El Gobierno descartó la vía de urgencia para bajar el precio de la luz de forma inmediata

El precio de la luz en España está en niveles nunca vistos a estas alturas del año. La factura eléctrica lleva desde antes de abril en máximos históricos. El recibo eléctrico es un 45% más caro que el año pasado por estas fechas (unos 25 euros más de media al mes), y esta situación no se corrige, sino que sigue empeorando. Además, la subida lastra toda la economía, por su efecto sobre la inflación.

Pese a ello, el Gobierno descartó acudir a la vía legislativa más urgente, lo que habría provocado un efecto de alivio inmediato sobre el recibo de los hogares y la industria, que ve lastrada su competitividad por el alto coste energético que soporta. Ante los precios récord de la luz, el Consejo de Ministros anunció la pasada semana una reforma con la que se pretende quitar parte de los ingresos de las eléctricas para bajar un 4,8% la factura de los consumidores.

Sin embargo, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos optó por una vía legislativa que tardará muchos meses en producir efectos, cuando estaba habilitado para recurrir a la vía inmediata, señalan fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial. El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley, que necesita cumplir unos hitos que llevan meses (CNMC, Consejo de Estado, Congreso, Senado, etc.), cuando podía haber recurrido al real decreto-ley, una medida a la que se acude si hay "urgente necesidad", una condición que ha sido utilizada de forma bastante laxa durante la legislatura, pero que ahora el Ejecutivo no ha considerado oportuno emplear.

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De hecho, el propio Ministerio para la Transición Ecológica, que tramita esta medida, asegura que está basada en dos reales decretos leyes —3/2006 y 11/2007— cuyo mecanismo de acción, detalla, "es prácticamente idéntico". La reforma busca eliminar parte de la sobrerretribución de algunas compañías que aprovechan el esquema del mercado eléctrico para cobrar por unos costes que no tienen, como es el CO₂.

En dichos reales decretos, firmados por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se aseguraba que "el riesgo existente de elevados precios en el mercado de producción de energía eléctrica, con sus efectos negativos inmediatos e irreversibles sobre los consumidores finales, justifica la urgencia en la adopción de las medidas contenidas en la presente disposición y el carácter extraordinario de las mismas".

Dicha reforma trataba de impedir que los consumidores pagaran por el coste del CO₂ a las eléctricas que estaban exentas de este coste cuando el precio estaba por debajo de cinco euros la tonelada, mientras que ahora este coste de emisión de este gas de efecto invernadero está por encima de 50 euros la tonelada, con lo que el precio de la luz es, si cabe, más alto ahora que entonces. Además, la medida estuvo en vigor entre 2006 y 2009 y fue avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Por otro lado, el propio Gobierno de Pedro Sánchez ya aprobó un real decreto-ley para bajar la luz precisamente por los efectos de alivio inmediato que generaba. Fue el Real Decreto-ley 15/2018, con el que eliminó por seis meses el impuesto del 7% a la generación eléctrica. El propio departamento dirigido por Teresa Ribera señalaba en dicho real decreto que "todas estas actuaciones tendrán efectos inmediatos beneficiosos para los consumidores vulnerables, que les permitirán aliviar los efectos sobre su renta disponible de los elevados precios de la energía en los próximos meses, lo cual justifica su adopción urgente mediante un instrumento como el real decreto-ley".

Facua advierte de que junio va camino de convertirse en el tercer mes más caro de la historia, solo superado por el primer trimestre de 2012 y por enero de 2017. Es decir, que la luz es más cara ahora que cuando Teresa Ribera recurrió al decreto para bajar la luz.

Preguntado por qué, ante la actual situación de precios históricamente altos, el Gobierno no ha recurrido al real decreto-ley para llevar a cabo esta medida como hizo otras veces, fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que el anteproyecto de ley está tramitado por vía de urgencia (esto acorta los plazos, pero no los elimina, por lo que el efecto tardará meses) y se limitan al contenido del comunicado con el que se anunció la medida y que señalaba que "la tramitación de ambas propuestas se ha planteado a través de sendos anteproyectos de ley [se refiere a esta reforma y otra relacionada] por tratarse del instrumento que aporta mayor flexibilidad y margen para la participación de todos los actores implicados, abierto a discusión del resto de fuerzas parlamentarias, actores públicos y privados y al conjunto de la sociedad". Este anuncio se hizo coincidir el pasado día 1 con la entrada en vigor de la nueva tarifa de tres tramos, que supondrá una subida para casi 11 millones de usuarios. La medida ha sido criticada por asociaciones de consumidores o los sindicatos.

