es finita.

Foto:  La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de abril. (EFE)

Con esta medida, el Ejecutivo podrá moderar la subida, pero no está claro cómo podría poner un precio máximo al recibo del gas (o de la luz) sin incurrir en un déficit de tarifa milmillonario, como el que se empezó a crear cuando el exvicepresidente Rodrigo Rato prometió que la luz no iba a subir más que el IPC.

Mientras siga subiendo el precio del mercado mayorista, el saldo final del recibo de la luz a final de año es una incógnita. Lo que sí es muy probable es que las compañías eléctricas caigan hoy en bolsa tras el rejón del Gobierno. El pasado 31 de mayo, cuando se avanzó la medida, Endesa ya se dejó un 5,71%; Iberdrola, un 2,74%; Acciona, un 2,68%, y Naturgy, un 0,19%.

Por un lado está el mensaje grueso que Pedro Sánchez quería transmitir ayer en su entrevista en RTVE: el Gobierno confiscará los beneficios extraordinarios del oligopolio energético para rebajar las factura de la luz de los ciudadanos de a pie, a la vez que reducirá temporalmente los impuestos del recibo.

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