A diferencia de la nueva reforma, el Gobierno ha lanzado varios reales decretos en los que justificaba su urgencia por el alto precio de la luz

Por su parte, fuentes jurídicas expertas y conocedoras de estas leyes admiten que la situación de urgencia es evidente, pero advierten de que el trámite del real decreto-ley debe ser excepcional y que el Tribunal Constitucional ha apercibido al Gobierno por el uso excesivo que hace de esta figura. El Gobierno de Pedro Sánchez es el que más recurre al decretazo. Lo ha utilizado hasta en 89 ocasiones.

Hace pocos días, el Tribunal Constitucional anuló la inclusión de Pablo Iglesias en el CNI, medida para la que también se recurrió al decreto-ley. El tribunal de garantías constitucionales añadía en su sentencia que esta figura solo se justifica por "extraordinaria urgencia y necesidad".

Los precios de la luz son extraordinariamente altos en la actualidad, con lo que la urgencia estaba más que justificada ante el impacto que genera en los consumidores en plena crisis económica y dados los precedentes, detalla un jurista con larga trayectoria en la Administración. Según su visión, lo más probable es que no se haya recurrido a esta figura legislativa por otras razones.

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Razones jurídicas... o políticas

En opinión de varios expertos consultados, evitar el real decreto-ley en esta ocasión puede tener más que ver con cuestiones políticas que jurídicas: creen que el Gobierno podría tener serias dificultades para convalidar en el Congreso de los Diputados dicho real decreto-ley, que tiene que aprobar la Cámara Baja en el plazo de un mes desde su promulgación.

Muchos estiman que el PNV podría ser contrario a esta medida por el impacto que genera en Iberdrola (supone un hachazo de más de 400 millones de euros al año), primera empresa del País Vasco. Otros creen que el escenario de incertidumbre con los partidos catalanes también podría complicar un acuerdo en esta materia. Sin embargo, el propio PP propuso en las cortes recientemente una medida similar, como recordaba la vicepresidenta Ribera en el Senado este martes, pero podría pesar más su papel de oposición al Gobierno. El Ejecutivo ha tenido problemas para convalidar algunos decretos recientes, como el de la gobernanza de los fondos europeos, que salió adelante 'in extremis' gracias a la inesperada abstención de Vox.

Al margen de lo anterior, hay razones de corte jurídico que también podrían estar pesando en su decisión, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica no las hace públicas. Todo el sector da por hecho que las eléctricas recurrirán esta norma, y si no está muy bien atada podrían tumbarla en los tribunales. El hecho de que se apruebe por real decreto-ley en lugar de como una ley, que está más armada, podría generarle problemas.

En este sentido, consideran que las compañías atacarán varios flancos. Por un lado, el encaje de esta reforma en el marco normativo europeo. El Gobierno dice que es respetuoso con el esquema general del mercado eléctrico de la Unión Europea, dado que es similar a lo que ya se aprobó entre 2006 y 2009. Sin embargo, hay quien cree que no son exactamente iguales, ya que los decretos que aprobó Zapatero permitían detraer el ingreso del CO₂ de todas las centrales con ese coste que usaban sin embargo derechos gratuitos de emisión y pese a ello internalizaban el gasto. Esta medida, sin embargo, solo cercena parte de la retribución por el coste del CO₂ de determinadas tecnologías como la nuclear y la hidráulica, pero no del resto, como ocurría entonces.

Por otro lado, las reformas que se emprendieron en la década pasada se hacían sobre un contexto de déficit en el sistema eléctrico que no existe en la actualidad, por lo que ahí hay otra razón a la que, con probabilidad, se agarrarán las compañías para tratar de revertir esta medida. Sin embargo, todas estas hipótesis llegarán para una ley que entrará en vigor, según los analistas, nunca antes de 2022.

No se sabe si para entonces los precios históricamente altos se mantendrán. Consultores especialistas en el mercado eléctrico creen que la entrada masiva de renovables hará que los precios bajen a medio plazo, además de que los fundamentales apuntan a que el CO₂ podría moderarse. El problema de precio, aseguran, se da ahora y las soluciones se han implementado para más adelante.